QUINCENA AUSENTE  

Cuando el salario falta, el discurso se desnuda y la dignidad entra en resistencia.

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Hay circulares que informan y hay circulares que delatan.

Este documento —emitido en Culiacán hoy 5 de febrero de 2026— pertenece a la segunda categoría: no sólo comunica una instrucción administrativa, sino que deja al descubierto una fractura estructural que la Universidad Autónoma de Sinaloa arrastra y que hoy se expresa en su forma más cruda: trabajar sin cobrar.

El texto es, en apariencia, empático.

Habla de humanismo, solidaridad, empatía. Pide —con tono casi pastoral— que no se hostigue, no se presione, no se descuente, no se investigue al personal académico y administrativo que no pueda presentarse a laborar por falta de pago. El lenguaje es cuidadoso, incluso compasivo. Pero precisamente ahí reside su gravedad.

Porque ninguna institución sólida debería necesitar pedir que no se castigue a quien no puede trabajar porque no ha recibido su salario.

El salario no es un estímulo: es un derecho

Desde el punto de vista jurídico y ético, el salario no es una concesión graciosa ni un beneficio condicionado al buen comportamiento. Es una obligación patronal básica. Cuando el pago se retrasa, el incumplimiento no es del trabajador: es de la institución.

Y sin embargo, la circular invierte silenciosamente la carga moral del problema. No dice: hemos fallado. Dice: comprendemos su situación. No asume responsabilidad estructural; ofrece tolerancia temporal. No restituye derechos; pide paciencia.

En términos discursivos, es un texto que administra la crisis, pero no la explica ni la resuelve.

El dato que no aparece, pero pesa

Aunque el documento no incluye cifras, el contexto es contundente. Miles de trabajadores —docentes, administrativos, personal de apoyo— dependen quincena a quincena de su salario. La falta de pago no es un inconveniente menor: es renta, comida, transporte, medicamentos, escuela, deuda. Cada día sin quincena no es abstracto: tiene rostro, tiene angustia, tiene consecuencias medibles.

Estadísticamente, en México más del 60 % de los hogares vive con ingresos laborales como principal fuente de subsistencia. Un retraso salarial no se absorbe: se descompensa. Y cuando eso ocurre en una universidad pública, el daño no es sólo individual, es institucional y social.

El humanismo administrativo y sus límites

Invocar el humanismo cuando falla el pago es una paradoja peligrosa. El humanismo no puede ser sustituto del cumplimiento. La empatía no puede reemplazar a la nómina. La solidaridad no puede funcionar como moneda.

Más aún: pedir a las y los directores que “continúen con sus actividades sustantivas” mientras se reconoce que hay trabajadores que no pueden siquiera trasladarse a su centro laboral, revela una disonancia ética. Se intenta preservar la normalidad académica sobre una anormalidad laboral.

Eso, en cualquier análisis serio, es insostenible.

Lo que esta circular dice en voz baja

Dice que la universidad no tiene margen financiero inmediato.

Dice que el conflicto es lo suficientemente grave como para requerir un acuerdo Rectoría–Sindicato.

Dice que existe el riesgo real de hostigamiento, descuentos e investigaciones, o no sería necesario prohibirlos por oficio.

Y dice, sobre todo, que la comunidad universitaria está siendo llamada a soportar una crisis que no generó.

Lo propositivo: más allá del oficio

Una universidad que forma pensamiento crítico no puede gestionar su crisis sólo con circulares paliativas. Se requiere, como mínimo:

1. Transparencia financiera plena: montos, causas, responsables y plazos verificables.

2. Calendario público de regularización salarial, no promesas abiertas.

3. Mecanismos de protección laboral temporales, formalizados, no sólo exhortados.

4. Rendición de cuentas institucional, porque el prestigio académico también se paga —o se pierde— con hechos.

Sin eso, cualquier llamado al humanismo se convierte en retórica defensiva.

Colofón

Esta circular no es un gesto menor: es un síntoma.

Muestra que cuando el salario se ausenta, la universidad queda expuesta en su nervio más sensible: la coherencia entre lo que enseña y lo que practica.

Porque una institución que educa en derechos no puede pedir que se comprenda la ausencia de aquello que está obligada a garantizar.

La quincena no llegó.

Y con ella, tampoco la tranquilidad, ni la justicia, ni la normalidad que el discurso intenta sostener.

Nos vemos en la siguiente columna.