Sinaloa en crisis económica y violento

Los gobernantes deben no solo informar al pueblo, sino deben hacerlo con la verdad y no plantear cifras que contrastan con la realidad, dijo Martha Reyes al momento de presentar el informe ciudadano de la situación que guarda el estado de Sinaloa.
Por su interés periodístico aquí lo presentamos de manera íntegra.

Cada año, los informes de gobierno comienzan de la misma manera: recordando que, con la entrega de ese documento, se cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que obliga al Ejecutivo a presentar un informe escrito sobre la situación que guarda la administración pública.

Sin embargo, todos sabemos que cumplir con el trámite no es lo mismo que rendir cuentas de verdad. La ciudadanía escucha cifras difíciles de entender, muchas veces desconectadas de lo que se vive en las calles, en los negocios, en las colonias y en los hogares. Eso genera una sensación permanente: lo que se dice oficialmente no coincide con la realidad que vemos todos los días.

Por eso, una parte importante de la sociedad desconfía de los datos que se difunden desde el gobierno estatal; los percibe lejanos, maquillados o incompletos. Cuando no se informa con objetividad, se corre el riesgo de usar la comunicación pública para construir una imagen parcial del estado de las cosas: se insiste en que todo marcha bien, en que la economía va en auge y en que los índices delictivos están controlados, mientras las personas viven experiencias muy distintas.

Hoy, sin embargo, la realidad es más difícil de ocultar. Los spots oficiales conviven con los videos, mensajes y testimonios que circulan en redes sociales y grupos de WhatsApp. Esa conversación ciudadana nos recuerda, todos los días, que la complejidad de Sinaloa no cabe en un guion publicitario.

Frente a esto, nuestro llamado no es solo a la crítica, sino a la responsabilidad compartida. Si los gobiernos intentan proyectar una sociedad idealizada, corresponde a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y al sector empresarial aportar datos, análisis y propuestas serias que acerquen el discurso público a la realidad. Solo así podremos construir una narrativa honesta sobre Sinaloa y, a partir de ella, impulsar las decisiones que realmente ayuden a transformar nuestra entidad.

Las personas, las familias, las empresas y los sectores productivos de Sinaloa estamos enfrentando una situación profundamente compleja. No solo por las condiciones económicas y de seguridad, sino también por la ausencia de un gobierno que cumpla cabalmente las funciones que la Constitución le asigna.

Ante este escenario, no basta con lamentarnos; es momento de actuar con responsabilidad cívica. Por ello, en los próximos días, un grupo de ciudadanos y organizaciones acudiremos a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado para presentar una iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Nuestro propósito es que se establezca, sin ambigüedades, que el Ejecutivo estatal tiene la obligación no solo de “informar”, sino de informar con objetividad, utilizando datos reales, verificables y completos, sin maquillajes ni medias verdades sobre la situación que realmente vive la entidad.

Se trata de cerrar la puerta a la tentación de falsear, omitir o manipular información con fines políticos o electorales. Una democracia madura necesita gobiernos que respondan con transparencia y ciudadanía que exija con argumentos.

En este contexto, y ante el Cuarto Informe de Gobierno de la actual administración estatal, nos hemos organizado para presentar un Informe Ciudadano, elaborado desde la sociedad para la sociedad, con el objetivo de exponer, con seriedad y sustento, la realidad compleja que hoy atraviesa Sinaloa.

No buscamos confrontación estéril ni queremos construir otro relato propagandístico. No venimos a inventar cifras, venimos a recuperar la verdad. Todos los datos que presentaremos provienen de fuentes oficiales, federales y locales. Nuestra diferencia no está en la fuente, sino en la honestidad con la que se presentan.

Este Informe Ciudadano se ha dividido en cuatro grandes apartados, vinculados directamente con las preocupaciones reales de las y los sinaloenses: seguridad, desarrollo económico, tejido social y calidad de vida. No hablaremos de castillos de fantasía, sino de la realidad que se vive en las calles, en los hogares y en las empresas de Sinaloa.

Porque como lo he dicho en diversas ocasiones, solo reconociendo la verdad, podemos empezar a transformarla.

Primera Parte:

La Inocultable e Imbatible Crisis de Inseguridad Pública

Hay que decirlo con fuerza y con todas sus letras: Sinaloa tiene ya 14 meses en medio de una verdadera guerra entre grupos del crimen organizado. Vivimos una de las peores etapas de inseguridad pública en toda la historia.

