No es normal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga una integrante cuyo verdadero nivel educativo es preparatoria. El que esto suceda requiere mucho más que la deshonestidad y el cinismo de una sola persona.
Requiere que exista un sistema de complicidades, mentiras y contubernios que toque las más altas esferas académicas, políticas y judiciales de México. Requiere que el caso de Yasmín Esquivel sea algo que va mucho más allá de ella.
No seamos ingenuos. Esquivel no está siendo protegida por ser magistrada solamente, sino porque investigarla a fondo abriría una caja de pandora.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, y su abogado general, Alfredo Sánchez, han preferido desarrollar una serie de argumentos legaloides y contradictorios antes que atreverse a echar un vistazo a esa caja. Investigar con seriedad a Yasmín Esquivel hubiera requerido realizar un algoritmo automatizado que verificara plagios en todas las tesis aprobadas (algo no difícil de hacer con la tecnología actual) y con ello destapar la cloaca de cientos de profesores de tiempo completo que no revisan los trabajos de sus estudiantes, incentivos de investigación del Conacyt cuya productividad no se valida y, muy probablemente, cientos de títulos de licenciatura otorgados a plagiarios descarados.
El rector de la Universidad Anáhuac, Cipriano Sánchez García, tampoco tocó la caja de pandora. No se atrevió. Investigar con seriedad el esquema que permitió la existencia de una Yasmín Esquivel hubiera probablemente destapado prácticas similares a las de la UNAM en una de las universidades más caras de México. Caerían como naipes graduados laborando en las más altas élites empresariales del país. Los dueños de todo. Como resultado, no sabemos qué vendettas se destaparían, cuáles o cuántos negocios, prebendas o favoritismos saldrían a la luz.
Así, las autoridades educativas de la UNAM y la Universidad Anáhuac han preferido la cobardía y refugiarse en la hipocresía.
Es momento de cambiar. Este es un capítulo definitorio para México. Yasmín Esquivel debe caer, pero no en lo individual, ni bajo el entendido de que su caso es la excepción a un sistema académico honesto. No es así. Yasmín es el resultado de un sistema que debe evidenciarse y cambiarse de raíz.
Me dirán que soy ingenua, que esto nunca pasaría, pero no es así. Solo mediante reclamos ambiciosos de honestidad pública se han construido las reglas de los países donde hoy impera la justicia. Se debe hacer una investigación amplia que identifique los muchos casos de los que Yasmín probablemente solo es una.
Las élites académicas, económicas y políticas tienen la responsabilidad de evitar la justicia selectiva y ampliar las investigaciones más allá de ella. El teatro de pretender que es un caso aislado no debe continuar.
Este caso debe ser un momento que nos permita cambiar como país y con ello contribuir a la cancelación de sus injustas desigualdades. Una revisión exhaustiva de todos los títulos otorgados en el país por medio de algoritmos de lectura automatizada no es algo difícil de hacer. La tecnología existe y solo se necesita un pequeño equipo para realizarlo. A todas las personas que hayan incurrido en plagios se les debe dar la oportunidad de resarcir el daño y mantener, luego de ello, sus títulos. El camino a la honestidad en ambientes donde la trampa es amplia no es uno de castigos, sino uno de enmiendas.
Construir un país de Estado de Derecho requiere de medidas valientes. La UNAM y la Universidad Anáhuac hasta ahora han mostrado su cobardía. Este caso no debe quedar en el olvido, ni tampoco en una sanción individual a Yasmín Esquivel.
Con información de Milenio

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