¿Salida digna?
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin, o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien”, Antonio Machado
SE FUE
El anuncio de la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa no solo representa una sacudida en el ámbito político y judicial del estado, sino que también pone en evidencia las profundas fracturas en la administración de justicia en la entidad.
Este acto, que la exfuncionaria ha intentado enmarcar como un gesto de responsabilidad y honorabilidad, deja muchas preguntas sin respuesta y siembra dudas sobre la integridad del proceso judicial en Sinaloa.
La renuncia de Quiñónez Estrada ocurrió justo después de que la Fiscalía General de la República (FGR) revelara irregularidades en la investigación del asesinato del diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, un crimen que ha sacudido a la comunidad sinaloense. La dimisión de la fiscal podría interpretarse como un intento de evitar que su permanencia en el cargo interfiera en la investigación, como ella misma señaló.
Sin embargo, su insistencia en que “se hicieron las cosas bien” durante su gestión parece más un intento de defender su legado que una aceptación plena de responsabilidad.
Este hecho pone en relieve un problema recurrente en la administración pública: la falta de transparencia y la opacidad en los procesos judiciales. Si bien es cierto que la renuncia de Quiñónez Estrada podría facilitar una investigación más imparcial, también es innegable que este acto llega después de que se hayan señalado errores graves y omisiones en un caso de alto perfil.
La coincidencia temporal entre la revelación de estas irregularidades y su dimisión sugiere que la renuncia no es solo una cuestión de honorabilidad, sino también de conveniencia política.
Por otro lado, la postura del gobernador Rubén Rocha Moya es ambigua. Mientras públicamente reconoce la “decisión responsable” de la fiscal, también admite que la renuncia fue un tema que se discutió entre ambos, lo que plantea la posibilidad de que esta dimisión haya sido más bien forzada que voluntaria.
Además, el hecho de que el gobernador mencionara que será la FGR la que determine si se investiga a la exfiscal por posibles omisiones, deja la impresión de que el gobierno estatal busca distanciarse de cualquier responsabilidad en este asunto.
En última instancia, la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada deja un vacío en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y siembra la incertidumbre sobre el curso de las investigaciones que estaban bajo su supervisión.
La ciudadanía merece una explicación clara y transparente de lo sucedido, y la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés político o personal.
En este contexto, es crucial que la FGR lleve a cabo una investigación exhaustiva y sin sesgos, para garantizar que los responsables de cualquier irregularidad en la investigación del caso Cuén Ojeda sean llevados ante la justicia, independientemente de su cargo o influencia.
La salida de la fiscal no debería ser vista como un simple cambio de mando, sino como una oportunidad para reflexionar sobre las debilidades estructurales del sistema de justicia en Sinaloa y para exigir un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la capacidad del estado para garantizar la justicia.
SE DEFIENDE
través de la red social X, Quiñónez Estrada reafirmó su convicción de que durante su gestión “se hicieron las cosas bien”, aun después de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara al menos 10 deficiencias graves en la investigación del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.
La postura de la exfiscal no es simplemente una reacción defensiva, sino un intento por subrayar lo que ella considera fue un trabajo diligente bajo circunstancias complicadas.
En un entorno donde las presiones políticas y sociales son intensas, Quiñónez Estrada parece querer comunicar que, pese a las fallas señaladas, su gestión estuvo guiada por un compromiso con la justicia y con los procedimientos institucionales.
Al expresar que se retira para evitar controversias que pudieran afectar la integridad de la investigación, la exfiscal intenta proyectar una imagen de responsabilidad y respeto hacia las instituciones.
Este enfoque, más que una simple defensa, puede interpretarse como una estrategia para preservar la continuidad de la investigación sin que su presencia como fiscal general se convierta en un punto de conflicto o distracción.
La insistencia de Quiñónez Estrada en que “se hicieron las cosas bien” también puede interpretarse como una afirmación de su confianza en las metodologías y decisiones tomadas durante su gestión. En el ámbito judicial, es común que los procesos sean complejos y que cada decisión pueda ser susceptible de múltiples interpretaciones.
Al sostener que las cosas se hicieron correctamente, la exfiscal está defendiendo la integridad de esos procesos, reconociendo que aunque haya áreas de mejora, el trabajo realizado no fue en vano ni carente de fundamento.
Además, su agradecimiento público al Congreso del Estado y al gobernador Rubén Rocha Moya refuerza su narrativa de que su renuncia no es una admisión de culpabilidad, sino un acto de deferencia para con las instituciones y las personas que confiaron en ella.
En lugar de aferrarse a su cargo, Quiñónez Estrada opta por dar un paso al costado para facilitar las investigaciones, una decisión que ella enmarca como un acto de integridad.
SALE POR RECOMENDACIÓN
La revelación del gobernador Rubén Rocha Moya, quien admitió haber recomendado de manera respetuosa la salida de Quiñónez Estrada, pone de manifiesto un enfoque diplomático ante una situación potencialmente conflictiva.
Es necesario analizar este movimiento desde varias aristas. Primero, el hecho de que la recomendación provenga del propio gobernador, y que él mismo se esfuerce en destacar que la hizo como “compañero de equipo” y no en su rol oficial, sugiere un intento de preservar la estabilidad dentro del gobierno.
Sin embargo, también podría interpretarse como una forma de ejercer una influencia indirecta en un órgano que, por ley, debe operar con independencia del Poder Ejecutivo.
Si bien su renuncia puede verse como una medida para evitar que las controversias obstaculicen el proceso judicial, también abre un debate sobre la presión que pueden enfrentar los funcionarios cuando se involucran en casos de alto perfil.
El manejo de esta situación por parte de Rocha Moya refleja una estrategia política cuidadosa, intentando mantener la armonía mientras navega por las turbulentas aguas de un sistema judicial bajo escrutinio. Sin embargo, es fundamental cuestionar si esta armonía es auténtica o simplemente un acto de contención para evitar mayores confrontaciones.
Con la salida de Quiñónez Estrada, la atención se centra ahora en el proceso de selección de su sucesor, un proceso que, según el gobernador, debe cumplir con criterios de paridad y será gestionado por el Congreso y el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Este proceso no solo es crucial para la continuidad de las investigaciones en curso, sino también para garantizar la independencia y la integridad de la FGE, un órgano cuya credibilidad ya está en entredicho.
Finalmente, la renuncia de Sara Bruna Quiñónez, acompañada de un mensaje en el que defiende su gestión, resalta las tensiones inherentes al cargo de fiscal general en un estado con desafíos significativos en materia de seguridad y justicia
La decisión de dar un paso al costado, aunque posiblemente la más prudente en el contexto actual, deja interrogantes sobre el grado de autonomía real que tienen los titulares de la FGE frente a las presiones políticas.
En conclusión, el episodio no solo es un reflejo de la complejidad del panorama político-judicial en Sinaloa, sino también un recordatorio de la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan a casos de alto impacto y a la inevitable influencia de la política.
