La tarea de los nuevos ministros: garantizar el derecho a aprender
México se encuentra ante una transformación sin precedente. La elección por voto popular de las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
México se encuentra ante una transformación sin precedente. La elección por voto popular de las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte -el pasado domingo 1 de junio de 2025-, marca una etapa inédita para el Poder Judicial. No se trata solo de renovar los nombres, sino de redefinir el sentido mismo de la justicia constitucional. ¿Para qué queremos una Suprema Corte? ¿Cuál debe ser el papel de los tribunales del país? La respuesta es clara: garantizar, con firmeza e independencia, los derechos fundamentales, especialmente de quienes más lo necesitan.
Uno de esos derechos, frecuentemente invisibilizado, es el derecho a aprender. No basta con su reconocimiento constitucional; es necesario que se convierta en una realidad concreta para millones de niñas, niños y adolescentes. En muchas regiones del país, aprender parece más un privilegio que un derecho, y cuando el Estado no garantiza que las y los alumnos estén, aprendan y participen, limitando, postergando o condicionando su derecho, el Poder Judicial debe actuar.
Desde la experiencia directa con comunidades y contextos de alta vulnerabilidad, es evidente que la exclusión educativa es en gran medida consecuencia de decisiones -o de omisiones- institucionales. Escuelas sin agua, sin electricidad o sin techos. Niñas y niños sin acceso a alimentación escolar y sin materiales didácticos adecuados y adaptados. Niñas, niños y jóvenes que abandonan sus estudios porque viven en zonas con altos índices de violencia o debido a carencias estructurales que les impiden continuar con su educación. Estas no son fallas administrativas: son violaciones al derecho a la educación.
A lo largo del tiempo, la Suprema Corte ha emitido resoluciones valiosas; ha exigido educación inclusiva; ajustes razonables para estudiantes con discapacidad; ha defendido la progresividad de la gratuidad educativa; ha reconocido la educación en lenguas indígenas y ha protegido el acceso a educación sexual científica y laica.
Estos criterios deben ser guías para quienes integrarán el Poder Judicial. La legitimidad de sus funciones no dependerá solo del modo en que fueron electos, sino de su compromiso con las personas más afectadas por la exclusión y en condiciones de marginación por el incumplimiento del Estado.
La justicia no puede permanecer distante frente a las condiciones que vulneran el derecho a la educación. La escuela deteriorada, la niña que camina horas para llegar a clases, el adolescente que abandona sus estudios por hambre o por miedo, son desafíos que exigen, desde el Poder Judicial, una defensa firme y comprometida con el marco institucional.
Este contexto se complica por la reforma constitucional impulsada por el presidente saliente y aprobada en septiembre del año pasado. Aunque se presentó como avance democrático, la elección popular de cargos judiciales genera dudas sobre su independencia. La alineación de candidaturas con el partido oficial, la escasa información sobre los perfiles y el riesgo de subordinación del Poder Judicial frente al Ejecutivo no fortalecen la democracia: la debilitan.
Una justicia sometida no será contrapeso ni garante de derechos. Por eso, el reto para quienes resultaron electos es doble: ejercer con integridad e independencia y resistir cualquier intento de captura institucional. Solo así será posible proteger el marco constitucional que sustenta el derecho a aprender.
La justicia no puede aceptar que el derecho a la educación dependa del lugar de nacimiento. Tiene que responder con firmeza cada vez que se vulneran los mínimos de dignidad. Porque cada niña o niño que aprende representa una historia que se aleja de la violencia, la marginación y la desesperanza.
Garantizar ese derecho en contextos donde persisten problemas estructurales -infraestructura deficiente, cancelación de programas clave, exclusión de poblaciones vulnerables-, es uno de los mayores desafíos del nuevo Poder Judicial. Pero, sobre todo, el verdadero mandato es proteger la esencia del derecho a la educación: que cada niña, niño y adolescente adquiera las habilidades fundamentales para desarrollarse, participar en sociedad y construir un futuro con dignidad.
El derecho a aprender no puede ser letra muerta. Debe ser una causa compartida por el Estado y por quienes imparten justicia. Desde las escuelas, las comunidades y distintos espacios ciudadanos, seguiremos observando con compromiso el actuar del nuevo Poder Judicial.
La educación no solamente se defiende en discursos, sino también en los hechos y en los tribunales. Hacer valer ese derecho -en toda su dimensión: estar en la escuela, aprender en ella y participar-, implica recurrir también a mecanismos legales para su defensa.
POR NURIA ALEJANDRA GONZÁLEZ ELIZALDE
Directora de Mexicanos Primero Sinaloa
