La Iglesia portuguesa estima que al menos 4.815 menores sufrieron abusos desde 1950

El presidente de la comisión, el psiquiatra Pedro Strecht, destacó un dato que singulariza la situación portuguesa respecto a otros países: la edad media actual de las víctimas entrevistadas es de 52 años, la más baja entre los informes que se han publicado en Europa (Irlanda, Francia y Alemania). Este hecho revela que los abusos sexuales han sido una práctica que se ha prolongado hasta años recientes, como evidencia que la cuarta parte de las víctimas sufrieron las agresiones a partir de 1991.

La edad media del inicio de los abusos fue de 11,2 años y la cifra de niños es ligeramente mayor que la de niñas. Solo 25 casos fueron enviados a la Fiscalía por considerar que el delito no había prescrito. Strecht destacó el impacto del trauma en las víctimas. Algunas no habían hablado de lo que sufrieron hasta ahora.

La comisión entregó su informe a la cúpula de la Conferencia Episcopal un día antes de su presentación pública. En ese encuentro, el obispo José Ornelas anunció que en marzo se celebrará una asamblea extraordinaria para debatir sobre el documento y decidir “lo mejor para hacer justicia”.

La comisión independiente fue creada en noviembre de 2021 por decisión de la Conferencia Episcopal. Y aunque no ha tenido la misma acogida de todos los obispos, ha realizado su trabajo sin interferencias, que era una de las condiciones exigidas por su presidente Pedro Strecht para realizar el estudio. La comisión accedió también a la información secreta de los archivos diocesanos, que se abrieron después de una autorización expresa del Vaticano, enviada a mediados de 2022.

En Francia, la comisión que investigó la pederastia estimó que unos 216.000 menores sufrieron algún tipo de abuso de religiosos desde 1950. La cifra se incrementaba hasta los 330.000 si se añadían laicos que empleados en instituciones y actividades de la Iglesia católica. La indemnización máxima que recibirá cada víctima es de 60.000 euros, superior a las establecidas en Alemania (50.000 euros) y Bélgica (25.000), aunque lejos de las compensaciones negociadas en Estados Unidos.

En España, los obispos encargaron hace un año una auditoría externa al bufete Cremades & Clavo-Sotelo para conocer la realidad de este problema. Durante años, se negaron a hacerlo, aludiendo que en la Iglesia española eran casos aislados. Hasta el momento, fuentes del despacho de abogados afirman que solo se han entrevistado con algo más de un centenar de víctimas. Aún no hay una fecha concreta para la publicación de sus resultados, pero estiman que sea antes de este junio.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados confío el pasado marzo al Defensor del Pueblo una investigación sobre el tema. Ángel Gabilondo, titular de la entidad, puso en marcha dos equipos de especialistas para recabar testimonios, que ya superan los 400. No obstante, no ha matizado si se hará un estudio demoscópico como se hizo en Francia, esencial para conocer el alcance que tuvieron estos delitos en el pasado.

A falta de datos oficiales, EL PAÍS creó una base de datos con los casos que ya han salido a la luz, bien a través de sentencias o en medios de comunicación. En total hay 910 acusados y 1.741 víctimas.