Reforma para combatir la extorsión avanza en San Lázaro
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, con 37 votos a favor, una reforma constitucional para fortalecer el combate al delito de extorsión.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 37 votos a favor, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Constitución y fortalecer el combate al delito de extorsión.
La propuesta será discutida en el pleno a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión deberá expedir una ley general en un plazo máximo de 180 días para unificar el tipo penal de extorsión, establecer sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, así como mecanismos de atención para víctimas, ofendidos y testigos.
Aunque el delito está tipificado en el Código Penal Federal desde 1984, legisladores señalaron que la extorsión ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías, lo que ha derivado en nuevos métodos y modalidades, como el cobro de piso o las extorsiones a distancia.
¿Qué ocurrió en la sesión?
Durante la discusión, la Comisión reconoció que se trata de un delito de alto impacto que afecta no solo la seguridad de las personas, sino también su patrimonio, estabilidad emocional y otros bienes jurídicos colectivos.
La iniciativa también considera propuestas previas de los diputados Héctor Saúl Téllez (PAN) y Ricardo Monreal (Morena), y fue respaldada en su totalidad por la Comisión. “Es oportuna, necesaria y está debidamente fundada y motivada”, se concluyó en el dictamen.
El diputado Leonel Godoy (Morena) adelantó que uno de los retos será definir la carga probatoria para este delito, que deberá ser perseguido de oficio. Mientras que Clara Cárdenas Galván (Morena) destacó que, en el primer trimestre de 2025, se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento del 87% en la última década.
Por su parte, Rubén Moreira (PRI) subrayó que el delito afecta a gran parte del país y no está limitado a una región, por lo que llamó a trabajar en una ley secundaria integral que contemple las opiniones de gobiernos estatales, fiscales, expertos y legisladores.
Con información de El Economista.
