Tope a pensiones ‘doradas’ generaría ahorro de 5 mil millones de pesos: Laura Itzel Castillo
La presidenta del Senado explicó que la reforma al artículo 127 de la Constitución establece que las pensiones de exfuncionarios no podrán superar el 50% del salario de la titular del Ejecutivo.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, defendió la reforma constitucional que establece un límite a las pensiones de exfuncionarios públicos -conocidas como “pensiones doradas”- y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la legisladora señaló que la medida responde a casos en los que jubilados del sector público recibían montos mensuales muy elevados con cargo al erario. “Es indignante que haya personas que ganen un millón de pesos mensuales debido a esta pensión, porque son personas que ya se jubilaron”, señaló.
Explicó que algunos de estos beneficios se otorgaron a extrabajadores de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro o el Banco de México. Según indicó, en ciertos casos bastaba haber laborado periodos muy cortos para acceder a estos esquemas de retiro.
“Por haber trabajado incluso en algunos casos nada más tiempos muy cortos, hasta tres meses, se jubilaban con una pensión que se le ha denominado efectivamente pensiones doradas por la cantidad de recursos asignados mensualmente”, afirmó.
La senadora destacó que la reforma obtuvo respaldo unánime en la Cámara alta, lo que calificó como un acuerdo poco frecuente. Señaló que la medida busca evitar que continúe el pago de pensiones que consideró desproporcionadas frente a los ingresos de la mayoría de la población.
Sobre el impacto financiero de estos beneficios, Castillo dijo que el gobierno federal prevé un ahorro significativo. “No tengo la cifra exacta, pero lo que se considera es que va a haber un ahorro de cinco mil millones de pesos anualmente”, indicó.
De acuerdo con la presidenta del Senado, esos recursos podrían destinarse a programas sociales y a otras necesidades públicas. Añadió que el monto es relevante si se considera el contraste con los ingresos de la mayoría de los trabajadores.
Explicó que estos esquemas se originaron desde hace décadas y se consolidaron durante el periodo que denominó como del “modelo neoliberal”. Señaló que estas prácticas discrecionales fueron avaladas por autoridades de distintas instituciones. “Se daban de manera discrecional y con la autorización de las autoridades que estaban en su momento en cada una de las instituciones”, sostuvo.
La reforma establece que ninguna pensión de exservidores públicos podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. Con base en ese criterio, el límite de las pensiones sería de alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Castillo indicó que el número de personas que podrían verse afectadas aún no está definido y que esa información será dada a conocer por la presienta Claudia Sheinbaum, quien envió la iniciativa.
Ante la posibilidad de que algunos beneficiarios recurran a tribunales para inconformarse, la senadora señaló que podrían intentar acciones legales, aunque subrayó que la modificación fue incorporada directamente a la Constitución.
“Lo que se reformó fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127, y por tanto, esto no se puede impugnar”, afirmó. Explicó que algunos podrían argumentar la no retroactividad de la ley, prevista en el artículo 14 constitucional; sin embargo, sostuvo que al tratarse de una reforma constitucional no se podría invocar este principio, por lo que la medida podrá aplicarse a quienes ya reciben esas pensiones.
En caso de presentarse recursos legales, Castillo dijo que el asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde existe la posibilidad de que el caso se desestime. “Bueno, ya se vería en dado caso, pero esa es una posibilidad; vamos a ver qué sucede”, concluyó.
Descarta ruptura con aliados tras rechazo a reforma electoral
Por otra parte, tras el rechazo en la Cámara de Diputados a la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado indicó que, aunque no se alcanzó un consenso para aprobar la reforma, el debate ha permitido colocar el tema en la agenda pública.
La legisladora señaló que la iniciativa formaba parte de compromisos planteados durante la campaña presidencial y que el intercambio de posturas permite recoger preocupaciones ciudadanas. Según explicó, entre los puntos relevantes se encuentran aspectos relacionados con la fiscalización y el control de los recursos utilizados en campañas.
Al referirse a la influencia del crimen organizado en los procesos electorales, sostuvo que se requieren mecanismos de control más estrictos. En ese sentido, mencionó la necesidad de “mayores controles” y de un “fortalecimiento de la fiscalización”, además de impulsar medidas para ampliar la participación ciudadana, como consultas, el voto de mexicanos en el extranjero y la revisión de mecanismos de cómputo electoral.
Sobre la posibilidad de discutir nuevas propuestas, como elecciones primarias para definir candidaturas -una idea planteada por el analista y exconsejero electoral Alfredo Figueroa Fernández-, la senadora consideró que todas las iniciativas deben analizarse. “Todo se tiene que discutir y es importante que dentro de estos procesos se puedan escuchar las diferentes voces”, señaló. Agregó que el grupo mayoritario revisaría propuestas concretas “para irlas trabajando”.
Castillo también se refirió al voto en contra del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, durante la discusión de la reforma. Afirmó que las alianzas políticas han sido clave para los cambios impulsados en los últimos años y reconoció que “si no hubiera sido por esa alianza no se hubiera podido dar la cuarta transformación”.
No obstante, descartó que la relación entre los partidos esté en riesgo. “No, yo creo que de ninguna manera está en riesgo”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de seguir construyendo acuerdos para avanzar en la agenda legislativa.
Reformas sobre violencia contra las mujeres y combate al huachicol
Castillo se refirió también a las iniciativas legislativas que se están impulsando este mes de marzo, dedicado a la mujer y a la expropiación petrolera.
Sobre las propuestas en materia de derechos de las mujeres, Castillo señaló que se han aprobado reformas importantes en torno al abuso sexual, como los cambios realizados en los artículos 260 y 266 del Código Penal.
Asimismo, detalló que se trabaja en la modificación de la ley de “violencia vicaria” a partir de una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia. En una sentencia, determinó que “en lugar de ‘interpósita persona’ se hable de hijos o hijas […] porque el daño se hace al tratar de separar a los hijos y a las hijas de la madre”.
La senadora también recordó la relevancia de marzo como mes de la expropiación petrolera y la importancia de la industria energética. En cuanto al combate al robo de combustible, conocido como huachicol, Castillo destacó la consolidación de las reformas constitucionales que han fortalecido la seguridad.
“Se está trabajando para combatir en el caso de la delincuencia organizada lo relativo con el huachicol, con el llamado huachicol fiscal que finalmente pues es el contrabando”. Reconoció el trabajo realizo por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que ha fortalecido el “combate frontal” a la delincuencia”. “En este caso en específico a lo del huachicol, esperaríamos que haya resultados pronto”, concluyó.
Con información de Aristegui Noticias
