¿Morena en vilo por decisión del Tribunal Electoral?
Que Mario Delgado tenga que dejar la dirigencia nacional de Morena el próximo 31 de agosto, por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a partir de la impugnación de 17 militantes, puede resultar un golpe demoledor a las aspiraciones electorales del partido del presidente en 2024. De acuerdo con el proyecto de la magistrada Janine Otálora, hecho público el 5 de abril (correspondiente al SUP-JDC-1471/2022 y acumulados), sería inconstitucional la extensión del mandato de la dirigencia nacional que le fue otorgada tanto a Mario Delgado, presidente del partido, como a Citlalli Hernández, secretaria general, por el Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, desarrollado hace siete meses, entre el 17 y 18 de septiembre del año pasado.
Gracias al apoyo de congresistas afines a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y al propio Delgado el tándem Delgado-Hernández logró una prórroga: de dejar el cargo el 31 de agosto de 2023 (al cumplir tres años) a hacerlo hasta el 31 de octubre de 2024. El Consejo General del INE validó diversas modificaciones a los estatutos morenistas, que luego fueron impugnadas, entre ellas el artículo tercero transitorio, que se aprobó con esta redacción: “se prorroga la vigencia de las funciones de las personas que ocupan la Presidencia y Secretaría General del Partido hasta el 31 de octubre de 2024, lo anterior para garantizar que el partido continúe de manera ininterrumpida sus tareas de organización durante los procesos electorales concurrentes en 2023-2024”. La aprobación del proyecto de Otálora representaría un grave problema para Morena, por lo menos por tres razones: Una. Porque se puede descarrilar el proceso de selección del candidato o candidata presidencial que se ha venido hilvanando y negociando poco a poco, y que hasta la fecha luce dentro de los cauces aceptables de confrontación. Dos. Le otorga algo de fuerza a grupos que no son parte de la coalición dominante del partido, liderazgos disidentes de la dirigencia nacional, entre quienes se encuentran John Ackerman, quien fue uno de los 17 militantes que impugnó las resoluciones del congreso morenista, así como Irma Eréndira Sandoval (exsecretaria de la Función Pública), Víctor Toledo (exsecretario de Medio Ambiente), Enrique Dussel, Alejandro Solalinde, entre otros. Tres. Porque la poca institucionalización que presenta el partido, sumada a la alta conflictividad que existe entre las estructuras que se articulan en su seno y a su alrededor, generan procesos internos ríspidos, enojosos, broncos.
De ninguna manera se trata de la primera vez que el Tribunal Electoral interviene en la vida interna del partido fundado por el presidente López Obrador. El 30 de octubre de 2019, por ejemplo, anuló la convocatoria al Congreso Nacional de Morena en donde se elegiría a su dirigencia nacional; entonces se argumentó que el partido no contaba con un padrón de afiliados confiable. La decisión del Tribunal llevó a que se prolongara el mandato de la entonces dirigente nacional Yeidckol Polevnsky, debido a la incapacidad del partido para organizar una elección fiable. Su periodo concluía el 20 de noviembre de 2019 y se extendió hasta el 26 de enero de 2020, cuando llegó Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino, justo con la encomienda de organizar la elección de la dirigencia nacional. De hecho, a Morena no le va bien con la organización de procesos internos democráticos. Cabe recordar también el accidentado proceso por el que Delgado asumió la presidencia del partido a partir del 5 de noviembre de 2020. Fue en una tercera encuesta que obtuvo el 58.6% de las preferencias frente al 41.4% de Porfirio Muñoz Ledo, una vez que el propio TEPJF le ordenó al INE organizar el proceso mediante encuestas para definir la dirigencia nacional morenista, tras varias impugnaciones. Pese a la tranquilidad de Delgado en sus declaraciones, lo cierto es que el voto en sentido positivo del proyecto que se discutirá en los próximos días el TEPJF puede dinamitar el proceso de selección del candidato presidencial de Morena que se venía construyendo. Si el Tribunal ordena el retiro de la actual dirigencia nacional el 31 de agosto, se crea un conflicto de grandes proporciones: la elección de su nuevo presidente nacional en plena batalla por la candidatura presidencial morenista. Los tiempos que la dirigencia de Morena ha marcado son claros: marzo-julio, trabajo territorial y de posicionamiento de los aspirantes; junio, reunión con los aspirantes para consensuar las reglas de la contienda interna; julio, el CEN lanza la convocatoria para la inscripción de los aspirantes; agosto, primera encuesta de reconocimiento; septiembre, segunda encuesta entre los aspirantes que acataron las reglas; noviembre, tercera encuesta con los cuatro perfiles más reconocidos y a partir de la cual se elige al candidato presidencial. Delgado y Hernández abandonarían a la mitad el proceso, apenas conocidos los resultados de la primera encuesta. Habrá que esperar, primero, la resolución del Tribunal, y, de ser el caso, el mecanismo que se implementará al interior de Morena para evitar lo que se considera una intromisión y una violación a su autonomía partidaria. __________________
Nota del editor: el autor es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.