Más allá de discursos y buenos deseos, los datos son escalofriantes: según la propia Fiscalía del Estado de Sinaloa, tan solo durante los últimos 14 meses oficialmente han ocurrido 2,076 homicidios, 2,835 desapariciones, 8,007 robos de vehículos, y 2,914 robos a comercios.

Pero existen otros datos oficiales igualmente muy preocupantes:

– ⁠De acuerdo con el INEGI, en junio de 2024 la percepción de inseguridad en Culiacán era de 45%, pero hoy ya llega al 89%. En Mazatlán era de 34% y actualmente es del 56%, y sigue creciendo.

– Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de mayo de este año se habían abierto 3,603 carpetas de investigación. Esta cifra es el triple de lo que había antes de que iniciara la actual administración estatal.

– Según Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en las casetas de cobro de Culiacán el aforo vehicular ha caído en una tercera parte. Ello significa que más de un millón de vehículos han dejado de transitar por las carreteras de Sinaloa a causa de la inseguridad, el despojo de vehículos con violencia, la quema de vehículos, y el cierre de carreteras por parte de grupos delincuenciales.

Existen también otros datos, poco conocidos por la mayoría de la población, que muestran con crudeza la realidad.

Frente a esto, tenemos una responsabilidad como ciudadanía organizada: sacar estos datos a la luz, explicarlos y ponerlos al alcance de todos, para poder dimensionar con objetividad la magnitud del daño que la inseguridad pública ha causado en miles y miles de familias sinaloenses. Vean estos ejemplos:

– Para cuidar su vida, el 44% de los sinaloenses ha dejado de visitar parientes o amigos.

– El 43% ha dejado de ir al cine.

– El 42% decidió ya no subirse a un taxi.

– El 42% definitivamente dejó de salir a caminar por la calle o en los parques.

– El 41% evita viajar por carretera a otro municipio u otro estado.

– El 39% dejó de salir a comer o cenar.

– El 33% prefirió dejar de asistir al estadio de beisbol.

– El 31% ya no frecuenta plazas ni centros comerciales.

– El 28% por razones de seguridad ya no usa el transporte público.

– Y el 20% de los niños y jóvenes simplemente dejó de ir a la escuela debido a la inseguridad en sus colonias y comunidades.

Nunca se había registrado un porcentaje tan elevado en este tipo de comportamientos sociales y familiares. De hecho, son los peores de nuestra historia.

Ante esto, por ello vamos a proponer una reforma legislativa para que se sancione a todo tipo de funcionarios que mientan con la información oficial o que por conveniencia oculten datos que muestran lo que realmente sucede con nuestra sociedad.

Pero en materia de información, eso no es todo. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, en el año de 2024 el presupuesto de la fiscalía de Sonora fue equivalente a 712 pesos por habitante, en Guanajuato fue de 744 pesos, en Baja California de 764 pesos, en Chihuahua fue de 821 pesos, y en Quintana Roo de 872 pesos.

Es necesario señalar que en la Fiscalía de Sinaloa el presupuesto por habitante fue de solo 282 pesos. Por sí solo, este dato nos muestra el enorme desinterés en fortalecer a la institución que procura justicia en Sinaloa.

Y eso que nos referimos solo al presupuesto asignado. No estamos tomando en cuenta lo rebasada que se encuentra la Fiscalía Estatal para hacer frente a la situación tan desoladora en la que vivimos las y los ciudadanos sinaloenses.

También el INEGI señala que, en 2024, de cada 1,000 delitos cometidos en Sinaloa, solo se denunciaron 60, de los cuales únicamente se iniciaron carpetas de investigación en 37 casos.

Pero lo más grave es que solo 5 de los delitos denunciados tuvieron una resolución favorable. El sistema de procuración e investigación de justicia en Sinaloa se encuentra también en una crisis alarmante, y ello afecta muy negativamente a la ciudadanía en su día a día.

Igualmente, el INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ⁠señalan que, durante 2024, en Nuevo León el área de seguridad pública estatal ejerció un presupuesto equivalente a 1,374 pesos por habitante. En Sinaloa esta cifra fue de solo 432 pesos.

Es decir, aquí es 68% más bajo. Tal vez por eso explique por qué en Sinaloa la tasa de robos con violencia es 7 veces mayor a la de Nuevo León.

Existe enorme inquietud ciudadana por la inseguridad. Pero esta inquietud impide ver otros problemas igualmente importantes y de enorme magnitud, que tampoco están siendo atendidos por las autoridades.

