Sabían desde 2017: AMLO sería “narcogobierno”
La prensa norteamericana lo dice hoy sin cortapisas: México está en manos de las bandas criminales. En el gobierno y en el Congreso de Estados Unidos lo dicen sin tapujos: el de López Obrador es un “narcogobierno” y un “narco-Estado”.Y la gota que derramó el vaso fue el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos –dos de ellos muertos–, que fueron “levantados” por las bandas criminales que tienen bajo control el narcogobierno de Tamaulipas.
Peor aún, el secuestro y crimen se produjeron días después de que congresistas de EU propusieron declarar “terroristas” a bandas criminales mexicanas y que el exfiscal William Barr diagnosticara que para combatir al fallido “narcogobierno” de López, no existe más camino que la intervención militar norteamericana contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco.
Mientras tanto, con estupor, la prensa norteamericana se horroriza de las atrocidades del “narcogobierno” mexicano; la misma prensa y mismo gobierno que por más de cuatro años cerraron los ojos frente a lo que estaba a la vista de todos; que México se convertía en un “narcogobierno”.
¿De verdad los norteamericanos ignoraban el tamaño del “narcogobierno” de AMLO?
Y vale preguntar porque sólo quienes cerraron los ojos ignoraron que el proyecto político de Obrador era financiado por los cárteles criminales; incluso muchos se negaron a ver que los 30 millones de votos de 2018 fueron posibles gracias al apoyo de bandas criminales y tampoco vieron que desde el 1 de diciembre en México despacha un “narcopresidente”.
Si lo dudan, aquí las pruebas
El 15 de febrero de 2017, en el Itinerario Político titulado: “¿Financia el “narco” a Morena?”, dije que abundaban “las evidencias de que dinero del narcotráfico entraba a la campaña presidencial del candidato de Morena; dinero que sale del cártel de Sinaloa”. (Fin de la cita)
El 11 de agosto de 2017, en el Itinerario Político titulado: “Alianza de Morena y el “narco”, documenté esa alianza a partir de la paliza en redes al futbolista “Rafa” Márquez, a quien se vinculó con las mafias criminales.
Así lo dije: “¿Por qué la doble moral de una sociedad de contentillo, ciega, sorda y miope que solapa los escándalos que involucran al más aventajado presidenciable, López Obrador, con el financiamiento del crimen organizado, mientras que esa sociedad sataniza al futbolista?
“Lo cierto es que la lista de “narcopolíticos” vinculados a Morena es larga y los más recientes casos son el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado; Félix Salgado Macedonio, relacionado con los Zetas; Fidel Démecis, José Luis Abarca, el “narcodiputado” Julio César Godoy Toscano, Ricardo Gallardo Cardona, Juan Ignacio García Zalvidea, Miguel Ángel Almaraz, Marco Antonio Mejía y las señoras Yeidckol Polevnsky, Rocío Nahle y Delfina Gómez, entre otros “narcopolíticos” que colaboran para Morena y que están a las órdenes de AMLO”. (Fin de la cita)
Pero el horror se reveló a días de la elección presidencial, en el Itinerario Político del 28 de junio de 2018, titulado: “Narcos al poder”.
Aquí un breve resumen de aquella entrega: “Pocos se han ocupado del tema. Muchos lo ignoran deliberadamente mientras la mayoría de los votantes son ajenos a la gravedad del problema.
“Nos referimos al escandaloso número de ciudadanos asesinados por motivos político-electorales en la actual contienda electoral –candidatos o militantes de distintos signos y rangos–, y al insólito número de aspirantes que por temor, amenazas o presiones directas dejaron la contienda. “Según reportes del portal www.letraroja.com, entre septiembre de 2017 y julio de 2018 fueron asesinados 120 ciudadanos, todos vinculados con el proceso electoral. De ellos, 48 eran candidatos o precandidatos y los atentados se dieron en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, México, Guanajuato y Puebla.
Una “perla” de la gravedad del tema es el municipio de Coyuca, en Guerrero, en donde fueron asesinados 11 políticos sólo en 2018.
“Pero esa es sólo una parte del problema, según Excélsior, en el proceso electoral “se bajaron” de la contienda de 2018, 5 mil 700 candidatos, principalmente en estados como Oaxaca, Michoacán y México; sólo en Oaxaca el INE reportó la sustitución de mil 660 candidatos.
“Frente a las escalofriantes cifras obliga preguntar: ¿Estamos ante una “narcoelección”?
“¿Quién está detrás de 120 asesinatos durante el proceso electoral? ¿Cuántos de los candidatos que suplieron a los asesinados fueron impuestos por el crimen o el narcotráfico? ¿Cuántos de los 5 mil 700 candidatos a distintos puestos de elección popular que “se bajaron” de la contienda, lo hicieron por amenazas, presiones o indicaciones del crimen?
“¿Cuántos de los suplentes de esos 5 mil 700 que “se bajaron”, estarán al servicio del crimen? ¿Cuántos diputados federales llegarán al Congreso gracias a sus vínculos con el narcotráfico? ¿Cuántos senadores estarán en un escaño porque deben favores al narcotráfico? ¿Cuántas alcaldías y congresos que se renovarán el domingo próximo estarán encabezadas por políticos impuesto por el crimen organizado?
“Nadie lo sabe; lo cierto es que instituciones del Estado mexicano estarán en manos de matarifes, narcos, sicarios, huachicoleros, tratantes de blancas y administradores de las fortunas producto del crimen.
“: ¿Y qué partido político será el campeón en prestar su franquicia al crimen? Sí, se llama Morena. Al tiempo”. (Fin de la cita)
En ese clima de indiferencia social y de crímenes políticos la primera señal incuestionable del vínculo de Obrador con “el Chapo” se produjo el 29 de enero de 2019, cuando escaparon del Reclusorio Norte de CDMX –con ayuda del gobierno de Claudia Sheinbaum–, tres reos vinculados al cártel del “Chapo”, entre ellos el contador de criminal.
Era sólo el principio ya que meses después –en junio de 2019–, en una de sus mañaneras, López se dijo “conmovido” por la cadena perpetua que la justicia norteamericana había decretado contra “el Chapo”.
Pero el verdadero escándalo, como todos saben, fue la liberación ilegal de Ovidio N –el 17 de octubre del mismo 2019–, en medio de la mayor complicidad oficial de la historia.
En el Itinerario Político del 19 de octubre de ese 2019 dije que la orden de liberar al jefe del Cártel de Sinaloa había sido del propio López, lo cual había sido negado de manera oficial. Días después el propio Obrador reconoció que él mismo dio la orden de liberar al “Chapito”, lo que constituye un delito grave y una violación constitucional.
Con información de Debate
