Personas con discapacidad en Culiacán enfrentan barreras para tener vivienda digna

Las personas con discapacidad enfrentan barreras no solo en el transporte y el espacio público, sino también en el acceso a viviendas dignas y accesibles.

Dheyna Brito

Tener un lugar donde vivir no siempre significa tener un hogar habitable. En Culiacán, las personas con discapacidad enfrentan una doble barrera: no solo deben lidiar con la falta de accesibilidad en calles, transporte o servicios de salud, sino también con viviendas que, lejos de incluir, excluyen.

En medio del debate en el Congreso local por la creación de un fraccionamiento de vivienda adaptada para personas con discapacidad, testimonios como el de Mónica Francisca García García —usuaria de silla de ruedas, madre soltera y residente de Guasave— y Manuel Valdez —persona con discapacidad visual— evidencian las profundas limitaciones estructurales y sociales que persisten para acceder a una vida digna.

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En colonias populares o asentamientos irregulares, donde muchas personas con discapacidad residen por cuestiones económicas, los accesos suelen ser de tierra o con escalones improvisados, sin rampas ni pasamanos. Las casas, comúnmente autoconstruidas, no están adaptadas: los baños son estrechos, las puertas no permiten el paso de una silla de ruedas, y los desniveles internos representan un riesgo constante.

Esto obliga a muchas personas a depender completamente de sus familiares para actividades básicas. No porque su discapacidad lo impida, sino porque el entorno no lo permite. La arquitectura cotidiana las invalida y las condena a una rutina diaria de obstáculos.

Sin políticas para la vivienda adaptada

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en Sinaloa residen 147,958 personas con discapacidad, el 4.9% de la población estatal. Además, el 10.7% presenta alguna limitación para realizar actividades cotidianas, y el 1.4% alguna condición o problema mental. A pesar de ello, no existen políticas públicas integrales que garanticen viviendas adecuadas a sus necesidades. Las casas siguen construyéndose como si todas las personas caminaran, vieran y se movieran igual.

Aunque el Congreso del Estado discute reformas para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad —como acciones afirmativas en vivienda para quienes tienen discapacidad visual o motriz, así como para mujeres jefas de familia—, las soluciones tangibles aún se ven lejanas.

La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, respaldó una iniciativa que busca reconocer el derecho prioritario de las personas con discapacidad a una vivienda digna. La propuesta, elaborada junto con colectivos como el encabezado por Sixto Soto, busca garantizar que los programas de vivienda pública asignen propiedades directamente a las personas beneficiarias, evitando despojos legales o familiares.

Además, el Gobierno de Sinaloa impulsa programas como “Bienestar Norte”, que contempla 340 lotes urbanizados con financiamiento accesible. Sin embargo, activistas cuestionan: ¿de qué sirve construir más casas si hay más de 150 mil viviendas en abandono en el estado? El problema no es solo de cantidad, sino de diseño inclusivo desde el origen.

¿Fraccionamientos exclusivos o inclusión real?

Mónica vive con su madre y su hija. Aunque ha pensado independizarse, la falta de vivienda accesible en Culiacán —donde podría conseguir empleo— se lo impide. “Aquí nomás estoy con la niña… no tengo dónde llegar”, lamenta.

Tampoco ha podido acceder a créditos, pues la falta de trabajo formal se convierte en una barrera. “Para comprometerse con un crédito, uno tiene que tener un trabajo… y ahorita no estoy trabajando”.

Manuel Valdez apunta que el principal problema para las personas con discapacidad visual es la ubicación de las viviendas. “La mancha urbana se ha extendido demasiado… las personas con discapacidad quedan alejadas de los servicios públicos, de la movilidad y de las oportunidades”, explica.

Ambos coinciden en que la propuesta del Congreso puede representar un avance, pero cuestionan que se pretenda agrupar a personas con discapacidad en fraccionamientos exclusivos. “El deber ser es que todos los fraccionamientos cumplan con estándares de accesibilidad. ¿Qué pasa si mi familia vive en otro y no puedo visitarlos?”, plantea Valdez.

Para Mónica, lo ideal sería integrar viviendas adaptadas en proyectos habitacionales existentes: “Ahí iba a haber más sensibilidad… sabemos las necesidades de cada uno”.

Los retos no terminan en el diseño arquitectónico. El transporte, los ingresos inestables y la falta de sensibilidad institucional agravan la exclusión. “Uno trabaja para pagar el taxi… y no alcanza”, dice Mónica. Ambos entrevistados coinciden en que el verdadero cambio implica igualdad de oportunidades y una visión transversal de la inclusión.

En una ciudad donde el desarrollo urbano rara vez considera las diversidades, la vivienda para personas con discapacidad sigue siendo una deuda pendiente. No se trata solo de construir casas, sino de garantizar hogares que no excluyan desde el diseño. Si los programas actuales y las propuestas legislativas se concretan con una visión crítica y realista, no solo se transformaría la vida de miles de sinaloenses, también se enviaría un mensaje claro: la dignidad comienza en casa, pero una casa pensada para todos.

Con información de El Sol de Sinaloa