Se intimida a jueces: ONU

La relatora especial de la ONU indica que las reformas propuestas por el Presidente López Obrador no especifican los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno. Tampoco, dice, incluyen disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones.

“Las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad. Al contrario, la iniciativa de reforma traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito cumplan con los requisitos de elegibilidad el Artículo 95 de la Constitución”, refiere.

Satterthwaite sostiene que al atribuir esta responsabilidad a “una entidad política como el Senado”, la iniciativa de reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos. “Al asignar al Senado la tarea de verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales, la reforma permitiría un aumento en la influencia del Poder Legislativo en el proceso de selección judicial”.

Adicionalmente, la relatora asegura que la elección popular de jueces “podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.

“Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad. Este riesgo es especialmente plausible dado que la reforma no establece procedimientos para la conducta que deberá observarse en las campañas”, advirtió.

La propuesta de Reforma Judicial del Presidente López Obrador propone reducir de 15 a 12 años el periodo de un Ministro, de nueve a seis el de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como para los magistrados regionales, e indica que quienes ocupen estas funciones junto con los Consejeros del Poder Judicial Federal concluirían su mandato en la misma fecha en que los servidores públicos elegidos en la elección extraordinaria.

Al respecto, Margaret Satterthwaite afirmó que la remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial al igual que, dice, “la imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión”.

“Resultan profundamente preocupantes los informes que indican que aproximadamente 1,800 jueces y funcionarios serían inmediatamente despedidos tras la implementación de esta reforma. La remoción abrupta de un número tan grande de funcionarios judiciales podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, advierte.

La relata cuestiona además el que el Consejo de la Judicatura Federal sea reemplazado por un Tribunal de Justicia Disciplinaria. En ese sentido, asegura que esto podría constituir una amenaza seria para la independencia del sistema judicial de México y la separación de poderes.

“La propuesta de facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces basándose en criterios vagos como “cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley”, es contraria a los estándares internacionales. Además, la imposibilidad de que un juez apele las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial violaría el derecho a un juicio justo de los jueces y es contrario a las normas pertinentes”.

En cuanto a que la remuneración de los impartidores de justicia no puede ser mayor a la del Presidente de la República, lo cual ya está establecido en la Constitución, afirma que “tales reducciones presupuestarias podrían ser consideradas una retaliación por acciones adoptadas en el normal ejercicio de las funciones judiciales, comprometiendo potencialmente el funcionamiento independiente de la judicatura en México”.

“Me preocupa que la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”, puntualiza.