Estos son los siguientes:

– La pérdida de empleos. Después de una enorme caída, el empleo en el comercio empezó a crecer, pero en el resto de las actividades se siguen perdiendo puestos de trabajo. No hay ninguna política pública para proteger el empleo. Urge atención a esto.

– La crisis en el sector agrícola. El campo vive su peor momento, y todavía no se crea una política agrícola de fomento. Es claro que hasta el momento el campo no es prioridad.

– El colapso en la industria de la construcción. Cuando la construcción está bien, la economía también lo está. Y toda estrategia para hacer crecer el PIB estatal, tiene que considerar el fomento a la construcción. Pero no hay nada de eso.

– El desastre urbano y de servicios. Ciudades, carreteras y caminos están en el abandono. Abundan los baches, falta pavimento e iluminación pública. Basta con salir a dar una vuelta por la ciudad en la noche para corroborarlo.

– La ruina inmobiliaria. La venta de viviendas y terrenos se encuentra paralizada. Lo que era una actividad en auge, casi ha desaparecido. También la derrama económica que generaba.

– Emergencia en salud. Hospitales sin equipar, escasez de medicinas, fuertes problemas laborales, y no se ve ninguna solución.

– El deterioro educativo. La educación ha perdido calidad. Hoy tiene menos financiamiento, y hay ausencia de reformas académicas. El tiempo pasa y el deterioro se acumula. Nadie se salva.

– La impunidad jurídica. En Sinaloa el delito no se castiga. Hay muchos homicidios, robos de vehículos y constantes enfrentamientos armados, pero son muy pocos los delincuentes detenidos. No existe una procuración de justicia sólida en el estado.

– La omisión legislativa. Los diputados locales están bastante ajenos de lo que ocurre en la entidad. No han generado soluciones de manera integral para la magnitud de los problema sociales que existen actualmente.

Segunda parte:

El Deterioro Económico Estructural y Generalizado

La economía de Sinaloa tiene varios años de estancamiento. La falta de crecimiento no permite generar empleos, ingresos y las oportunidades de desarrollo que reclaman la presente y las nuevas generaciones. Incluso, son crecientes sus rezagos respecto al resto del país.

En materia económica, Sinaloa se encuentra muy por debajo de la media nacional. La situación de inseguridad que prevalece en la entidad, y la crisis estructural de su economía, llevó a que al cierre del 2024 la actividad del estado cayera en -3.5%, según el propio INEGI.

Destaca la caída de la producción de la agricultura en -25.2 % y el resto de las actividades primarias en -15.8%. También cabe decir que la construcción y la minería mostraron cifras negativas de -15.1% y -14.3%, respectivamente.

Destaca en particular la industria del esparcimiento que ha sufrido severamente los estragos de la violencia, ya que hasta diciembre del 2024 esta actividad cayó en -24.1%.

En cuanto a Inversión Extranjera Directa, Sinaloa es de las entidades que menos atracción genera. Al cierre del 2024 acumuló apenas 316 millones de dólares, lo que representó apenas el 0.9% de la inversión extrajera que llegó a México.

Igualmente, debido a la prolongación de la violencia en el estado, la inversión extranjera en los primeros dos trimestres del presente año tan solo acumuló 34.3 millones de dólares.

Cada vez es más común escuchar a empresas su nulo ánimo de invertir en Sinaloa debido a la inseguridad y la falta de certidumbre jurídica.

En materia de generación de empleos, también se observa una tendencia a la baja. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, hasta octubre de 2025, Sinaloa perdió 10 mil empleos formales durante el último año.

En importante mencionar también, que disminuyó en 1,000 el número de empleadores, y en 15,000 el número de trabajadores por cuenta propia.

Esta información muestra que en Sinaloa no solo se han cerrado empresas, sino que también muchas familias de sinaloenses están optando por irse de Sinaloa al no encontrar opciones de trabajo ni una calidad de vida decente.

Sinaloa está generando una fuerte corriente de desplazados hacia otras entidades del país. Este es un hecho que ya no se puede ocultar, por más que se intente.

La falta de crecimiento económico ha tenido como consecuencia mayor deterioro en las condiciones de vida de las familias. La principal actividad económica, la agricultura, continúa envuelta en fuertes problemas de costos, de financiamiento y de comercialización. Es más que evidente que el campo sinaloense está en franco abandono.

