Obstaculizan orden de la SCJN contra desaparición del TEJAV
Xalapa, Ver. Prevalece el desconcierto en materia de justicia administrativa en Veracruz, luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de echar abajo un acto del Congreso Local en el que extinguió el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV) para crear el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).
La Corte determinó que la decisión tomada por la mayoría morenista en el Congreso Local, en la que desaparecía el TEJAV y ordenaba la liquidación de los magistrados que integraban el tribunal, atenta contra la garantía constitucional de su independencia. Y ordenaron suspender la liquidación de los magistrados nombrados en 2017, y dejar sin efecto los nombramientos de seis magistrados realizados el 20 de diciembre.
Ante la determinación de la SCJN, la noche del martes 3 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomaron el control de las instalaciones del Tribunal, para impedir que los anteriores magistrados retomaran sus actividades este 04 de enero, como lo establece el calendario.
Este día, en el edificio de el Olmo, donde se encuentra el tribunal, se pudo ver abogados que iban y venían con expedientes. Y algunos trabajadores que desconocen su situación laboral.
La senadora Indira Rosales (PAN) reprobó que el gobierno estatal busque a toda costa obstaculizar, a través de la fuerza pública, el que los magistrados del TEJAV ingresen al edificio para realizar sus labores.
“Es grave que el gobernador Cuitláhuac esté impidiendo los efectos de un resolución de la corte y que todo el aparato de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal esté a su merced impidiendo que se cumplan los efectos de una resolución en lugar de estar atendiendo la seguridad pública de las y los veracruzanos”, dijo.
La determinación de la SCJN contempla la suspensión provisional de la remoción de los cuatro magistrados nombrados en 2017, en tanto se revisa de fondo la inconstitucionalidad reclamada con el recurso 266/2022.
Con información de La Jornada