Pide Mario Zamora elecciones libres sin narcos

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL,
PARA QUE A TRAVÉS DEL GABINETE DE SEGURIDAD Y EN CONJUNTO CON
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, IMPLEMENTEN UN PLAN DE
SEGURIDAD QUE GARANTICE EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO AL
VOTO Y SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y DE FUNCIONARIOS
ELECTORALES DURANTE EL PROCESO Y JORNADA ELECTORAL EN LAS
ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, DURANGO, HIDALGO, OAXACA,
QUINTANA ROO Y TAMAULIPAS, ANTE LA PRESENCIA DEL CRIMEN
ORGANIZADO Y SU IMPACTO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA.
El suscrito, Mario Zamora Gastélum, Senador de la República integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, con fundamento lo dispuesto por el artículo 78, párrafo
segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción II, 95, 108, 109 y 276 del Reglamento del
Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL,
PARA QUE A TRAVÉS DEL GABINETE DE SEGURIDAD Y EN CONJUNTO CON
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, IMPLEMENTEN UN PLAN DE
SEGURIDAD QUE GARANTICE EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO AL
VOTO Y SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y DE FUNCIONARIOS
ELECTORALES DURANTE EL PROCESO Y JORNADA ELECTORAL EN LAS
ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, DURANGO, HIDALGO, OAXACA,
QUINTANA ROO Y TAMAULIPAS, ANTE LA PRESENCIA DEL CRIMEN
ORGANIZADO Y SU IMPACTO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
En el mundo existen multiples diseños de sistemas electorales, incorporándose en
las Constituciones de la mayoría de los países; el movimiento mundial hacia la
gobernabilidad, entre las décadas de 1980 y 1990, impulsó la búsqueda de nuevos
modelos de gobiernos representativos y una evaluación profunda de los sistemas
electorales.
En ese sentido, un sistema electoral incluye aspectos como el voto, la distribución
y ubicación de mesas electorales, la postulación de candidatos, el órgano que
conduce la elección, entre otros; si, los sistemas convierten los votos emitidos en una elección en escaños o posiciones en el gobierno ganados por partidos o
candidatos, 1
todo ello, de acuerdo a la voluntad del pueblo.
Sin embargo, dicha voluntad en ocasiones se desvirtuada derivado de la coacción
del voto, ocasionada por agentes externos a la vida democrática y la presencia de
nuevos actoes como la delincuencia organizada o intereses creados al amparo del
poder, que amenazan y ponen en riesgo la integridad e incluso, la vida de las y los
electores.
Nuestro país, nación que ha optado por elegir sus gobiernos de manera
democrática, bajo reglas e instituciones que se han ido modificando acorde a las
necesidades de nuestra democracia; para ello, el pueblo de México, así como sus
autoridades electas en el Congreso de la Unión, se han dispuesto a trabajar por
fortalecer tanto el marco institucional, así como los organismos encargados de llevar
a cabo dicha fiesta democrática.
Para ello, se ha pasado de la organización de las elecciones por parte del Ejecutivo
hasta la conformación de un organismo con autonomía constitucional, lo cual le ha
permitido brindar la imparcialidad debida a dichos procesos. En lo que respecta al
marco institucional, este también ha sufrido un sinfín de modificaciones, mismas
que se ven plasmado tanto en la Constitución como en las leyes secundarias de la
materia.
Cabe recordar que, desde el año de 1996, previa reforma constitucional al artículo
41 y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se consiguió
reforzar la autonomía e independencia del entonces Instituto Federal Electoral (IFE),
con ello se desligó al Ejecutivo de la organización de las elecciones; por lo que a
este organismo se le dotó de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya
integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordenaba la Ley.
Por otra parte, en la reforma de 2007 se le otorgaron más atribuciones al entonces
IFE con el fin de fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las
elecciones federales; regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades
electorales a los medios de comunicación; asegurar condiciones de equidad y
civilidad en las campañas electorales y crear la Unidad de Fiscalización como
órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo
General, entre otras facultades.
Para 2014, con la reforma política planteada por el Ejecutivo y el Legislativo, se
transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE),
lo cual le dio el carácter de autoridad de carácter nacional, esto permitió poder organizar de manera coordinada los procesos electorales federales y locales.
Además de otras funciones que no se tenían precedente de sus funciones en años
anteriores y que representó un avance para la certeza de nuestra vida democrática.
En el presente, las recientes propuestas que se han presentado al Poder Legislativo
por parte del Ejecutivo y avalada por la mayoría; así como por los legisladores del
PRI, PAN, PRD y otros, en donde manifiestan una serie de puntos a mejorar y otros
en definitiva a eliminar y de lo cual merece que el Congreso de la Unión construya
los acuerdos necesarios para lograr una reforma política que beneficie al ciudadano
y no a los partidos políticos o intereses creados.