La flota pesquera está deteriorada y la acuicultura no mejora su productividad. En el Plan Estatal de Desarrollo abundan las promesas incumplidas con el sector pesquero.

Les prometieron la siembra de 240 millones de alevines, pero apenas se han recibido 103 millones. También se les prometió la instalación de 120 nuevas unidades de producción acuícola de ostiones y peces. Hubo la promesa de construir dos plantas procesadoras de moluscos y un laboratorio, pero no se ha cumplido nada de esto.

Por su parte, la industria sigue siendo un viejo anhelo, y solo el turismo mantiene tasas de crecimiento elevadas, pero se concentra básicamente en Mazatlán y tiene amenazas de inseguridad crecientes como lo hemos visto en los últimos meses.

La administración pública estatal ahora también tiene mayor tamaño, sin que esto signifique mejor desempeño. Fenómenos como la inseguridad pública, la desigualdad social, la pobreza, el deterioro humano en las poblaciones pesqueras y rurales, se están incrementando en Sinaloa.

Los rezagos sociales y económicos se acumulan. A lo largo y ancho de la entidad se escuchan los lamentos por la falta de actividad económica local, por el incremento del desempleo.

En el Sinaloa de hoy, existe desinversión, rezago social y falta de oportunidades. Basta con ir al centro de la ciudad, a las colonias populares o a las comunidades rurales, para ver el deterioro social y económico, y la desesperanza en la mirada de la gente.

En México, a pesar de existir fuertes problemas económicos y falta de inversión pública y privada, algunas entidades están teniendo éxito en su transformación productiva.

Se trata de aquellas entidades cuya economía está fuertemente ligada a cadenas productivas internacionales. Tal es el caso de Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Chihuahua, principalmente.

En dichos estados se pusieron en marcha estrategias locales para para promover sus actividades económicas. Pero Sinaloa una vez más se está quedando atrás.

Se sigue en la pasividad y la inercia. Ni siquiera se ha intentado poner en marcha una nueva estrategia económica regional.

Es urgente que gobierno, empresarios y sectores sociales y productivos, trabajemos unidos para asegurar la recomposición de Sinaloa. Pero el primer paso deben darlo las autoridades, y éstas no han mostrado una apertura real más allá de lo superficial o mediático.

Es lamentable decirlo, pero esta es la realidad. Solo la realidad.

Tercera parte:

Pérdida de Bienestar Social y Deterioro en la Vida Familiar

Ninguna sociedad puede desarrollarse en medio de un entorno de constante deterioro, como el que hoy existe en Sinaloa. Por eso, el mejoramiento en la calidad de vida familiar tiene que ser una prioridad gubernamental. No es posible avanzar cuando se acumulan rezagos y la pobreza sigue en aumento.

Las autoridades optaron por justificarse en los programas sociales federales para no hacer nada en este rubro. Así que, el pretendido humanismo transformador está ausente. Aún no ha llegado a Sinaloa y sigue siendo un anhelo.

Algo que preocupa es la pérdida reiterada de empleos formales en estos largos meses de crisis de violencia e inseguridad, y ni siquiera se han creado programas de empleo temporal para garantizar algún mínimo ingreso a los desempleados.

La entidad registra serios rezagos en cuanto a la dotación de servicios públicos, equipamiento urbano, vivienda y alimentación.

Muchas familias han sido desplazadas por la violencia, pero lo único que ha trascendido es que las autoridades les entregan despensas valuadas en 320 pesos, cuando su precio en tiendas comerciales es de solo 240 pesos.

Pero el hambre crece. Recientemente, autoridades del Banco de Alimentos de Culiacán señalaron: “Estamos viendo un repunte muy marcado de solicitudes de apoyo; muchas provienen de personas que recientemente quedaron desempleadas. La situación está exigiendo más de lo que nuestra infraestructura puede sostener”

En cuatro años ni siquiera se ha terminado el Programa Estatal de Vivienda. Y eso sucede cuando el INEGI señala que en Sinaloa un total de 185 mil personas habitan en viviendas de mala calidad.

Aún en situación de pobreza, son las propias familias las que, con muchos esfuerzos, tratan de mejorar sus hogares.

El INEGI también señala que poco más de un millón de sinaloenses tenían servicios médicos a través del Seguro Popular. Pero al desmantelas este programa y al entregar sus instalaciones al personal del IMSS Bienestar. Esta institución solo atiende a 222,000 personas.

Además, el abasto de medicamentos actualmente solo se encuentra entre el 50 y 60%, según informan los directores de los propios hospitales.

