Titular de CNDH busca crear Defensoría del Pueblo e indagar autoridad electoral
La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó a las Cámaras de Diputados y Senadores una iniciativa de ley para transformar este organismo en la “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”. Según la comisionada, este cambio permitirá “atender a los pobres”, reforzar la autonomía de la Comisión y “potenciar los alcances de su misión”.
La propuesta incluye que el nuevo organismo pueda investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por cualquier autoridad administrativa o electoral federal. Sin embargo, organizaciones civiles de derechos humanos han cuestionado la iniciativa al considerar que incluye modificaciones inadecuadas y no prioritarias en el contexto actual de México. Te explicamos en qué consiste esta propuesta legislativa que busca modificar el artículo 102 de la Constitución mexicana y 25 artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los cambios La iniciativa de la titular de la CNDH sugiere modificar el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución mexicana para que el Congreso de la Unión establezca la ‘Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo’. Este organismo contaría con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, estaría facultado para investigar violaciones graves de derechos humanos a solicitud del presidente de México, gobernadores, diputados y senadores locales o federales, y de las víctimas. También propone que las legislaturas locales establezcan organismos públicos de protección a los derechos humanos para atender quejas administrativas en contra de cualquier autoridad o servidor público, a excepción del Poder Judicial de la Federación.
Dichos órganos locales podrían formular recomendaciones a las autoridades y sanciones de oficio. “Cuando las recomendaciones emitidas no sean cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Cámara de Senadores o las legislaturas de las entidades federativas podrán llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan, a efecto de que rindan cuentas”, expone la iniciativa.
¿Cómo funcionaría la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo? Las atribuciones de la Defensoría Nacional serían conocer e investigar, por petición u oficio, presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades administrativas o electorales federales.
Sin embargo, no podrá intervenir en actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales cuando “se trate estrictamente de organización y calificación de procesos electorales”. Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos, incluyendo parientes o vecinos de personas privadas de la libertad o desaparecidas, así como menores de edad. “La Defensoría Nacional de ningún modo puede declinar su competencia en ningún caso que implique violación a los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos”, subraya.
Conformación de la Defensoría del Pueblo La persona titular de este organismo sería denominada Defensor o Defensora Nacional y elegida por mecanismos de participación ciudadana para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. “Luego de finalizado su cargo, no podrá optar a un cargo de elección popular durante el año siguiente al cese de sus funciones”, según el documento. También contará con una Secretaría Ejecutiva, personas defensoras generales y adjuntas, personal profesional, técnico y administrativo. Además de un Consejo Consultivo, integrado por 10 personas elegidas mediante mecanismos de participación ciudadana, con cargos de tres años, irrenunciables y honoríficos.
“El cargo de Consejero será incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas”, agrega.
Cuestionan iniciativa El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro Prodh, criticó esta iniciativa de ley por considerar que es inadecuada y no prioriza la autonomía de la CNDH ante la militarización del país, la crisis de desapariciones forzadas y la impunidad. La organización cuestionó, además, que la Comisión no tiene facultades para presentar iniciativas legislativas. “Esta propuesta, cuyo contenido íntegro no se conoce, aún deben hacerla suya lxs legisladorxs. En vez de avanzar en esta ruta, se debe abrir un debate profundo y plural sobre el debilitado sistema ombudsperson”, indicó en su cuenta de Twitter. La CNDH difundió un comunicado el pasado 30 de enero en el que defendía la propuesta y aseguraba que las modificaciones permitirían atender los “cuestionamiento históricos” contra el organismo, incluso el señalamiento de que era la Comisión más costosa de América Latina y la que menos resultados alcanzaba. Sin embargo, el Centro Prodh manifestó que el cuestionamiento fundamental y persistente a la CNDH ha sido su falta de autonomía ante el poder político. ‘Muchxs criticamos el costo de #CNDH, como se expone en su comunicado. Pero nuestra crítica fundamental es que no se ha consolidado la autonomía. No acompañamos que enfatice solo la reducción de presupuesto, en un contexto de subordinación al poder político en turno’, expuso.
Con información de Expansión