Estos cambios dentro de una democracia en construcción son válidos, dado que las
posiciones de los nuevos actores políticos varían conforme a sus intereses y a los
que traducen de su electorado. Por lo que, en una justa dinámica construcción de
acuerdos y consensos, esto permite brindar la legislación necesaria que ayude a
construir una verdadera democracia.
Sin embargo, hoy en día, se han sumado fenómenos no antes vistos en las
elecciones de nuestro país, al menos no tan evidentes; tal es el caso de la injerencia
del crimen organizado, sin duda, el fenómeno que escapa de toda lógica y conducta
social válida para la vida democrática. Ahora la violencia e injerencia de recursos
ilícitos para influir a favor o en contra de una candidata o candidato, hace que la
justa democrática sea rehén de elementos nada equitativos y peligrosos para los
participantes de dichas contiendas.
Este fenómeno queda fuera de la actuación de la esfera civil, por lo que hace
necesaria la presencia del Estado en todas sus facetas a fin de inhibir esta
participación y no ser rehén de dichas fuerzas que ponen en serio peligro la
democracia y la autoridad antes, durante y después de una elección y por ende en
la dinámica de trabajo de los futuros representantes populares.
Actualmente, el Instituto Nacional Electoral (INE), y los Organismos Públicos
Locales (OPL), no tienen en sus manos el marco institucional que le permita
combatir dicha problemática; por ejemplo, se tienen las siguientes
responsabilidades respecto a la organización de procesos electorales locales. En el
artículo 41, base V, apartado B, inciso a) de la CPEUM se indica que corresponde
al INE2

1. La capacitación electoral;

2. La geografía electoral, así́ como el diseño y determinación de los distritos
electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios de las
mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral;
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales
electorales.
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidaturas, y
7. Las demás que determine la ley.
El apartado C de la misma base y artículo de la CPEUM indica que los OPL
ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de las candidaturas independientes
y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones
locales;
7. Computo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación
electoral y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el
Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10.Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11.Las que determine la ley.
Cómo podemos ver, dentro de estas atribuciones no se encuentra en su marco
institucional el de evitar la injerencia del crimen organizado antes, durante y después
de la Jornada Electoral.
Ante ello, el pasado viernes 13 de mayo, el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, presentó la propuesta de
reforma electoral que contiene en su punto 6 establece lo siguiente: “6. Combate
frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Nos
preocupa que el narcotráfico es ya una amenaza a la democracia mexicana y que
su presencia puede afectar el resultado final y que, con ello, quienes están en cargo
de elección no tengan la legitimidad del pueblo sino tengan el impulso de las bandas criminales. Proponemos crear un sistema nacional de protección electoral dentro
del sistema nacional de seguridad pública con un consejo integrado por el gabinete
de seguridad, autoridades fiscales, fiscalía de la república, el INE y gobernadores
de los estados. La obligación de partidos y autoridades de revisar antecedentes
financieros y penales de precandidatos, candidatos, familiares, equipos de
campaña, directivos de partidos a niveles nacional, estatal y municipal. Protocolos
de protección a candidatos que lo soliciten. Anular candidaturas al comprobar nexos
con el crimen organizado. Sanciones máximas para partidos que hayan postulado
candidatos ligados al crimen organizado. Medidas cautelares para suspender
campañas por violencia, amenazas o anulación de elección indicios de injerencia
del crimen organizado. Proponemos establecer de manera permanente, un
observatorio ciudadano de riesgos en materia de seguridad, vigilar los patrones de
candidaturas, también se vigilarían las propuestas de candidatos y un recuento de
los atentados contra los candidatos y la actuación de las autoridades.”
Recientemente el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional
declaró: “El inadmisible guiño presidencial incentiva la intromisión de los grupos
delictivos en el proceso electoral, tal cual ocurrió en el 2021, cuando hasta López
Obrador tuvo el descaro de agradecer a los criminales por “haberse portado bien”,
cuando se trató del proceso electoral más violento, con más candidatos y
operadores políticos ejecutados, golpeados y secuestrados.”3
También señaló: “La peor amenaza que tenemos en los procesos electorales ya ni
siquiera es que el presidente viole todos los días la ley y la Constitución, haciendo
difusión y atacando a los opositores y usando los programas sociales, sino la
intervención de la delincuencia organizada. Por eso le exigimos al gobierno federal
y a los órganos electorales garantizar mayor seguridad en los 6 estados con
elecciones”.
