Los sapos que Rocha ha tragado en el caso del Químico

DOMINGRILLA

Los sapos que Rocha ha tragado
en el caso del Químico; ¿Abuso de
concesionarios o autorización?;
Bronca en el Club Muralla

FRANCISCO CHIQUETE

La sociedad sabe que el exalcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres será sometido a un proceso judicial, pero desconfía de los alcances de ese proceso. Aunque no se ha enderezado formalmente la causa, ya hay impugnaciones a las acusaciones que presuntamente se le van a hacer.
El gobernador Rubén Rocha Moya ha tenido que tragar sapos muy gordos por la ruta que le aplicó al caso del Químico Benítez y es hora que no termina de convencer a los escépticos. En teoría, con la destitución del martes termina la intervención del gobernador, y todo quedará en manos de la Fiscalía y por supuesto, del Poder Judicial, pero…
El propio Químico sembró profundamente la idea de que contaba con la protección directa del presidente Andrés Manuel López Obrador y derivada de ésta, la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Por eso se resistió al principio a firmar la renuncia y a aceptar e puente de plata que se le ofrecía para fungir como secretario de Turismo.
Hoy, separado de la alcaldía y luego de la secretaría, Benítez pasa por un periodo de depresión muy entendible. Para su fortuna, las instancias que supuestamente lo persiguen están jugando una especie de guerra del absurdo, en que se responsabilizan uno a otro de dar el paso siguiente. El Congreso dice que ya no tiene que desaforar al corrido, y la fiscalía dice que tiene que esperar a la respuesta del Congreso. Si fuera película, estaría al nivel de una guerra de pastelazos.
No ha faltado quien compare esa discusión entre ambas instituciones con un diálogo de los Hermanos Lelos, aquellos antiquísimos personajes de Los Polivoces.
Por lo pronto el gobernador pudo responder con un “no que no” a quienes indignados por la protección al Químico, aseveraban que no llegaría el momento de someterlo a proceso judicial.
Hubo quienes creyeron leer una prisa extraordinaria en el reciente despido del Químico. Como que en su viaje del lunes a la Ciudad de México, Rocha Moya había conseguido por fin la autorización para procesarlo, pero no fue así. La decisión ya estaba tomada y se cumplió exactamente dentro de la semana que el gobernador había establecido con su equipo cercano. Cuando mucho pudo haber una reafirmación el viernes pasado, cuando al llegar al evento del Coctelazo Camaronero de Mazatlán, se le informó que nuevamente el exalcalde fue abucheado en forma generalizada en el propio sector turístico, del que se supone que el ex alcalde era cabeza.
El gobernador ha insistido en que no le importa la baja de su popularidad entre los mazatlecos, pero debe serle muy ilustrativo que la gente no quita el dedo del renglón y mantiene su sonoro rechazo al exfuncionario, y sigue a la espera de un castigo ejemplar.
Seguramente él sabe que a su antecesor en el gobierno le costó mucho no haber atendido la demanda ciudadana de castigo a los malos gobernantes que le dejaron un tiradero en los diversos renglones de la administración pública.
EL ABUSO DE LAS
CARRETERAS
Con todo y el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sinaloa todavía está en la tablita de un alza injusta en las tarifas de peaje de la carretera Mazatlán-Culiacán. El impacto fue tan indignante, que los propios militantes y simpatizantes de Morena están expresando su rechazo a la medida, aunque por supuesto, culpan al concesionario Carlos Slim, olvidándose de los arrumacos del presidente con el poderoso empresario mexicano.
Si la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes autorizó un aumento del 7.8 por ciento a todas las carreteras del país ¿por qué en Sinaloa se fueron por encima del cuarenta por ciento? El viernes, el presidente dijo que el exceso aplicado en Nayarit y Sinaloa (allá del 30 por ciento) se iba a corregir. Y en efecto, el mismo viernes las casetas bajaron los cobros, pero lo hicieron limitando el alza a un 30 por ciento, lo que por supuesto sigue siendo injusto.
¿Por qué los concesionarios tienen el poder para tomar decisiones de esa naturaleza? En el contrato-concesión está especificado muy claramente que es el gobierno el que fija las tarifas, y que un desacato de este tipo genera una sanción económica primero, y progresivamente más grave si hay reincidencia, llegando incluso a la revocación de la concesión.
¿Acaso los sinaloenses y los nayaritas seremos quienes paguemos la reconstrucción del tramo del metro que se cayó el año antepasado? La empresa de Carlos Slim fue la constructora del tramo y ofreció reconstruirlo sin costo para el gobierno federal o para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Terminaremos siendo nosotros los que paguemos con tarifas por los pernos que no instalaron originalmente en la obra siniestrada?
