Las penas con pan son buenas
“El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura”, Miguel de Unamuno
IRES Y VENIRES
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentra inmersa en una turbulenta confrontación política con el gobierno estatal encabezado por Rubén Rocha Moya.
Las recientes manifestaciones en diversas unidades de la UAS en todo el estado, incluyendo una significativa protesta en Los Mochis, reflejan la creciente tensión entre la institución educativa y la administración estatal.
El conflicto pone de manifiesto la profunda disputa sobre la autonomía universitaria y la acusación de corrupción dentro de la UAS.
En Los Mochis, trabajadores y administrativos de la UAS se plantaron en un evento gubernamental para exigir el cese de lo que describen como una persecución política.
Con pancartas que clamaban “Fuera Rocha de la UAS” y “Alto a la persecución política”, los manifestantes expresaron su descontento frente al gobernador Rocha Moya.
El gobernador, en su intervención, rechazó las acusaciones de persecución política, afirmando que las acciones en curso son una aplicación de la justicia contra la corrupción en la UAS, y no una vendetta personal contra la universidad.
Rocha Moya ha sido enfático al declarar que en Sinaloa hay libertad de manifestación y que el caso UAS no se trata de una persecución política sino de un problema de corrupción que involucra a las autoridades judiciales.
“Aquí todo mundo se manifiesta, Sinaloa ya conoce cuál es el problema, ahí es un problema de corrupción, no un problema de persecución.
Es corrupción y quien los persigue es la justicia, no yo. No son perseguidos políticos”, afirmó el gobernador en una entrevista posterior a las protestas.
Las manifestaciones en Los Mochis no solo mostraron la determinación de la comunidad universitaria para defender su autonomía, sino también las complicaciones logísticas y de seguridad que tales eventos traen consigo.
Los miembros de Protección Civil de Ahome, encargados de la seguridad del evento, tuvieron que lidiar con el calor y los empujones, demostrando el alto costo humano de estas confrontaciones.
Este conflicto, que involucra tanto acusaciones de corrupción como demandas de respeto a la autonomía universitaria, resalta la necesidad de un diálogo más constructivo entre las partes.
La UAS y el gobierno estatal deben encontrar una solución que no solo garantice la integridad y transparencia dentro de la universidad, sino que también respete su autonomía y dignidad.
La pugna entre la UAS y el gobernador Rocha Moya es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta el sistema educativo en México, donde las instituciones deben equilibrar la rendición de cuentas con la necesidad de mantener su independencia.
El desenlace de este conflicto en Sinaloa podría tener repercusiones significativas para la política educativa y la gobernanza universitaria en todo el país.
Y POR DEBAJO…
A las recientes manifestaciones de trabajadores y administrativos exigiendo el cese de lo que perciben como una persecución política por parte del gobierno estatal, se suma ahora el anuncio de una inminente reforma a su Ley Orgánica.
El diputado Adolfo Beltrán Corrales, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, ha asegurado que dicha reforma se llevará a cabo antes de concluir la actual legislatura
La reforma de la Ley Orgánica de la UAS es un tema de gran relevancia que ha suscitado diversas opiniones y posturas dentro de la comunidad universitaria y en la arena política estatal.
El legislador Beltrán Corrales ha manifestado que la consulta a la comunidad universitaria se realizará entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar.
Este ejercicio democrático es fundamental para garantizar que las voces de todos los involucrados sean escuchadas y consideradas en el proceso legislativo.
La UAS ha sido un bastión de educación y desarrollo en Sinaloa, y su autonomía es un pilar esencial para su funcionamiento y credibilidad.
Sin embargo, el gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya, ha señalado la existencia de problemas de corrupción dentro de la institución.
Rocha Moya ha sido enfático en que no se trata de una persecución política, sino de un esfuerzo por aplicar la justicia y erradicar la corrupción.
Durante las manifestaciones en Los Mochis, los trabajadores de la UAS expresaron su rechazo al gobernador con consignas y pancartas.
Este acto de protesta es un reflejo de la profunda división y descontento que existe entre la comunidad universitaria y el gobierno estatal.
Rocha Moya, por su parte, ha reiterado que en Sinaloa hay libertad de manifestación y que el problema de la UAS es de corrupción, no de persecución política.
El anuncio de la reforma a la Ley Orgánica de la UAS añade una nueva capa de complejidad a esta situación.
