Legisladores federales de Morena pidieron al Congreso de la Ciudad de México abrir una comisión especial que investigue el presunto esquema de corrupción inmobiliaria detectado por la fiscalía capitalina en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN desde hace más de 20 años.

Morena anunció su petición la tarde de este miércoles, en el contexto de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Quienes expusieron el planteamiento fueron la senadora Citlalli Hernández —también secretaria general del partido— y el senador César Cravioto, a quienes se sumaron otros militantes.

En conferencia de prensa, dijeron que el objetivo es que se esclarezcan las irregularidades que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) atribuye a exfuncionarios y funcionarios de Benito Juárez.

De acuerdo con la institución, exfuncionarios y funcionarios de esa alcaldía se coludieron con empresarios para intercambiar permisos de construcción a cambio de favores y propiedades.

A raíz de estas investigaciones, la fiscalía ya detuvo a Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de gobierno de Benito Juárez, y busca arrestar a Nicias Aridjis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano.

Del lado del PAN, dirigentes locales y nacionales del partido acusan una “persecución política” de parte de la FGJCDMX y del gobierno de Claudia Sheinbaum, militante de Morena.

Más posibles involucrados

La propia fiscalía capitalina dio un mensaje a medios este miércoles, en el que señaló que continúa con sus investigaciones y ha detectado a más personas presuntamente involucradas en esta red.

“Se ha detectado que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas carpetas de investigación”, dijo el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara.

“A estas indagatorias se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los exservidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento”, añadió.

Con información de Animal Político

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