SRE confía que juez dará la razón a México en demanda contra fabricantes de armas
El consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, confió que, una vez que el juez en jefe de la Corte Federal en Boston, Massachusetts, Dennis Saylor, conozca los alegatos orales durante la audiencia del próximo 12 de abril en el litigio de armas, dará la razón a México y seguirá adelante con el proceso debido a lo débil de la respuesta, hasta ahora, de las empresas demandadas.
Al participar en el seminario La Batalla de Boston. Los fabricantes de armas contraatacan, organizado por el Colegio de México, el funcionario señaló que, pese a que los fabricantes pidieron un par de semanas más para entregar su contrarréplica y una extensión en el informe, sus argumentos del pasado lunes fueron endebles porque ni siquiera hicieron uso del recurso figura Amicus Curiau (Amigos de la Corte) para recibir.
“Habría que tomar con optimismo, pero mucha cautela, sin triunfalismo. Uno lee los documentos y parecería que están subestimando los argumentos de México, parecería que se escudan en esta idea de que la información de trazabilidad, el número de serie de las armas se puede rastrear desde el lugar de venta, línea de distribución y piensan que nadie podría tener esta información, como si se olvidaran que se trata del gobierno de México”.
En este sentido, adelantó que una vez que se arranque el juicio en forma, como parte demandante, se pedirá a las propias empresas que den a conocer sus reportes de trazabilidad donde se demuestra que conocen claramente el destino de cada una de sus armas, desde que son producidas hasta que se incautan en México y pese a ello, no hacen nada para detener esta situación.
Se estima que, en promedio, cada año, entre 500 mil y 800 mil armas de fuego son traficadas a México teniendo como principal receptor el crimen organizado, pero también la delincuencia común.
“Nosotros habíamos hablado de organizaciones criminales para sensibilizar a la sociedad estadunidense sobre cuál es el problema mayor, pero efectivamente las armas nos afectan a todos: un asalto en la esquina, nos secuestran, nos roban, nos lastiman. Esas armas no tendrían porqué estar en México y hablamos de las muertes muy sensibles de periodistas y por eso hablemos del origen de las armas.
“Olvidan las empresas que la misma agencia estadunidense ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) tiene información que del 70 al 90 por ciento de las armas encontradas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos y que la información desagregada por empresa existe y ellas la conocen, conocen que pasa con sus armas”, sostuvo Alejandro Celorio.
El consejero jurídico añadió que observa a las empresas muy confiadas en el alcance de la ley de inmunidad en Estados Unidos, sin embargo, México en sus argumentos ya demostró que esta normativa no tiene un carácter extraterritorial, por lo que su comercio negligente afecta directamente a nuestro país y es causa de los daños por la violencia.
“Las empresas demandadas tenían una segunda oportunidad para referirse a nuestros señalamientos respecto a la negligencia en la forma como conducen sus operaciones comerciales. El gobierno de México señala que no tienen el debido cuidado, que publicitan sus armas de manera engañosa, que no monitorean y sancionan a sus líneas de distribución, cuestionamientos muy dirigidos a la falta de cuidado, de ser diligentes y no se refirieron a eso”.
La audiencia será el próximo 12 de abril de forma virtual y después de ello el juez Saylor decidirá si le da la razón a las empresas demandadas porque se les reconozca inmunidad, porque México no tiene la capacidad para demandar en Boston porque no existe un nexo de causalidad entre la fabricación de armas y el daño por violencia en nuestro país o sigue adelante con la demanda civil para resolver de fondo el tema permitiéndole a México que entregue evidencia de que existe este vínculo entre el comercio negligente y el daño por violencia en México.
Como parte de sus exigencias en el litigio civil, México exige una compensación económica superior a los 16 mil millones de dólares, que representaría hasta el 6 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), por los daños ocasionados a las víctimas.
Con información de Excélsior
