La Suprema Corte y la dictadura
El 18 de febrero de 1913 los generales Félix Díaz y Victoriano Huerta firmaron el “Pacto de la Ciudadela”. Acordaron declarar inexistente el Poder Ejecutivo vigente a fin de que el segundo de ellos asumiera la presidencia provisional del país antes de setenta y dos horas. Por ello el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron arrestados en Palacio Nacional. Una comisión de legisladores federales se presentó para solicitarles sus renuncias. El Congreso las aprobó y Pedro Lascuráin ocupó la Presidencia de la República por menos de una hora. El 19 de febrero Victoriano Huerta comenzó a ocupar ese cargo. El día 22 del mismo mes Madero y Pino Suárez fueron trasladados a la prisión de Lecumberri y ahí se les asesinó.
El 18 de febrero por la noche Victoriano Huerta le comunicó al presidente de la Suprema Corte de Justicia (Francisco S. Carvajal) que había asumido el Poder Ejecutivo debido a las circunstancias que atravesaba el país. Le solicitó resolver lo que estimara conveniente en cuanto al poder que representaba, “pues así lo requiere el bien de la Patria, para la que cualquier sacrificio es corto”. El ministro presidente convocó a sus pares a una reunión al día siguiente. Los convocados se encontraron con la propuesta redactada por sus colegas Rodríguez Miramón, Bullé Goyri y Chapital. Expresaron que, para procurar la conservación del orden público y la dignidad de la Patria, la Suprema Corte de Justicia se daba por enterada de la nota que le había dirigido el general Huerta en su calidad de encargado del Poder Ejecutivo.
De los catorce ministros (Olivera Toro, Castañeda, Chapital, de la Garza, Sodi, Belmar, Rodríguez Miramón, Flores, Álvarez, Bulle Goyri, Gutiérrez Allende, González y Díaz Lombardo), solo nueve asistieron a la cita y ocho votaron a favor de la propuesta de reconocimiento. El ministro Carvajal votó en contra por considerar que la Suprema Corte no podía aceptar el carácter con el que se ostentaba Huerta, y que se debía esperar el restablecimiento del orden constitucional para decidir quién asumiría el cargo.
El 21 de febrero el ministro de Justicia –Rodolfo Reyes— visitó al presidente de la Suprema Corte. Al día siguiente, los ministros Rodríguez Miramón, Bulle Goyri y Flores, visitaron a Huerta para ofrecerle su lealtad por la tarea que llevaba a cabo en beneficio de todo el país. El 24 de febrero Huerta agradeció a los miembros de la Corte su apoyo. Les dijo que, si en algún momento e impulsado por necesidades ineludibles había monopolizado la función política, le sería grato sentir “el control de los representantes de la ley reunidos bajo el dosel de esa Suprema Corte de Justicia”. Ese mismo día, el Pleno aprobó la propuesta del ministro Bullé Goyri de rendir homenaje a las víctimas de la “última revolución”, enlutando por tres días el dosel de la Presidencia y de la entrada principal de su edificio sede.
El papel de los ministros de aquellos días fue vergonzoso. La mayoría subordinó la Constitución a las acciones y deseos de Victoriano Huerta y de quienes lo acompañaron en su aventura. Fue esa la contribución de la justicia nacional a la “decena trágica”. A ciento diez años de esos hechos, es fundamental recordar lo indispensable que es un poder judicial autónomo e independiente. La necesidad de rechazar la subordinación de los jueces a la política, tal como en contubernio lo hicieron Huerta y quienes integraban a la Suprema Corte en febrero de 1913.
Con información de El Universal