Habrá que recordar también que a la Secretaría de Salud se le recortó en un 74% el presupuesto contra el dengue, y debido a eso las muertes aumentaron en un 1,000%, según establece la Auditoría Superior del Estado.

Así como sucede en el sector salud, en materia de educación las cosas están peores. El rezago educativo, el abandono escolar, y el cierre de planteles por la violencia, constituyen, hoy por hoy, las principales preocupaciones de estudiantes, maestros y padres de familia.

El rezago educativo en Sinaloa afecta al 26% de la población. Tan solo en el más reciente ciclo escolar, en el nivel medio superior el abandono escolar fue del 11% y en el nivel universitario de 9%. El número de jóvenes, entre 22 y 27 años de edad que no tienen el bachillerato terminado, creció 66% durante el último año.

Además, 2,400 escuelas han tenido que suspender actividades al ser afectadas por la crisis de inseguridad pública. En la ciudad de Culiacán se reporta una caída de 25% en la asistencia a las aulas.

Cuarta parte:

Desafíos Estructurales del Gobierno

Algo que nos hemos percatado los sinaloenses es como poco a poco la federación asume funciones estatales. Este proceso ya tiene tiempo.

Pero no es el único caso. En la entidad tampoco existe una política social propia, aun cuando los indicadores de pobreza van en aumento. Hace tiempo que la federación tiene el manejo total de la política social en Sinaloa.

Además, en Sinaloa tampoco existe un programa económico que genere empleos, inversiones y más empresas. Al contrario, solo se cierran puestos de trabajo, el desempleo crece, las inversiones huyen y miles de jóvenes emigran hacia otras entidades en busca de un empleo que aquí no existe.

El INEGI informa que en Sinaloa no hay crecimiento económico ni generación de empleo. Pero el presupuesto federal que se asigna a Sinaloa es cada vez menor. Las finanzas estatales se encuentran sumamente debilitadas y el gobierno pierde rápidamente su capacidad de operación.

No se cuenta con programas hacia el campo, cuyo deterioro alcanza proporciones alarmantes. Tampoco existen programas para la pesca y la ganadería. Menos aún algunos incentivos para el comercio o a pequeñas empresas. Tampoco se dialoga con los sectores sociales y productivos.

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, Sinaloa tiene de nuevo un panorama desesperanzador. Por séptimo año consecutivo el gobierno federal niega recursos para reactivar la economía y la situación de deterioro que se vive en el campo sinaloense.

Es claro que, en las políticas públicas del gobierno federal, Sinaloa no tiene ninguna prioridad. Para el año 2026, el gasto federalizado a ejercer en Sinaloa tendrá una disminución de 0.9%. Éste será de 66,174 millones de pesos, cifra que aún es menor a la que fue asignada en el año 2020. Es claro que no hay crecimiento en las asignaciones federales.

Al igual como sucedió en este 2025, para el 2026 no habrá inversión federal importante en Sinaloa. Las participaciones que recibirán el estado y los municipios solo tendrán un incremento insignificante.

Las aportaciones en favor de la educación y la agricultura han sido disminuidas, pese a las promesas gubernamentales hacia los agricultores.

Todo ello revela que las autoridades estatales y municipales no han presentado los necesarios proyectos de inversión ni de obra pública. Revela también que los legisladores sinaloenses, no han realizado el suficiente trabajo de gestión en favor de Sinaloa.

Si este año 2025 ha sido fatal en materia económica, para el 2026 las cosas serán aún peores. Es urgente que sociedad y gobierno definamos un plan de acciones para evitar un mayor deterioro a la estructura productiva de la entidad.

Es necesario participar en el diseño de políticas públicas locales para evitar el cierre de empresas o la migración de éstas hacia otras entidades del país.

Nuestra entidad se encuentra en estado de emergencia económica, y requiere decisiones de fondo. Exige la participación de todos, porque nadie, absolutamente nadie, está al margen del peligroso deterioro que ya afecta a la economía, a las empresas y a miles de familias sinaloenses.

Paradójicamente, existen fuertes problemas de liquidez en las finanzas gubernamentales. Sin embargo, vemos un gasto excesivo en algunos rubros que necesitan ser explicados a la ciudadanía.

Consideramos que el gobierno debería dar una explicación precisa y muy transparente sobre los siguientes asuntos en los que se han utilizado cuantiosos recursos públicos, y al parecer se utilizaron sin mediar la autorización correspondiente, de acuerdo con la ley.

