México ha tenido ocho grandes reformas electorales a lo largo de 45 años

De aprobarse la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro país estrenará la novena reforma electoral en elecciones presidenciales: la de 2024. A una sola voz y desde diferentes foros, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como Movimiento Ciudadano (MC), han reiterado una y otra vez que rechazarán la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador, al igual que lo hicieron con la eléctrica. Los tres primeros agrupados en la alianza Va por México han ratificado la vigencia de la moratoria legislativa, pese a la realización del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral que inició el pasado 25 de julio, con la ausencia del sol azteca. Antes de esa advertencia, López Obrador también hizo lo propio al resaltar: ‘Que cada quien asuma su responsabilidad, pero nosotros cumplir con la nuestra, que sea el Congreso que libremente debata, que vea si conviene o no conviene, que sea transparente el debate’. Para el Instituto Nacional Electoral (INE), el sistema electoral mexicano funciona, garantiza condiciones democráticas y estabilidad política. Su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, ha insistido en que no se requiere una nueva enmienda, al recordar no obstante que una reforma constitucional en cualquier materia implica la perspectiva de que “en México todas y todos tenemos cabida y, por tanto, debe reflejar el pluralismo político y buscar el consenso”.

La defensa del pluralismo. La fortaleza del sistema de partidos. Maximizar la representación proporcional. Mecanismos para evitar la sobre y subrepresentación. Mejorar la inclusión de grupos sociales excluidos. Condiciones de equidad en la competencia. Mejor acceso a los medios como la radio y la televisión. Consecuencias para quien viole las prohibiciones para servidores públicos establecidas en el artículo 134 constitucional. El fortalecimiento de la institucionalidad electoral.

Además, ha enfatizado la premisa de que México tiene un sistema democrático competitivo y viable, que se ha construido en 30 años de reformas y cambios políticos. Planteó que, en caso de que haya una reforma político-electoral esta debe reflejar el pluralismo político para mejorar el andamiaje existente. Y aun cuando el Parlamento Abierto de la reforma electoral inició sin la presencia de las autoridades en la materia, Córdova Vianello ha difundido los ejes fundamentales que deberán incluirse en esta:

Transformar al Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual ya no estará compuesto de 11 consejeros, sino de siete que serán electos en agosto mediante el voto ciudadano. Eliminar a los Organismos Públicos Locales (Oples) para que sea solo un organismo el que se encargue de elecciones federales y locales. Eliminar 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales. Disminución de diputados locales. Voto electrónico. Garantizar el voto en el extranjero. La propuesta de AMLO La iniciativa de reforma electoral que envió López Obrador a la 65 Legislatura, implica modificaciones a 18 artículos constitucionales y siete transitorios para hacer “más barato” el costo de la democracia porque permitiría ahorros por más de 200 millones de pesos. La nueva norma electoral busca: Sin embargo, para que dicha propuesta sea aprobada será necesario contar con mayoría calificada, pero no la tiene. En la Cámara de Diputados necesita 334 de 500 votos. Morena y sus aliados (PT y PVEM) suman en conjunto 277 curules. Mientras que en el Senado de la República, de los 128 votos requerirá 85, pero solo cuenta con 75 escaños. En México todas y todos tenemos cabida y, por tanto, (una reforma) debe reflejar el pluralismo político y buscar el consenso”.

Las otras reformas electorales en el Congreso Mientras, en San Lázaro se discuten 49 reformas electorales con miras a conjuntarlas en una sola, pero la oposición tiene claro que para Morena, la del Ejecutivo, “lleva mano”. El diputado Jorge Triana, indicó que es la primera vez en la historia que el Ejecutivo federal presenta una iniciativa de carácter electoral; “siempre habían emanado estas generaciones de reformas electorales de los partidos políticos y de partidos de oposición, así sucedió en 2007 y 2013”, dijo. Triana Tena, expuso que el presidente no tiene derecho a observar de acuerdo con lo que marcan los artículos 70 y 72 constitucionales sobre la normatividad interna del Congreso y en temas electorales, “porque no es un asunto de competencia del Ejecutivo sino de los partidos políticos”. Añadió que “vamos a analizar esa propuesta del Ejecutivo y también las que se han presentado, que son alrededor de 50 … para dictaminar un solo producto legislativo”. ¿Habrá reforma 2022? Las reformas de 1977, 1986, 1989-90, 1993, 1994, 1996, la de 2007-2008 y la de 2014. Según el INE, los principales objetivos de cada reforma han sido los siguientes: 1977 El Gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas ‘no incluidas’ y propiciar su representación en los órganos legislativos.

1986 El Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. 1989-1990 Como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), con el fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. 1993 Mediante la reforma al COFIPE aprobada ese año, el poder Legislativo le otorgó al IFE (hoy INE) diversas atribuciones: declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos y establecer topes a los gastos de campaña. Además, el Congreso de la Unión también le otorgó la facultad de designar al secretario general y a los directores ejecutivos por voto de las dos terceras partes de sus miembros y a propuesta del consejero presidente. Antes, el nombramiento de los directores ejecutivos era competencia del director general. 1994 La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de ‘consejeros ciudadanos’, personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran.

Un presidente del Consejo General (secretario de Gobernación). Seis consejeros ciudadanos. Cuatro consejeros del poder Legislativo. Los representantes de los partidos políticos con registro. Se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. Se eliminaron las figuras de director y de secretario general del IFE y se crearon la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva, así como las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales.

Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General. En este año, el Consejo General del IFE quedó organizado de la siguiente forma: Gracias a esta reforma, los consejeros ciudadanos contaron con la mayoría de votos en el Consejo General del IFE y con ello aumentó su influencia dentro de él, así como en los procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección. También se ampliaron las atribuciones de los órganos de dirección del IFE a nivel estatal y distrital. 1996 El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Cofipe, entre cuyos aspectos más importantes fueron: 2007-2008 El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobado en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE, 53 atribuciones, entre ellas, fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, así como regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación. Además, asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales, crear la Unidad de Fiscalización. 2014 Esta reforma publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el IFE en INE con el fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas. El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales. Entre sus principales funciones está el organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición de estas organizaciones y garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas. También, fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en forma expedita; es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.