La intención de realizar una consulta previa al dictamen es un paso en la dirección correcta para asegurar la participación democrática y el respeto a la autonomía universitaria.
Sin embargo, también es crucial que este proceso se lleve a cabo con total transparencia y en un ambiente de diálogo constructivo.
El encargado de despacho de la rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, ha sido llamado a participar activamente en este proceso.
Es imperativo que las autoridades universitarias cumplan con su obligación de consultar a la comunidad y que se respeten las normas legales establecidas.
La creación de un predictamen que incluya los puntos acordados para someter a consulta es un aspecto fundamental para garantizar la validez y legitimidad del proceso.
La reforma a la Ley Orgánica de la UAS no solo tiene implicaciones legales y administrativas, sino que también afecta profundamente la identidad y el futuro de la institución.
Es vital que este proceso se lleve a cabo de manera inclusiva, respetuosa y transparente, asegurando que la UAS continúe siendo un faro de educación y progreso en Sinaloa
La pugna entre la UAS y el gobierno estatal subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre la rendición de cuentas y la preservación de la autonomía universitaria.
El desenlace de este conflicto tendrá repercusiones significativas no solo para la UAS, sino también para el sistema educativo y la gobernanza universitaria en México.
DEDO EN LA LLAGA
La creación del nuevo municipio de Juan José Ríos en Sinaloa ha generado expectativas y desafíos por igual. Lo que debía ser un paso hacia la autonomía y el desarrollo podría terminar siendo un ejemplo de falta de planificación y previsión por parte de las autoridades involucradas.
El alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, ha revelado un problema significativo: la mayoría de los bienes que se supone se transferirán al nuevo municipio no están a nombre del Ayuntamiento de Guasave, sino del Ejido Las Vacas. Este detalle, que podría parecer menor, es en realidad una complicación burocrática que amenaza con retrasar o incluso descarrilar el proceso de transferencia de bienes necesarios para el funcionamiento del nuevo municipio.
La situación es aún más crítica debido al corto tiempo que resta para la actual administración. Será el comité fundacional de Juan José Ríos quien deba lidiar con estos asuntos y resolver los trámites correspondientes para la titularidad de los bienes. Esta transferencia es esencial para que el nuevo municipio no inicie su existencia en una posición de debilidad estructural.
Además, la cuestión del equipamiento y personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) añade otra capa de complejidad. El alcalde Ahumada Quintero ha mencionado que se está analizando la alternativa más viable para este proceso, incluyendo la posibilidad de adoptar sistemas de bombeo sectorizados con costos de agua cubiertos íntegramente. Sin embargo, la deuda de cerca de 350 millones de pesos en rezagos de pago por agua y predial podría representar un obstáculo insalvable si no se aborda con urgencia.
Es crucial que el comité fundacional y las autoridades estatales aceleren el paso y trabajen en campañas de concientización para cambiar la cultura del no pago entre los ciudadanos. De no hacerlo, Juan José Ríos podría enfrentar serias dificultades financieras, especialmente en relación con las aportaciones federales necesarias para su desarrollo en el segundo año de gobierno.
El nacimiento de Juan José Ríos como municipio independiente debía ser un momento de esperanza y progreso para sus habitantes. No obstante, la falta de planificación y la gestión ineficaz de la transferencia de bienes y recursos podrían convertir este proceso en un ejemplo de cómo las buenas intenciones se ven socavadas por la mala administración.
Las autoridades tienen una responsabilidad enorme para asegurar que Juan José Ríos no se convierta en un “perro de las dos tortas”, que persigue la autonomía sin poder disfrutar de sus beneficios debido a problemas estructurales y financieros. Es necesario un enfoque estratégico, una planificación meticulosa y una ejecución decidida para garantizar que este nuevo municipio pueda prosperar y servir adecuadamente a sus ciudadanos desde su primer día de existencia.
La creación de un nuevo municipio es siempre un proceso complicado, lleno de desafíos y oportunidades. Pero con la voluntad política adecuada y una administración eficiente, es posible superar estos obstáculos y asegurar que Juan José Ríos comience su nueva etapa con el pie derecho. La comunidad y las autoridades deben trabajar juntas para lograr un futuro próspero y sostenible para este nuevo municipio de Sinaloa.
Marco Antonio Lizárraga
mlizarraga1@entreverdas.com.mx
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