Sin salida: sobrerrepresentación a Tribunales
Estado de los ESTADOS
“Todo el que aspira a avasallar a sus semejantes, se ve obligado a ser impositivo y sanguinario”: Federico II
- Sin salida: sobrerrepresentación a Tribunales
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Ciudad de México, 4 de agosto de 2024.- A pesar de las múltiples interrogantes planteadas ante los términos de implementación de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se espera se apruebe en el Congreso de la Unión durante la próxima legislatura federal, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), sigue las instrucciones de su líder políticos y aseguró que el reparto de plurinominales se realizará tomando como punto de partida el acuerdo tomado el 7 de diciembre de 2023, el cual considera a partidos y no a coaliciones. Esta interpretación puede llevar a una sobrerrepresentación de la mayoría oficialista, la cual tendría muchas más curules de las obtenidas proporcionalmente por su número de votos.
El gobierno de AMLO estima, bajo ese criterio: Morena y aliados tendrían hasta 373 curules de 500. Los partidos de la coalición oficialista recibieron 42.69 por ciento de los votos, y sin embargo tendrían el 74.6% de los espacios. A pesar de que Guadalupe Taddei dijo que los 11 consejeros aún evalúan la postura a tomar sobre este tema, y aún no se resuelven las impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), insistió: “El instituto ni quita ni pone, el instituto aplica la ley, el instituto no va a salirse de los márgenes de la ley y estará atento a lo que el acuerdo dice y la propia Constitución y nuestros propios reglamentos marca, y el propio acuerdo del 7 de diciembre”. Esto abriría de par en par la puerta en el Congreso de la Unión a la aprobación del denominado “Plan C” de López Obrador, donde destaca la reforma al Poder Judicial, además de la desaparición de los organismos autónomos más lo que se acumule en los próximos 58 días en los cuales su voz será ley.
Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero del INE, aseveró que la decisión sobre el tipo de sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión en las próximas legislaturas le corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues prevé impugnarán los actores políticos cualquier determinación adoptada por el órgano electoral. En entrevista advirtió: si se sostiene el criterio que ha prevalecido hasta este momento, el cual daría a Morena y aliados alrededor del 80% del Congreso, los partidos impugnarán. Si, por el contrario, el INE decide cambiar el criterio y en lugar de asignar el 8 por ciento adicional a cada partido, lo hacen a cada coalición en su conjunto, entonces el partido guinda y sus socios serán quienes acudan al TEPJF, porque verán reducidas sus posiciones en el Congreso. Como dirían los antepasados en cuanto a llegar a Tribunales: “de cualquier manera, Juan te llamas”.
CAMBIOS POR DECENAS
De aprobarse la iniciativa de reforma al Poder Judicial el daño sería mayúsculo y el poder se concentraría en la presidencia de la República, sostuvieron juristas, investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En un análisis de cada una de las iniciativas realizado por 41 juristas, economistas y politólogos reconocidos, concentrado en la obra “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, publicado el pasado 13 de junio por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), destacan que la propuesta del titular del Ejecutivo involucra la modificación de 53 artículos constitucionales, lo cual se traduciría en el mayor número de cambios registrados en la historia de México.
El “Plan C” de AMLO, subrayan los académicos, “incide en la división de poderes y busca concentrar el poder en la Presidencia de la República”. Los investigadores César Astudillo Reyes, doctor y maestro en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, y Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el IIJ y maestro por la Universidad de Columbia, Nueva York, advierten que la iniciativa más impulsada por López Obrador, la reforma al Poder Judicial es “regresiva” y ocasionaría “un daño mayúsculo” en México. Indicaron representa cambios negativos para el Poder Judicial, como el reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 integrantes, lo que provocará exista “una carga extenuante y ascendente de asuntos”, así como que todos se involucren en la deliberación de todos los asuntos.
Sobre la elección de ministros, magistrados y jueces, la cual AMLO propone sea mediante el voto popular, “pase directo”, insaculación o tómbola, puede provocar que los perfiles que busquen alguno de estos cargos no tengan conocimientos especializados, sino tengan alguna cercanía a grupos del poder político. “De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al Poder Judicial de la Federación será mayúsculo (…) y generará un movimiento pendular para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”, agregó Astudillo Reyes.
El doctor Javier Martín Reyes aseguró que el balance del “Plan C” en el ámbito judicial es “claramente negativo”. “Se trata de una reforma profundamente regresiva, que más allá de la retórica del presidente López Obrador, simple y sencillamente busca el desmantelamiento y la captura del poder judicial, comenzando por la SCJN”. Los legisladores de Morena y sus aliados buscarán en la próxima legislatura aprobar la reforma al Poder Judicial y otras cinco a partir del mes de septiembre, cuando termina el mandato del tabasqueño. El resto de las iniciativas del “Plan C” serán discutidas durante la administración de Claudia Sheinbaum.
La virtual presidenta electa afirmó que, en el análisis de la reforma al Poder Judicial, se considera la propuesta de López Obrador, en el sentido de elegir a los integrantes de ese poder mediante “insaculación”. Aunque ya se sabe de los posibles enfrentamientos entre Zaldívar y Tinita Godoy, porque el exministro revisará lo hecho por la exfiscal. Por si no fuera suficiente, andan ofreciendo a los jueces y ministros con influencia en sus pares, estarán en las listas y conservarán su chamba. ¿Quién hace este trabajo sucio? El supuesto inventor de la iniciativa de reforma.
DE LOS PASILLOS
La incorporación de tres nuevos integrantes al gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum corrobora el control político del presidente López Obrador sobre el equipo operativo del próximo gobierno, pues se caracterizan por ser leales y sumisos al actual inquilino de Palacio Nacional. Arturo Zaldívar, perdió la consejería y la FGR y aceptó una coordinación desde donde está haciendo lo que mejor le sale: trabaja cañerías; Leticia Ramírez Amaya, designada coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, está en donde su tarea es similar a la desempeñada en Palacio Nacional, irá y vendrá con papelitos y recaditos, su paso por la burocracia no alcanza el tono gris; Carlos Augusto Morales López, inventor de la revisión de salarios, quitarle la pensión a expresidentes y otras lindezas, por fin pudo estar presente en su nombramiento como secretario particular de la candidata triunfadora. Habrá de aclararse si ese es el nivel del “gabinete ampliado”, porque parece estar todavía muy lejano del conocido como “periférico”.
Lilia Arellano
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