Algunos ejemplos de lo anterior serían los siguientes:

– Fue muy buena la decisión de apoyar financieramente a la Universidad Autónoma de Sinaloa para saldar sus adeudos ante el Sistema de Administración Tributaria. Pero los ciudadanos merecemos una explicación de dónde salieron mágicamente los 2,900 millones de pesos que destinó el gobierno estatal para atender este problema que tenía la UAS. Nos gustaría que explicara de qué partidas presupuestales echó mano, y con base en qué legislación lo hizo.

– También nos gustaría recibir una explicación completa sobre el adeudo del propio gobierno ante el SAT y de las multas que recibió el estado a raíz de presuntas auditorías mal ejecutadas. Se habla de montos superiores a los 2,300 millones de pesos, y hasta donde sabemos no hay responsables en este problema, pero el gobierno sí ha tenido que pagar un cuantioso adeudo.

– De igual manera, los ciudadanos merecemos una explicación la masiva compra de maíz que se llevó a cabo en la cosecha de 2023, mismo que se pagó a precios de mercado. Se habla de una compra de 800,000 toneladas a un precio de 6,965 pesos por tonelada. Y de entonces la fecha se han tenido que pagar diversas cuotas mensuales por concepto de almacenamiento y fumigación en bodega.

Ante estos 3 ejemplos, nosotros preguntamos:

• ¿Cuánto dinero se utilizó para realizar estas operaciones?

• ¿De qué partidas presupuestales se tomó?

• ¿Con base en que legislación se llevaron a cabo estas transacciones?

• ¿Cuántos de estos recursos se han recuperado?

• ¿Cuál es la situación actual de pérdidas y ganancias de estos 3 casos?

• Y, sobre todo, ¿quiénes fueron los responsables de utilizar recursos públicos tan cuantiosos para algo que no está reflejado en el presupuesto gubernamental y que supone fuertes pérdidas para las finanzas públicas?

Ojalá que, en el Cuarto Informe de Gobierno, o durante la comparecencia, se proporcione una explicación detallada sobre estos asuntos nebulosos que existen.

Es parte importante señalar, que las crisis que enfrentan las finanzas gubernamentales se derivan de este tipo de decisiones, que aparentemente están fuera de la ley.

Esperaremos sus respuestas.

Otro rubro que no podemos dejar de lado es la situación en la que se encuentran quienes ejercen el servicio público. Si bien, cuando hablamos de derechos vulnerados en Sinaloa, solemos pensar primero en la inseguridad, en las víctimas del delito, en las familias que han perdido patrimonio o tranquilidad, hay otro grupo que también está pagando el costo de un Estado sin planeación, ni visión: los propios servidores públicos, o también llamado burócratas.

En los últimos años se les ha pedido “apretarse el cinturón”, sostener la operación del gobierno con menos personal, más carga de trabajo y con prestaciones inciertas, como es el caso de los policías municipales. En Sinaloa, hay trabajadores al servicio del Estado que viven con la duda de si realmente tendrán una pensión digna, si sus años de servicio serán reconocidos. En el pasado ya se han documentado problemas serios con el financiamiento de los sistemas de pensiones estatales, dejando a cientos de trabajadores en la incertidumbre sobre su jubilación.

Paradójicamente, quienes están encargados de hacer funcionar las instituciones son también víctimas de la falta de planeación, de la opacidad y de la pasividad para sanar de fondo las finanzas públicas. En lugar de fortalecer su seguridad social y sus condiciones laborales, se ha normalizado que trabajen con sueldos limitados, prestaciones rezagadas y riesgos de quedarse sin una protección real en la vejez.

Esto no es solo un tema laboral: es un tema de calidad de Estado. Un gobierno que no respeta plenamente los derechos de sus propios trabajadores difícilmente puede garantizar los derechos de toda la ciudadanía. Si los servidores públicos viven en la incertidumbre, si no se respetan sus prestaciones, si las pensiones no están garantizadas, el mensaje es muy claro: el sistema está fallando desde dentro.

Hoy, en este Informe Ciudadano, queremos dejarlo claro: tenemos que reconocer que sin ellos no hay hospitales, no hay escuelas, no hay atención al público, no hay programas sociales ni seguridad jurídica. Defender sus condiciones laborales y financieras es también defender la posibilidad de que Sinaloa tenga un servicio público profesional, estable y comprometido.

