Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre una posible intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el combate a los cárteles de la droga vuelven a exhibir una postura ideológica que prioriza el discurso de soberanía, pero evade el fondo del problema: la violencia y el control territorial del crimen organizado continúan fuera de control en amplias regiones del país.

Sheinbaum afirmó que una intervención estadounidense “no serviría de nada” y que no la aceptaría bajo ninguna circunstancia, escudándose en la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, su postura resulta contradictoria cuando la realidad muestra que el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar seguridad, frenar el tráfico de drogas o proteger a la población civil frente a grupos criminales cada vez más poderosos y armados.

La presidenta insiste en una estrategia basada en “atender las causas”, ofrecer oportunidades a los jóvenes y apostar por la cero impunidad. No obstante, este discurso ya ha sido utilizado durante años sin que se refleje en resultados concretos. Las masacres, desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados continúan, mientras los cárteles amplían su influencia económica y territorial. La promesa de un futuro mejor para los jóvenes suena vacía en comunidades donde el crimen organizado impone ley, cobra impuestos y decide quién vive y quién muere.

Sheinbaum también recurrió al pasado para justificar su rechazo, al señalar que durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la DEA colaboró en operativos en México, no se obtuvieron resultados positivos. Sin embargo, omite que hoy el problema no solo persiste, sino que se ha agravado, y que la estrategia actual tampoco ha dado resultados contundentes. Criticar el pasado no exonera al presente de su responsabilidad.

La negativa absoluta a cualquier tipo de cooperación internacional efectiva, más allá de discursos diplomáticos, parece responder más a una narrativa política que a una evaluación seria de la emergencia de seguridad que vive el país. Defender la soberanía no debería significar tolerar la impunidad ni normalizar que vastas zonas del territorio estén bajo control criminal.

Mientras la presidenta rechaza de forma tajante cualquier intervención externa, millones de mexicanos siguen atrapados entre el miedo, la violencia y la ausencia del Estado. La pregunta que queda en el aire no es si Estados Unidos debe intervenir, sino cuánto tiempo más el gobierno federal seguirá defendiendo una estrategia que, en los hechos, no ha logrado devolver la paz ni la seguridad a México.

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