Juez Séptimo concede suspensión definitiva a favor de Luis Miguel González, director jurídico del Ayuntamiento

El funcionario afirma que la síndico procurador, Georgina Burciaga Armenta, cometió abuso de funciones, una falta grave, por la que podría ser sancionada o destituida

El director general de Asuntos Jurídicos, Luis Miguel González Valle informó que el Juez Séptimo de Distrito le concedió la suspensión definitiva, en la demanda de nulidad que promovió Mayra Irene Loya Navarrete, pues de forma ilegal le tomó protesta como titular de esta dependencia, la síndico procurador, Georgina Burciaga Armenta, quien podría ser sancionada o destituida.
Con esto aclaró que está al frente de todos los asuntos legales del Municipio de Guasave y seguirá en el puesto, hasta que el alcalde Martín Ahumada Quintero, lo considere, por lo que son falsas las versiones de que ya no ocupa este cargo o que está impedido legalmente.
González Valle, precisó que el pasado 24 de mayo el juez le otorgó la suspensión definitiva, para que quede sin efecto la suspensión con efectos restitutorios, del 6 de abril del 2022, en el juicio de nulidad 155/2022-IIIA, de la Sala Regional Norte del Tribunal de Justicia Administrativa, para que Mayra Irene Loya, asumiera el cargo de directora general de Asuntos Jurídicos.
En este sentido el Juzgado Séptimo de Distrito argumentó, primero, que para que exista la restitución, Loya Navarrete, tuvo que haber gozado del derecho que señala como violado, situación que nunca ocurrió, pues el cargo que realmente ocupa es el de jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, precisamente en la oficina del Síndico Procurador.
El juez señala también que la síndico procurador contravino el artículo 38, fracción XI, de la Ley de Gobierno Municipal, al momento de tomar protesta a Mayra Irene Loya, como directora de Asuntos Jurídicos, cuando es una facultad exclusiva del presidente municipal.
Acompañado por Adán Camacho Gámez, secretario del Ayuntamiento, Luis Miguel González, precisó que con esto, la síndico procuradora, violó también el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, pues incurrió en abuso de funciones, una falta grave, que el Órgano Interno de Control puede investigar de oficio, y que contempla desde la suspensión del cargo, la destitución, la sanción económica y llegar a la inhabilitación.