Si queremos cambiar el rumbo del estado, tenemos que exigir no solo para la ciudadanía en general, sino también seguridad social y laboral para quienes sirven todos los días desde el gobierno. Porque un Estado que cuida a sus trabajadores está en mejores condiciones de cuidar a su gente.

MENSAJE

Amigas y Amigos Sinaloenses:

Todo lo que aquí hemos mencionado es apenas una pequeña muestra sobre 4 aspectos que más nos preocupan como ciudadanos.

Me refiero a la inocultable e imbatible crisis de seguridad pública que después de 14 meses de guerra aún nos tiene atrapados, al deterioro económico que tanto afecta a todos, a la pérdida de bienestar y al deterioro en las condiciones de vida familiar.

Atender estos problemas es crucial para el presente y para nuestro futuro. No podemos continuar más tiempo en las condiciones en que nos encontramos como entidad.

Como ciudadanos tenemos la obligación de hacer algo por nosotros mismos, por nuestra gente, por la sociedad en general y por el futuro de Sinaloa.

En medio de las condiciones que pudieran resultar de la coyuntura política, es importante mirar a nuestro alrededor, evaluar la lamentable situación en que nos encontramos, y lanzar una mirada hacia adelante.

Tenemos que hacer una amplia reflexión sobre lo que queremos ser y lo que podemos hacer.

Ello exige supeditar proyectos partidistas a las necesidades económicas, políticas y sociales de la entidad. Impulsar una real transformación posibilitará superar los problemas estructurales que año tras año enfrentan la agricultura de granos, pesca, minería, y ganadería.

Asimismo, habría mayor capacidad para instrumentar una política de fomento a los negocios más agresiva, y una política social con mayor calidad y cobertura.

Las organizaciones ciudadanas y gremiales, ahora más que nunca, deben convertirse en los principales impulsores del mejoramiento social. Por eso, es necesario revitalizar las instancias de participación social en la vida pública.

Hay que hacerlo, para fortalecer la cohesión entre nosotros e impulsar acciones de beneficio colectivo.

Nos preocupa sobre manera la ausencia de un claro proyecto de desarrollo para Sinaloa.

Es necesario definir qué tipo de cambios estructurales y sociales habrá que promover desde ahora, y cuál tendrá que ser su sentido.

También ubicar qué sectores de la economía tienen mayor potencial para promover el crecimiento, el empleo y mejores ingresos.

No se puede esperar a que el desarrollo ocurra circunstancialmente o por bendición de la naturaleza.

Tampoco se vale distribuir recursos escasos entre infinidad de programas de gobierno sin que exista prioridad social integral alguna.

El combate a la pobreza, la calidad educativa, la salud universal, la sustentabilidad de la economía, un verdadero sistema de seguridad y justicia, el desarrollo regional y la infraestructura necesaria para modernizar y diversificar la planta productiva, no se pueden lograr sin políticas o buenos programas de gobierno.

Recordemos que la política no solo consiste en ganar elecciones. Hay que utilizarla para ganar consensos, para establecer acuerdos colectivos y para unificar a la sociedad en torno a una esperanza.

Los objetivos en los que hay que trabajar son muy claros: la economía regional necesita crecer, generar más empleos, impulsar el mercado interno, mejorar la calidad de vida, y tener instituciones públicas con mayor fortaleza jurídica y capacidad de operación.

Por eso, es urgente que el gobierno del Estado, y que también los gobiernos municipales, trabajen con mayor eficiencia, y en estrecha coordinación con la ciudadanía.

El poder legislativo estatal también debe modificar su agenda y priorizar profundas reformas jurídicas que propician realmente la solución a los problemas que nos aquejan como sociedad.

Es urgente tener una administración pública con capacidad para impulsar el desarrollo.

También es necesario promover reformas jurídicas para impulsar cambios estructurales y hacer modificaciones fiscales y normativas para estimular la creación de empresas.

En general, diversas experiencias señalan que los esfuerzos en materia de transformación regional deben encaminarse hacia aspectos claramente identificables: infraestructura, conectividad regional, seguridad pública, aprovechamiento de potencialidades turísticas, atractividad de inversión y de negocios.

Habrá que incentivar y promover la participación ciudadana.

Esto no es un simple asunto de leyes, sino de convencimientos y acuerdos sociales en torno a un nuevo proyecto de estado.

Es necesario hacer pactos sociales o alianzas ciudadanas, amplias, incluyentes y muy participativas.

