SCJN PERFILA REGRESO DE VARGAS LANDEROS A LA ALCALDÍA DE AHOME; MINISTRO PROPONE INVALIDAR SU DESAFUERO
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García, presentará este martes ante el pleno un proyecto que podría dar un giro político en Sinaloa: restituir a Gerardo Octavio Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome.
El caso será discutido en sesión pública este 3 de marzo, luego de que el alcalde promoviera una controversia constitucional tras su desafuero.
El 2 de mayo de 2025, el Congreso del Estado retiró el fuero y removió del cargo a Vargas Landeros a solicitud de la Fiscalía General del Estado, que lo señaló por la presunta contratación irregular de 135 patrullas mediante un contrato por 161 millones de pesos.
Sin embargo, el proyecto del ministro Guerrero García sostiene que el procedimiento legislativo pudo haber sido inválido.
Según el proyecto, la entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Yeraldine Bonilla Valverde, habría citado a Vargas Landeros a comparecer como individuo, y no como representante del órgano colegiado del Ayuntamiento de Ahome.
Es decir, el municipio como institución no habría sido convocado para defender su esfera jurídica, pese a que la decisión alteraba la conformación del gobierno municipal elegido por voto popular.
Para el ministro, esto vulnera el procedimiento constitucional, pues el acuerdo de desafuero se habría emitido sin permitir la participación formal del Ayuntamiento en el proceso.
El proyecto es contundente:
“Como consecuencia de la invalidez del acuerdo impugnado, debe restituirse a Gerardo Octavio Vargas Landeros en el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa”.
De aprobarse por mayoría, el Congreso de Sinaloa tendría que realizar los actos necesarios para garantizar la restitución inmediata.
Además, se vincularía:
•Al Municipio de Ahome para asegurar el ejercicio efectivo del cargo.
•Al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, para adoptar las medidas que permitan el cumplimiento integral de la sentencia.
La decisión del pleno de la Corte no solo tendrá consecuencias jurídicas, sino también políticas, al tratarse de un alcalde emanado de Morena y de un proceso impulsado por autoridades estatales.
Si el proyecto es respaldado por los ministros, el caso podría convertirse en un precedente nacional sobre los límites del desafuero y la defensa institucional de los ayuntamientos frente a decisiones legislativas estatales.
Este martes, la última palabra la tendrá el pleno de la Corte.