Para este año, tenemos los procesos electorales locales ordinarios que se
celebrarán el 5 de junio de 2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas; se elegirán, seis titulares de gubernatura, la integración
de una Legislatura (25 diputaciones) en Quintana Roo, 39 Presidencias, 39
Sindicaturas de mayoría relativa y 327 Regidurías de representación proporcional
en Durango, en total, 436 cargos a elegir.
Sin embargo, el crecimiento de la violencia está en aumento y todos sabemos que
no es ajena a los procesos electorales; para muestra, en las elecciones del 2021 en
algunas entidades, la coacción del voto estuvo a cargo del crimen organizado que,
de acuerdo con la consultora Integralia, se registraron 90 incidentes de violencia
política, 108 víctimas de la cuales 75 fueron mortales; entre éstos últimos destacan funcionarios públicos, aspirantes a candidatos, periodistas, expresidentes,
legisladores, jueces, entre otros. Al culminar el proceso electoral, 91 candidatos
fueron asesinados y se registraron 910 agresiones de distinta índole,
convirtiéndolo en el proceso electoral más violento de la historia.
Tan solo en mi estado, Sinaloa, la Fiscalía General del Estado inició 12 carpetas de
investigación antes del 6 de junio; además, por la privación ilegal de la libertad de 9
personas y 25 carpetas más por el robo de documentos electorales, en los
municipios de Escuinapa, Guasave y Ahome.
Los organismos internacionales, observaron la existencia de violencia, en especial
de los asesinatos de candidatos; refirieron que eso inhibe el voto y manifestaron su
preocupación por las fricciones entre el gobierno federal y las autoridades locales,
así como se manifestaron por la importancia de la independencia del INE, pues es
ejemplo a nivel mundial.
Lo sucedido en la elección de 2021, de la cuál he manifestado mi experiencia como
ex candidato a Gobernador por el Estado de Sinaloa a nombre de la Alianza Va por
Sinaloa, me da elementos para advertir de la situación y de solicitar al Estado
Mexicano para que tome las medidas conducentes a fin de que esto no sea el modus
operanti cotidiano de nuestra democracia; la cual, ha costado mucho, incluso la vida
de algunos actores políticos; esto como consecuencia de la burda acción de hacer
todo lo que esté al alcance de las manos y en este caso allegarse de medios de
manera ilícita para acceder al poder.
Sin duda, la violencia en el país impacta negativamente en la participación de la
ciudadanía y en los resultados electorales, debido al terror que causa en el votante;
quien derivado de la coacción emite un voto que no es el de su elección, por miedo
fundado, o simplemente, no quiere salir a votar.
En ese sentido, considero fundamental que la Comisión Permanente exhorte al
titular del Poder Ejecutivo a fin de que a través del Gabinete de Seguridad y en
conjunto con el Instituto Nacional Electoral, implementen un plan de seguridad que
garantice el pleno ejercicio del derecho al voto y seguridad de la ciudadanía y de
funcionarios electorales, en los próximos comicios; al igual que, las autoridades
estatales hagan lo conducente.
Asimismo, considero oportuno, que la Fiscalía General de la República, a través de
las fiscalías especializadas en delitos electorales, diseñen, establezcan, operen y
difundan ampliamente un número telefónico para la denuncia de la participación del
crimen organizado antes, durante y después de la Jornada Electoral, así como se
implemente un mecanismo de seguridad para los observadores electorales tanto
nacionales como extranjeros, a fin de salvaguardar su integridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. – La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal,
para que a través del Gabinete de Seguridad y en conjunto con el Instituto Nacional
Electoral, implementen un plan de seguridad que garantice el pleno ejercicio del
derecho al voto y seguridad de la ciudadanía y de funcionarios electorales durante
el proceso y jornada electoral del próximo 5 de junio en las entidades de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
SEGUNDO. – La Comisión Permanente exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo
de las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas, para que, en conjunto con los Organismos Públicos Locales y las
autoridades de seguridad municipales y federales, garanticen el pleno ejercicio del
voto y seguridad de la ciudadanía y de los funcionarios electorales durante el
proceso y jornada electoral del próximo 5 de junio.
TERCERO. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Fiscalía
General de la República, para que, a través de las fiscalías especializadas en delitos
electorales, diseñen, establezcan, operen y difundan ampliamente un número
telefónico para la denuncia de la participación del crimen organizado antes, durante
y después de la Jornada Electoral del próximo 5 de junio, en los estados
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
CUARTO. – La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Instituto Nacional
Electoral y a los Organismos Públicos Locales, a que en conjunto con las
autoridades de seguridad pública federales y locales, implementen un mecanismo
de seguridad para los observadores electorales tanto nacionales como extranjeros,
a fin de salvaguardar su integridad.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de
mayo de 2022.