Seguimos en crisis con la 4T
Los retrocesos sociales tienen un costo que las sociedades no están dispuestas a pasar por alto.
La construcción del INE tiene su origen en un gobierno que tenía, primero el control y después, injerencia en los procesos electorales, realizaba una compra de votos e intimidación a los opositores políticos, a grado tal, que distorsionaba la voluntad de los ciudadanos en las elecciones.
La sociedad estará vigilante del actuar de los nuev@s consejer@s electorales, toda vez que genera desconfianza el contexto y las circunstancias en que han sido designados.
Algunos de los miembros del Comité de Ciudadanos que participó en el proceso de selección de propuestas cuestionó que varias de las personas seleccionadas tenían vínculos que ponían en duda su futura imparcialidad.
- Adicionalmente, no le precedió un consenso entre las diferentes fuerzas político-partidistas entorno a las designaciones, sino que se recurrió al último mecanismo de selección previsto para el caso de que fallara dicho consenso, el cual en este caso ni se intentó.
Tales personas electas por sus vínculos y la suerte, ahora tienen el reto de ganar credibilidad y legitimidad; ya que tomaron protesta como nuevos consejeros electorales, incluso intencionalmente en una semana considerada de poca actividad política, toda vez que la mayoría de la población en el país se encuentra prácticamente de vacaciones.
Esta poca credibilidad y legitimidad podría evidenciarse con una de las encuestas que le gustan al actual gobierno si le preguntaran a la población si sabe del nombramiento de los nuevos consejeros y de las personas en quienes recayeron tales nombramientos.
Se debe resistir las constantes presiones que las diferentes fuerzas políticas pretenden imponer, comenzando con quien ha utilizado sus conferencias mañaneras para golpear mediáticamente a las instituciones autónomas del país, sólo para distraer de los verdaderos desastres en materia educativa, de salud pública, de disminución de la pobreza, entre muchos otros aspectos.
En ese mismo contexto se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la resolución que se deberá adoptar frente a la impugnación que se hizo de la bien fundada resolución del ministro Javier Laynez para suspender la reforma del plan B (que hemos abordado en este espacio) que afecta los derechos humanos, la estructura y facultades constitucionales del INE.
La legitimidad de la democracia constitucional está a prueba, toda vez que los ministros de la SCJN deberán estudiar y resolver sobre la impugnación que se hizo al respecto.
Disminuir la credibilidad y legitimidad de la SCJN ha sido el objetivo del ataque mediático sin fundamento y sólo con acusaciones genéricas que se ha hecho en contra de la ministra presidenta, así como de los ministros en general, incluyendo a jueces y magistrados.
Por desgracia, últimamente se han simplificado los argumentos para denostar a las instituciones, tratando de usar el descontento popular debido a las desigualdades económicas y sociales y los casos históricos de corrupción.
En los próximos días no cambiará la estrategia de ataque simplista, sin embargo, la responsabilidad de abordar con seriedad los temas de Estado implicará que, tanto las personas designadas como nuevos consejeros electorales y, por otro lado, las ministras y ministros de la SCJN, logren resolver los problemas consolidando nuestra democracia constitucional, sin caer en aquellas trampas simplistas.
Nuestro país no puede desperdiciar el tiempo, los recursos anteriormente invertidos, pero, sobre todo, dilapidar la confianza y futuro de una nación, sólo para alimentar el ego de una persona que se está evidenciando como un verdadero fracaso nacional en términos de los verdaderos indicadores internacionales de desarrollo y crecimiento nacional.
Con información de Excelsior
