Ciudad de México.– La tensión entre el Gobierno Federal y los productores agrícolas alcanzó un nuevo punto crítico luego de que se les negara el acceso a la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que detonó una postura más radical por parte del movimiento campesino.

Baltazar Valdés, dirigente de productores, lanzó un mensaje contundente tras el incidente: “No hay mesa de negociación, vamos a escalar las acciones de protesta y manifestaciones; tomaremos las acciones que sean necesarias”, dejando claro que el conflicto ha entrado en una fase de confrontación directa.

La negativa de permitir el ingreso a las instalaciones de Segob no solo fue interpretada como un desplante institucional, sino como una señal de cerrazón política frente a demandas que llevan meses sin resolverse. Lejos de apostar por el diálogo, acusan, el Gobierno optó por bloquear cualquier intento de interlocución formal.

Organizaciones agrícolas del norte del país han denunciado reiteradamente el abandono del campo, la falta de pagos pendientes y la ausencia de políticas efectivas para sostener la producción. En ese contexto, el cierre de puertas en la dependencia federal parece confirmar según los inconformes una estrategia de desgaste y desatención.

La advertencia de “escalar acciones” no es menor. Entre las medidas que podrían intensificarse se contemplan bloqueos carreteros, toma de casetas, paralización de rutas comerciales e incluso movilizaciones masivas en la capital del país, lo que podría generar afectaciones económicas y sociales de gran alcance.

Analistas advierten que este tipo de decisiones, lejos de contener el conflicto, lo profundizan. La falta de canales de diálogo no solo incrementa la presión en las calles, sino que exhibe una preocupante incapacidad institucional para procesar demandas legítimas de sectores productivos clave.

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