Los contratos de Lozoya en los casos Odebrecht y Agronitrogenados dejaron a Pemex daños por más de 5 mil mdp

Al menos 5 mil 287 millones de pesos es el monto calculado como posible daño, perjuicio o pérdida para Pemex y para la hacienda pública causado por los contratos que la empresa, bajo la dirección de Emilio Lozoya, adjudicó a las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México, tras el presunto pago de sobornos.

Uno de los contratos asignados a la constructora brasileña Odebrecht era para el mantenimiento de la refinería de Tula, Hidalgo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño de mil 287 millones de pesos, según se describe en la auditoría de inversiones físicas 16-6-90T9M-04-0479, publicada en marzo de 2021.

Respecto del caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, vendida con sobreprecio por Altos Hornos a Pemex, en la auditoría 2018-6-90T9I-20-0471-2019 471-DE, la ASF reconoció la pérdida de al menos 4 mil millones de pesos, por “efectos de deterioro correspondientes al valor de las tres plantas en que se omitió su proceso de rehabilitación, sin que se previera reanudarlo en el corto y mediano plazos”.

El análisis de los montos por daños y pérdidas que generaron las adjudicaciones impulsadas por la administración de Lozoya en Pemex se revisan ahora en la mesa de negociación entre las partes, según confirmó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta acción surge después de que Lozoya ofreció 10 millones de dólares, más cinco propiedades, como una “reparación del daño al erario”, a cambio de que se suspendan los procesos penales en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y de que pueda estar en posibilidad de recobrar su libertad.

Pero para el gobierno mexicano, 10 millones de dólares (unos 200 millones de pesos) no alcanzan para reparar los daños a Pemex. López Obrador dijo que fue él quien dio la instrucción para frenar el acuerdo, pues consideró que con esa cantidad no se reparan los daños que se provocaron a Pemex y a la hacienda pública.

“Se está revisando porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya y por eso se hablaba de 10 millones de dólares, pero la instrucción que di es que se revise bien lo de daños patrimoniales que existen, que no se hagan las cosas a las ligera”, expuso.

Animal Político publicó el viernes pasado que la FGR está dispuesta a suspender ambos procesos penales iniciados en contra de Lozoya y permitirle recuperar su libertad, siempre y cuando alcance un acuerdo con la actual administración de Pemex respecto del monto que debe pagar.

Lo que la ASF ha documentado es que las adjudicaciones concedidas en favor de Odebrecht y Altos Hornos en el sexenio pasado representaron un pésimo negocio para Pemex. Fueron contratos entregados sin una valoración adecuada y sin que realmente hubiera una competencia pública por ellos, una situación a la que se suman múltiples fallas y negligencias —posiblemente dolosas— en la ejecución y supervisión de los mismos.

El acuerdo de Lozoya se queda corto

De acuerdo con un análisis realizado por abogados penalistas consultados por Animal Político, la reparación del daño, que se establece en el artículo 30 del Código Penal Federal, no solo contempla la “restitución de la cosa obtenida por el delito”, es decir, lo que presuntamente Lozoya obtuvo por sobornos, sino además el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y el costo de las oportunidades que perdió Pemex por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Es decir, el acuerdo de 10 millones de dólares que ofreció Lozoya no cumple con lo mínimo que establece la ley, pues excluye por completo las consecuencias de sus decisiones.

“La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida”, refiere dicho artículo, donde se agregan siete fracciones que se deben cumplir, “cuando menos”; por ejemplo: una disculpa pública, salarios perdidos, declaraciones para reparar la reputación de Pemex, entre otras acciones.

En la opinión de los juristas consultados, la reparación que ofrece Lozoya es “irrisoria”, pues incluso en una audiencia los representantes de Pemex dijeron ante el juez que los daños a la petrolera son irreparables.

En su análisis los juristas se preguntan cómo fue que la situación pasó de “irreparable” a reparable, lo que provocó que Lozoya busque un criterio de oportunidad con la “reparación de daño”; sin embargo, los abogados opinaron que incluso si se llega a un acuerdo con el exdirector de Pemex, algunos servidores públicos podrían cometer el delito de “coalición”, previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal.

Estefanía Medina, abogada cofundadora de la organización civil experta en temas de corrupción TOJIL, coincidió en que no basta con que el exdirector de Pemex devuelva lo que presuntamente recibió. Una cuantificación correcta de la reparación del daño debe incluir, también, las consecuencias del acto ilegal que se le imputa.

“No se trata solo de pagar una cantidad arbitraria de dinero, sino de que haya una cuantificación eficaz del monto de los actos y las afectaciones que eso causó en términos económicos en el corto y mediano plazo. Además, el esclarecimiento de los hechos (acceso a la verdad y justicia) es un elemento fundamental que tampoco puede quedar de lado, sobre todo cuando se trata de delitos de alto impacto y que implican la violación de derechos fundamentales”, dijo la litigante.

TOJIL envió una solicitud oficial la semana pasada al juez federal responsable del caso, Artemio Zúñiga, para que no acepte cualquier tipo de acuerdo reparatorio o solicitud alterna al proceso que no cumpla con lo anteriormente señalado.

Empresas fantasma

Desde 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a rastrear presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a Lozoya y que podrían alcanzar hasta los 3 mil millones de pesos.

En octubre de 2020, Animal Político publicó que los trabajos de inteligencia financiera ya habían permitido la identificación de 50 compañías presuntamente fantasma, mayoritariamente constituidas en México, a través de las cuales se habrían triangulado recursos provenientes de la constructora brasileña y su estructura de sobornos.

Según los trabajos de inteligencia, se trata de compañías que se presume podrían haber sido utilizadas por Odebrecht y exfuncionarios para desplazar pagos de sobornos de los que no se tenía registro.

Ese dinero sería una retribución directa por los seis contratos con sus respectivas ampliaciones que la constructora brasileña logró con Pemex en la gestión de Lozoya, por un monto que supera los 3 mil millones de pesos.

El patrimonio de Lozoya

Dentro del arreglo que Lozoya ofreció a la FGR había cinco inmuebles, entre ellos, una residencia en Lomas de Bezares en la Ciudad de México y un departamento en Ixtapa, Zihuatanejo, que según las investigaciones fueron adquiridos con los supuestos sobornos que recibió de ambas compañías.

No son públicas las fechas en las que adquirió esas propiedades. De hecho, en su última declaración patrimonial de 2016, el exdirector de Pemex reservó esa información.

A su llegada a Pemex, en 2013, Lozoya reportó ingresos mensuales por más de 722 mil pesos. De acuerdo con su declaración patrimonial inicial, tenía una casa valuada en más de 38 millones de pesos. Agregó que tenía más de 1.4 millones de dólares en joyas y obras de arte, más cuentas bancarias por 250 mil dólares y 1.6 millones de euros.