La seguridad pública también es indispensable dentro de una estrategia de transformación regional.

Hay que entender que la seguridad vende, genera atracción de inversiones, mayor turismo, posibilita un mejor aprovechamiento de comunidades con potencial productivo, y todo ello se traduce en empleos y mayores ingresos para la población.

Sinaloa necesita crecer. La economía tiene que diversificarse para generar las oportunidades que demandan los jóvenes.

Habrá que superar múltiples problemas estructurales que año tras año generan desequilibrios y conflictos sociales.

Las instituciones públicas deben mejorar la calidad de su desempeño.

Se requiere un marco jurídico que estimule la producción, la calidad de vida, que promueva la justicia distributiva, la responsabilidad social, la libertad, la seguridad pública y los derechos sociales e individuales.

Sinaloa tiene que construir un sistema político realmente democrático, participación ciudadana y un proyecto de desarrollo compartido por todos.

Algo no está funcionando bien porque en las colonias populares se acumulan rezagos y carecen de servicios elementales.

Algo está mal cuando las comunidades rurales tienen décadas padeciendo un deterioro que ya parece infinito.

Las cosas no marchan bien cuando las normas elementales de convivencia social se trasgreden cotidianamente y con total impunidad.

La realidad muestra que los ayuntamientos carecen de presupuesto. La estructura administrativa que tienen que ampliar las oportunidades de desarrollo social y productivo.

La mayoría de los cabildos no son funcionales, pero sí son bastante onerosos. Hay que crear nuevas capacidades institucionales que involucren otra definición política y administrativa del municipio.

La transformación de una entidad como Sinaloa, significa dotarle de mayor actividad productiva, de condiciones para la apertura de nuevas empresas y la generación de más empleos, así como de mejores condiciones de vida para la población.

Finalmente, quiero hacer un exhorto a todas las organizaciones ciudadanas, para trabajar juntos en torno a la siguiente:

Agenda Urgente para Recomponer Sinaloa

Primero: Los ciudadanos merecemos participar en la construcción del rumbo de Sinaloa…! Convocamos al titular del poder ejecutivo a sostener un verdadero diálogo. Necesitamos conversar, frente a frente, sobre el presente y el futuro de Sinaloa.

Segundo: Tenemos que impulsar políticas públicas que tengan como prioridad inmediata el crecimiento económico, el desarrollo regional, el combate a la pobreza, la desigualdad, la generación de empleos, la seguridad pública y el desarrollo sustentable.

Tercero:​ Generar mayor valor agregado. Agricultura, acuicultura, ganadería, pesca y minería, deben dar procesamiento a sus productos. Incorporar tecnología en procesos productivos, y alentar la investigación científica para generar nuevos productos e insumos estratégicos.

Cuarto: ​Tenemos que diseñar una política pública dirigida a generar más empresas. Esto es condición necesaria para crear empleos y mejorar los salarios.

Quinto: ​Hay que invertir en las ciudades para que atraigan inversión y empresas. Aspectos como falta de servicios urbanos, escasa pavimentación, ausencia de controles de tránsito, las deficiencias en el transporte público, contaminación ambiental, inoperancia de las instituciones públicas, y la falta de espacios culturales, deportivos y de recreación, inhiben la inversión, ahuyentan empresas, y expresan incapacidad y la ausencia misma de los gobiernos.

Sexto: ​ Desarrollar la calidad en los sistemas educativo y de salud. Es necesario un mejor diseño institucional y orientarlos a la aplicación de cambios tecnológicos. También ampliar su cobertura social y articularlos con la estructura productiva.

Séptimo: Realizar reformas de fondo en la forma de operación en los poderes legislativo y judicial. Estos necesitan ser instrumentos de verdadero respaldo a la transformación social, política y económica de Sinaloa.

Octavo:​Es urgente impulsar una verdadera reforma municipal. Hay que dotar a esta instancia de mayor capacidad para impulsar el desarrollo regional y el mejoramiento en la calidad de vida de la población.

Noveno:​​La democracia es un requisito cada vez más importante en toda estrategia de desarrollo económico y social. En la actualidad ninguna entidad puede promover el crecimiento regional, sin garantizar plenamente el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Décimo: ​La sociedad habrá de unificarse y trabajar en favor de esta Agenda Urgente para Definir el Rumbo de Sinaloa a Corto, Mediano y Largo Plazo.

A TODOS USTEDES, MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y POR SU ATENCIÓN…!!!