La respuesta del gobernador fue buena y oportuna. Su manifestación pública contra el alza de las tarifas debe haber influido en el descuento que ya se aplica, pero no debe dejar las cosas ahí. El asunto es de vitar importancia para la economía sinaloense.
LA INFLACIÓN NO ES
PARA ALARMARSE
El presidente dijo con toda llaneza que el alza inflacionaria registrada durante el mes de enero no es para alarmarse y hasta hizo un compromiso muy difícil de cumplir: este será el último mes con alza, dijo. Por supuesto debe haberse referido a un crecimiento por encima de los meses previos. Pero si no es para alarmarse, sí es para empezar a poner atención, porque las condiciones de la economía son problemáticas, toda vez que no hay un crecimiento suficiente y tampoco un control efectivo de la inflación.
A diferencia de meses anteriores, el nivel inflacionario de México es mayor que el que de Estados Unidos y Canadá. También se invirtió ya la diferencia en los precios de las gasolinas: allá eran más caras que en México y hoy allá están por debajo, toda vez que México ya bajó sustancialmente el subsidio que otorgaba a los consumidores del combustible.
Incluso cabe decir que fue el gobierno uno de los principales contribuyentes al alto índice inflacionario de enero, con sus alzas a gasolinas, a la electricidad y al gas, lo que ha llevado a que el propio gobierno contraríe al anuncio presidencial de que este año no habría cuesta de enero. Como dicen lo memes, no la hubo porque la cuesta está extendida también hacia febrero.
Otro elemento preocupante es que ya el presidente se empezó a desesperar por la falta de resultados en materia económica, y aunque se declara respetuoso de las políticas del Banco de México, ya reclama que sigan la línea ortodoxa en lugar de sumarse al gobierno para buscar el crecimiento de la economía.
Así precisamente empezó la debacle con el presidente Luis Echeverría, quien indignado porque sus colaboradores no pudieron parar la inflación, rompió las líneas de operación, se atrajo cada vez más facultades, hasta llegar a aquella estridente advertencia: “las finanzas nacionales se manejan desde Los Pinos”. Desde entonces hemos ido en el tobogán.
Y cuando empieza la caída, ocurren cosas que parecen chistosas, pero son dramáticas: seguramente ya escuchó usted que el alza en los precios del huevo no se debe a alguna causa económica o administrativa, sino a las gallinas, que por ser invierno, ponen menos.
Ese es el procurador de la Defensa del Consumidor, Ricardo Schieifield Padilla, quien no encontró otra barbaridad para justificarse ante el presidente. Éste se lo tomó a bien, pero no a los consumidores.
LAS BRONCAS EN
EL CLUB MURALLA
El Club Deportivo Muralla es una de las más importantes instituciones que la sociedad civil ha construido en nuestra ciudad. Con más de cien años de historia, ha sido semillero de deportistas destacados, de empresarios, funcionarios y activistas modestos y destacados. Hoy sin embargo enfrenta una crisis interna que amenaza a sus tradiciones.
Veinte de sus socios honorarios, que han participado en El Muralla por medio siglo y más, se encuentran amenazados de expulsión por haber exigido cuentas claras y explicaciones de decisiones que impactan al patrimonio y la vida del club.
El presidente, José Ángel Miramontes Cordero, ha explicado que los veinte socios suspendidos contravinieron uno de los reglamentos internos, que impide a los miembros de la asociación, interponer demandas ante autoridades civiles o penales. Todo reclamo debe ser acordado legal por asamblea.
La directiva de los socios honorarios explica que esa cláusula es conculcatoria de los derechos de cualquier ciudadano, pero además, confunde lo que es sólo una búsqueda de información y lo convierte en un asunto personal.
Los socios honorarios reclaman información sobre la venta de la Casa Club que se tiene o se tenía en el Centro Histórico, y cuyo valor tan sólo como terreno, es superior al que se adjudica a la transacción. Queremos que se informe con precisión en cuánto se vendió y en qué se ha usado el dinero, y si aún no se ha usado todo, que se guarde el remanente para buscar la reversión de la compra-venta.
Reclaman también el proyecto de concesionar los campos deportivos a unos empresarios particulares, lo que tarde o temprano puede terminar en una apropiación del espacio y en la desatención de los socios, que en opinión de ellos deben seguir siendo el objetivo principal del club, y no hacer negocios como seguramente es el propósito de quienes buscan la concesión.
Extraña sobremanera este procedimiento, porque el dirigente del club es un activista social que a lo largo de su vida ha militado en la izquierda ha luchado contra la corrupción, contra la imposición, la antidemocracia y la falta de información de las autoridades. Que se le hagan señalamientos tan específicos de esa naturaleza es un contrasentido difícil de entender.
Ojalá que el Club Muralla resuelva sus problemas y rescate las tradiciones de participación ciudadana que lo han convertido en una de las organizaciones sociales más prestigiosas y duraderas de nuestra comunidad.