Sinaloa vive una de las etapas más críticas en materia de seguridad en los últimos años. Desde septiembre de 2024 a la fecha, se han registrado al menos mil 400 homicidios, en su mayoría relacionados con la encarnizada disputa entre grupos delictivos que se enfrentan por el control del estado, como plaza estratégica para sus actividades ilícitas.

Lejos de disminuir, la violencia se ha intensificado con el paso de los meses. En calles, caminos rurales y zonas urbanas se multiplican los hechos violentos, mientras la ciudadanía percibe con creciente frustración la incapacidad de las autoridades para contener el derramamiento de sangre. A nueve meses del inicio de esta nueva oleada de violencia, no se observan señales claras de que su final esté próximo.

EL MIEDO se ha normalizado y donde el tejido social se sigue desgarrando, especialmente en comunidades rurales, colonias populares y zonas limítrofes que han quedado atrapadas en medio de la confrontación entre grupos armados. Ante esta realidad, urge un análisis profundo e integral que vaya más allá de respuestas reactivas y discursos políticos. Es momento de replantear la estrategia de seguridad en el estado desde una perspectiva territorial, social y de verdadera inteligencia, donde se incluyan acciones coordinadas con el gobierno federal y con los municipios más afectados. La situación no puede seguir postergándose. Cada día sin acción decidida representa más vidas perdidas, más familias destrozadas y más comunidades sometidas al miedo.

Con información de El Debate

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