El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, será llevado hoy ante un juez federal para la presentación de las acusaciones y cargos finales en su contra por los casos Agronitrogenados y Odebrecht. Se trata del arranque de una serie de audiencias clave, pues en ellas se expondrán las pruebas de ambos casos. Para Lozoya, además, será la última oportunidad de lograr un acuerdo que le permita evitar el juicio.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya le ha adelantado por escrito al juez federal, Artemio Zúñiga, que considera que el exfuncionario es culpable de haberse beneficiado con el pago de más de diez millones de dólares en sobornos. Le ha pedido que sea declarado culpable, y se le impongan casi seis décadas de cárcel. Los abogados de Lozoya, por su parte, han preferido esperar a las sesiones para fijar un posicionamiento.

Estas audiencias denominadas intermedias arrancan hoy a las 11 horas en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte. Se abordará primero el caso asentado en la causa penal 211/2019, correspondiente a los presuntos pagos ilegales que la compañía Altos Hornos realizó en favor de Lozoya para que este operara desde Pemex la compra, con sobreprecios, de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Veracruz. Una compra que dejó pérdidas a la empresa del Estado superiores a los 200 millones de dólares. El delito que se le imputa es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La audiencia, de acuerdo con lo que marca el código nacional de procedimientos penales, arrancará con la explicación oral de la acusación ante el juez por parte de la fiscalía y los resultados finales de su investigación. Luego será el turno de los abogados de Lozoya, Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, para fijar su teoría de caso y posicionamiento.

En caso de que exista un acuerdo entre las partes para evitar llegar al juicio, será este el momento en que deberá ser expuesto. Lo que Lozoya ha intentado negociar en el caso Agronitrogenados es un acuerdo reparatorio, que consiste en entregar recursos suficientes a la víctima (en este caso Pemex) ara considerar que el daño ha sido reparado, y con ello se dé por concluido o al menos suspendido el proceso. Es un acuerdo que ya logró Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, quien se comprometió a pagar más de 200 millones de dólares a plazos en un periodo de dos años.

Otra opción para Lozoya es declararse culpable y renunciar a su derecho a ir a juicio. El beneficio es que se le impondría una pena mínima sumado a una reducción extra por reconocer voluntariamente su responsabilidad. A esto se le llama “procedimiento abreviado”, y se requiere que tanto la Fiscalía como Pemex estén de acuerdo.

Si no hay ningún tipo de acuerdo la audiencia prosigue con la presentación de las pruebas de cada una de las partes. El juez conducirá la sesión y los debates para acordar qué pruebas son válidas, cuáles no lo son, y cuáles ya se dan por sentadas entre ambos lados para simplificar el procedimiento del eventual juicio.

Se trata de un procedimiento que expertos penalistas consultados por este medio consideran sumamente técnico pero vital, pues son solo las pruebas que el juez avala las que podrán ser usadas por las partes en el juicio, con la finalidad de sostener la teoría del caso de cada una de las partes. Esta fase podría extenderse por varias horas o incluso días, dependiendo de la complejidad de las pruebas que se presenten y de cuánto se extienda el debate en torno a las mismas.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía, en la indagatoria se han logrado reunir más de 35 datos de prueba distintos, entre peritajes, testimonios y diversos documentos que probarían la participación de Lozoya en la recepción e inversión de los recursos canalizados por Altos Hornos.

Una vez concluido el debate de las pruebas, la audiencia intermedia concluirá con el dictado del juez Artemio Zúñiga del auto de apertura de juicio oral, que en términos simples es dar luz verde para que un tribunal de enjuiciamiento, con otro juez o jueces distintos, programe el juicio oral dentro de un plazo no mayor a dos meses.

Y luego Odebrecht

El mismo juez Zúñiga ha programado para las 9 de la mañana del martes 12 de abril el arranque de la audiencia intermedia de la causa penal 261/2019 que corresponde, en este caso, al tema Odebrecht. Originalmente esta audiencia estaba programada para el 27 de abril, pero hubo un cambio de fechas.

En febrero Animal Político publicó la acusación íntegra por escrito presentada por la FGR en este caso. El Ministerio Público concluyó que Lozoya fue el beneficiario final de poco más de diez millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasileña y triangulados a través de empresas fantasma y familiares del exfuncionario. Para sostener su dicho los fiscales han ofrecido 59 pruebas, entre ellas la posibilidad de que sean citados como testigos exdirectores de Odebrecht.

Como sanción los fiscales han pedido al juez que se le declare a Lozoya culpable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y ha pedido que se le imponga una pena de 46 años de prisión por dichos delitos, y se le obligue – además – a pagar una multa de 87 millones de pesos y una reparación del daño de poco más de seis millones de dólares.

Cabe señalar que, por este caso, la fiscalía también ha solicitado que Gilda Susana, la madre del exfuncionario, sea enjuiciada y sentenciada a 23 años de prisión, así como el pago de 263 mil pesos de multa.

El procedimiento será el ya descrito en la audiencia intermedia; se presentará la acusación, el posicionamiento de la defensa y se deliberará frente a las pruebas de las dos partes. Una vez que eso quede listo, el juez ordenará enviar el caso para la apertura del juicio oral.

De igual forma se trata de la última posibilidad de Lozoya de alcanzar una vía alterna para evitar el juicio. Su defensa había apostado por la posibilidad de que la FGR le concediera lo que la ley define como “criterio de oportunidad”, que es un beneficio de suspensión o cierre de un proceso para la persona que confiesa y otorga pruebas de que se ha cometido un delito más grave que en el que él participó. En este caso en específico, Lozoya accedió a denunciar la existencia de una supuesta red de sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética, pero hasta ahora por esos dichos solo se ha vinculado a un exlegislador a proceso.

En una audiencia realizada en noviembre pasado los fiscales adelantaron que esa información no alcanzaba, hasta ahora, para concederle dicho criterio al exdirector de Petróleos Mexicanos, lo que obligaba al exfuncionario a entregar un mayor número de datos para sostener las múltiples ocasiones que ha realizado.

Juicios desde la cárcel

En caso de que no logre una salida alterna a sus procesos, Emilio Lozoya deberá permanecer en prisión preventiva en el Reclusorio Norte hasta que se desahoguen los juicios abiertos en su contra y se dicten las sentencias. Esto bajo el argumento de que existe un riesgo real de que se dé a la fuga.

El viernes pasado este medio publicó que un tribunal federal resolvió desechar su última apelación presentada en contra de la medida cautelar que se le impuso al exfuncionario federal desde noviembre del año pasado. La magistrada, Isabel Porras, consideró que el juez responsable del caso valoró adecuadamente los argumentos presentados por la Fiscalía para que se impusiera esta medida.

Aunque Lozoya fue extraditado desde junio de 2020, fue encarcelado a finales del año pasado. Durante casi año y medio permaneció en libertad pese a estar bajo proceso por ambos casos, gracias que a que la Fiscalía no solicitó su encarcelamiento en atención a la colaboración que estaba brindando a las autoridades.

 

Con infromación de Animal Politico

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