Panamá declara inconstitucional la prohibición de cigarrillos electrónicos y vaporizadores de tabaco: México debe seguir el camino de la regulación para mitigar riesgos sanitarios
La Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo histórico al declarar inconstitucional la Ley 315 de 30 de junio de 2022, la cual prohibía el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores de tabaco y dispositivos similares, independientemente de su contenido de nicotina.
La decisión, adoptada de manera unánime bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, marca un hito en la jurisprudencia nacional en Panamá.
Este dictamen se suma a un movimiento regional en América, donde actualmente 21 países han establecido regulaciones para los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), incluyendo cigarrillos electrónicos y vapeadores. Sin embargo, en México, la situación sigue siendo desafiante debido a la falta de una regulación efectiva y basada en evidencia científica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) ya había sentado un precedente al determinar la inconstitucionalidad de la prohibición de estos productos el año pasado, anulando un decreto presidencial al respecto. A pesar de este avance, persisten preocupaciones significativas en torno a la ausencia de una regulación adecuada en México.
La prohibición vigente ha generado consecuencias negativas, como el aumento del mercado negro de estos productos, exponiendo a la población a mercados no regulados y potencialmente peligrosos. La falta de control sobre los químicos presentes en los vapeadores aumenta los riesgos para la salud pública, mientras que la venta ilegal facilita actividades delictivas y el posible vínculo con el crimen organizado.
Además, la ausencia de regulación ha propiciado el acceso de los jóvenes a estos productos en lugares no autorizados, incrementando la exposición a sustancias nocivas y convirtiendo los vapeadores en una “nueva moda” entre esta población. Esta situación subraya la necesidad urgente de establecer una regulación eficaz que garantice la seguridad y la salud de la comunidad.
Por lo tanto, es imperativo que México retome la jurisprudencia establecida y promueva una regulación sólida en lugar de mantener una prohibición que carece de evidencia científica. Se requiere una legislación que permita el control sanitario de los productos con el objetivo de proteger a la población de los riesgos asociados con el uso no regulado de cigarrillos electrónicos y vaporizadores de tabaco.
Con información de índice Político
