La perversidad de AMLO y la negligencia criminal de Monreal
Héctor Calderón Hallal
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, único órgano jurisdiccional con carácter de tribunal constitucional en este país –aparte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- es el encargado de validar la elección presidencial, a través de dos pronunciamientos por escrito con carácter de irrevocables e inatacables: El dictamen respectivo y la declaración de validez o nulidad de la elección.
Estos últimos son genuinas determinaciones que contienen el cómputo final y la consecuente validación de la elección, producto de la ponderación aritmética, para nombrar Presidente electo; documentos que son emitidos por la Sala Superior del referido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es menester entender que, para hacer la declaración de validez y de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes. Así lo marca la norma vigente.
Según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, que modificó o acotó lo dispuesto por el artículo 99 constitucional, de sus párrafos 11 al 14, los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y Regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ministerio de ley, el Tribunal Electoral Federal se integra de siete magistraturas electorales y tiene su sede en Ciudad de México.
Cabe destacar así también, que ese órgano jurisdiccional se integra de cinco circunscripciones y consecuentemente de cinco Salas Regionales, cada una integrada por tres magistrados elegidos por el Senado de la República, a propuesta también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy día en México, estando a escasos 26 días de la jornada electoral para elegir Presidente de la República, renovar Congreso de la Unión y Cámara de Senadores, así como 9 gobiernos de entidades federativas y un sinfín de ayuntamientos y congresos locales en el resto del país, gracias a la sincronización de los procesos electorales… vamos, cuando el “Día D” o de la “Madre de todas las elecciones” es inminente, se reitera… la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuenta con solo 5 magistrados y en las diferentes Salas Regionales o de Circuito del mismo Tribunal, hacen falta que se nombren 6 magistrados… sin contar que también es necesario que se nombren 41 magistrados locales.
La intención es muy clara… las marrullerías de este Gobierno de la 4 T, a través de sus operadores “estrella” como el zacatecano Ricardo Monreal Ávila no tienen límite.
Esta generación de mexicanos tendrá que conformarse con ver desde lejos cómo les es arrebatado su país, cuando sus “autoridades” deliberadamente violentan o ignoran la legalidad y el respeto a la Ley Suprema que es la Constitución General de la República.
El país y su destino les es arrebatado a los jóvenes… a la “malagueña”, sin pudor alguno… sin límites en sus pretensiones… y luego se quejan y critican de “vendepatrias o entreguistas” a todo aquel mexicano bien nacido, que ama a su país y busca canales de justicia alternativos en otros confines de la Tierra, sustentados en los convenios internacionales suscritos por México… que también son una fuente de la ley.
¡Si!… A quien quiera y pueda escuchar la tragedia de México. Donde la “la ley no vale un cacahuate” y sus “prohombres” en el Gobierno, que por cierto llegaron vía democracia institucional, váia pacífica… vía del voto… hoy se comportan como si hubiesen llegado como producto de una revuelta revolucionaria callejera y sangrienta… se aferran al poder como si no hubiera un mañana y después de que gobernaron miserablemente para unos cuantos, para sus seguidores y clientelas electorales…. Ignorando a más de la mitad de la población, como si no existiera; enfrentándola como si fueran enemigos a los que hubo que exterminar.
La estrategia consiste en orillar al conflicto postelectoral dada la ilegalidad de la Declaración de Validez de la Elección, emitida por lo que queda del Pleno de la Sala Superior del TEPJF y suscrita por cinco miembros o magistrados, cuando lo que marca claramente la norma vigente es que debe ser suscrita por al menos 6 magistrados; el resultado, sea cual fuere, pueda ser impugnado por el movimiento oficialista que impulsa la continuidad del Gobierno del presidente (con Claudia Sheinbaum) y el asunto, ahora sí por razones de “gobernabilidad”, pueda provocar una especie de “interregno indefinido”, donde siga mandando el “tirano de Tepetitán” por muchos meses más y se vuelva entonces a convocar a una nueva elección donde esté todavía más orquestado el fraude… más maquinado el engaño, cobijado por las lagunas de la ley.
