No reprobar estudiantes tiene pros y contras
Conforme se acercan las vacaciones de verano, mis pláticas con otras madres y padres de familia se han enfocado en preocupaciones genuinas en torno al desempeño escolar y socioemocional de nuestras hijas e hijos. Estamos muy conscientes de que ha sido un año escolar atípico. ¿Sabrá mi peque lo suficiente para pasar al siguiente grado? ¿Será grave que no lea tan bien? ¿Logrará multiplicar sin tanta ayuda? ¿Cómo le haré para que mejore la interacción con sus compañeros?
Por las alertas del Banco Mundial y otras organizaciones internacionales y nacionales estoy segura de que este panorama es generalizado. La pandemia nos marcó a todas y todos, incluyendo a las infancias y adolescencias. Por eso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó que, en este ciclo escolar y el inicio del próximo, quienes cursan primaria y secundaria no podrán obtener calificaciones por debajo de seis. Es decir, no habrá reprobados. Tampoco se tomará la asistencia a clases como un determinante de aprobación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta medida? Hay que reconocer que después de un cierre de escuelas por más de 53 semanas ante la crisis sanitaria, sumado a crecientes señales de pérdida de conocimientos, este y los siguientes ciclos escolares no pueden ser manejados como “normales”. Como dice una experta en educación con quien platiqué hace poco, esta medida es una forma de no responsabilizar a las y los estudiantes por un bajo de desempeño escolar, el cual se debe a múltiples factores como carencias en las clases a distancia, entornos familiares complejos o falta de conectividad o apoyo para recuperar aprendizajes. También es una forma de evitar el daño emocional que provoca reprobar, lo cual puede reducir el aprovechamiento académico y reforzar el abandono escolar. Una niña o niño que no está en un estado emocional óptimo no aprende igual, con lo que puede perder las ganas de continuar sus estudios. Eso sin contar que nuestro sistema educativo no está preparado para una reprobación masiva, que es probable ante la disparidad de conocimientos con los que regresaron las y los alumnos a las aulas. Sin embargo, esta decisión tiene riesgos serios para los que las comunidades y autoridades educativas deben prepararse. En la medida que pasen alumnos sin los conocimientos necesarios, el trabajo de las y los docentes de los siguientes grados se volverá más complicado. Con ello, se podría perpetuar y ampliar el rezago educativo, a menos de que se cuente con un plan aterrizado y herramientas eficientes para recuperar conocimientos de forma progresiva. Lo grave es que este plan aterrizado y las herramientas no existen. Es una responsabilidad de los planteles y sus docentes. Peor aún, me preocupa sobremanera la visión tan optimista de la SEP al ampliar el periodo de recuperación al inicio del ciclo escolar 2022-2023. ¿De verdad creen posible revertir los estragos de la pandemia en 12 semanas?
No reprobar estudiantes, al igual que ampliar el calendario escolar , es una medida insuficiente para detener la crisis educativa por la que atraviesa México. Se necesita un plan integral, con presupuesto y capacidades, que ponga a las y los estudiantes en el centro. Más allá de ideologías, esta crisis tendrá implicaciones reales, como la falta de acceso a empleos bien pagados para quienes hayan adquirido menos conocimientos, en donde las personas con menor ingreso enfrentan el mayor riesgo. ¿Qué necesita el gobierno federal para considerar al sector educativo como prioritario? Es pregunta. Nota del editor: Fátima Masse es Directora de Sociedad incluyente del IMCO. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
Con información de Expansión