Eso nos puede llevar derecho a algo peor que un conflicto postelectoral simple… a la quiebra misma del país.
La sed de venganza del “tiranuelo del sureste” no tiene parangón: Quiere a la otra gran mitad del pueblo de México, tomando Reforma y el Zócalo en casas de campaña por muchos meses, “sufriendo lo que él sufrió con su gente” cuando se “le robó la elección por la oligarquía en 2006”.
Porque así como tal, como están configurados tanta la Sala Superior como las Regionales del TEPJF, no puede ser calificada legalmente la elección presidencial del próximo 2 de junio. Y eso lo podrán invocar como argumento contundente tanto el oficialismo de Morena como el Frente Amplio Opositor “Fuerza y Corazón Por México” que sostiene la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruíz…
Pero y entonces… ¿A qué le tiramos sin exigir una urgente definición del Senado?.
No obstante la presión de la sociedad ha aparecido afortunadamente y, el pasado 29 de abril, Coparmex, representada por José Medina Mora, presentó un documento signado por numerosos actores de la sociedad civil, representantes de organismos no gubernamentales y en general del sector privado, al que denominaron “Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE)”, en el que exigían al Senado de la República que desde el pasado 30 de abril, se discutiera y aprobara la terna de propuestas para ocupar cada una de las magistraturas que faltan. Esto no ha ocurrido, por una actitud negligentemente criminal de parte del líder de la bancada morenista en el Senado quien, en una actitud por demás abyecta y de zalamería sin límites con el Jefe del Ejecutivo, pretende desviar el cúmulo de críticas y señalamientos que le son enderezados desde su natal Zacatecas, a donde su hermano desgobierna y cada vez se enreda más en su afán de imponer la legalidad ante los afanes de los cárteles de la droga que campean a lo largo y ancho del territorio zacatecano.
Será la aportación de Ricardo Monreal al gran fraude de Morena y AMLO para perpetuarse en el poder… su contribución al multicitado y célebre “Plan C”.
Vaya decepción de quien muchos, desde fuera del oficialismo, confiamos en que Monreal era un político honesto y con dotes de grandeza, para trascender incluso a las etiquetas partidistas.
El líder de la bancada morenista ya retrasó el proceso de nombramiento al grado de que se avizora que no hay voluntad política para hacer tales propuestas a estas alturas… y con todo un auténtico despropósito: estropear la jornada electoral y consecuentemente, el proceso.
A estas alturas, lo menos oneroso que le podría salir al país como salida jurídica ante una eventual crisis provocada por la hipotética ilegalidad de la Declaración de Validez de la Elección emitida por el TEPJF, sería que el país se atenga a lo dispuesto por el artículo 105 fracción II, inciso a), donde el equivalente al 33 por ciento de la Cámara de Diputados podrá pronunciarse por acciones de inconstitucionalidad que planteen posibles contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República (como sería el caso)… cuota que perfectamente la pueden cubrir Morena y aliados… así que materialmente, la elección la terminarían calificando AMLO y su partido, en un plazo mínimo de 30 días naturales a partir del pronunciamiento de inconstitucionalidad de la SCJN.
La estrategia es quirúrgica.
Un llamado urgente a la cordura política en Ricardo Monreal …. Y a la sociedad en su conjunto para que exijamos todos se resuelva esta potencial laguna jurídica, que tendría consecuencias de pronósticos reservados para la vida del país.
Urge que la oposición, ciudadanía y medios de comunicación ejerzamos presión para que se lleven a cabo las designaciones en estos 26 días que restan.
¡Recuerden que no llegaron por la vía armada!…. Llegaron por la vía del voto, de las instituciones!… ¡Respeten esas instituciones!.
Autor: Héctor Calderón Hallal
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