Tras 2 años, AMLO gana el litio, pero no tira la reforma de 2013
A casi dos años de una batalla pírrica en tribunales, el congreso e incluso con conatos de enfrentamiento internacional, la meta del gobierno de concentrar el control total de la política y el mercado energéticos de electricidad en el Estado, quedó reducida a un fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la posibilidad de revisar los contratos otorgados por el gobierno antecesor.
El gran trofeo, al final de esta lucha, ha sido la nacionalización del litio, para dejar en manos exclusivas del Estado su exploración y explotación.
También logró incrementar por decreto el porcentaje de generación eléctrica de la CFE de 38 por ciento que ostenta actualmente, a 54 por ciento; el resto podría ser producido por privados, bajo las reglas y la preeminencia que la propia CFE decida.
Aunque todavía le queda camino por recorrer a la transformación eléctrica en el país, por los 265 juicios que aún subyacen en tribunales, y los conflictos internacionales que se prevé puedan generarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no buscará llevarse “the whole enchilada” en el terreno eléctrico y ha dejado a su eventual e hipotético sucesor, la misión de continuar su legado energético.
Si bien desde su campaña y al tomar posesión, la transformación del sector eléctrico ha sido una de las principales metas del presidente Andrés Manuel López Obrador, su paulatina ejecución generó incertidumbre en el sector privado.
Al cierre de 2021 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector eléctrico fue la más baja en los años recientes, con 774 millones de dólares, mientras que en 2018, cuando tocó su máximo, reportó más de seis mil millones de dólares.
Todo empezó con la intermitencia
La reforma constitucional en materia eléctrica que se desechó el pasado 17 de abril en la Cámara de Diputados fue el desenlace de una serie de modificaciones que emprendió el Gobierno Federal desde el 15 de mayo de 2020 cuando publicó en el Diario Oficial dela Federación (DOF) la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Ahí la Secretaría de Energía (Sener) alegaba que debido a la intermitencia de la energía proveniente de empresas privadas, generada por fuentes renovables, especialmente la solar y eólica, era necesario cambiar el orden de despacho (mecanismo que decide el orden en el que cada central inyecta su energía a la red) para garantizar el abasto continuo de la electricidad.
Y es que desde la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, el despacho eléctrico se decidía con un criterio meramente económico, (ingresa primero a la red la energía más barata).
Las subastas organizadas por el Centro nacional de Control de la Energía (Cenace) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la energía renovable resultaba en primer lugar, mientras que la generación de la CFE, quedaba al último, por estar vinculada en su mayoría, a fuentes de energía fósil como el gas natural y el combustóleo.
La Política de confiabilidad energética puso sobre la mesa que la preferencia en el despacho a la CFE, lo que generó una ola de amparos por parte de la Iniciativa Privada.
Tras varios meses de litigios, el 1 de febrero de 2021 el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), para cambiar, de origen, el criterio de despacho. Con ello, CFE se reagruparía en una sola empresa vertical, y no en diferentes empresas de generación, como se mandó en la reforma de 2013; así como otras modificaciones en cuanto al pago de las tarifas de transmisión para los generadores privados.
La iniciativa fue aprobada por diputados y senadores, previa discusión en Parlamento Abierto, y publicada en el DOF el 9 de marzo de 2021, fue frenada inmediatamente en tribunales por la iniciativa privada, a través de 265 amparos que aún se mantienen vigentes y en trámite, pero cuyo curso podría cambiar por las recientes resoluciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la constitucionalidad de la misma.
La votación del pasado 19 de de abril en la Suprema Corte de justicia de la Nación, concedió uno de los grandes cambios a favor del gobierno pues con el cambio el orden del despacho eléctrico gestionado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) privilegiando la producción de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), poniendo en segundo lugar la energía renovable.
Objetivo: cambiar la Constitución
Para CFE y el gobierno, el argumento central de la urgencia por cambiar la actual política son las pérdidas por más de 412 mil millones de pesos (mdp) que sufre CFE desde la aplicación de la reforma de 2013. Por lo que el Gobierno ejerció su última opción: reformar la Constitución.
El 1 de octubre de 2021, el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución, para otorgarle a la CFE el control del sector eléctrico en el país, y de paso, incrementar por decreto la generación del 38 por ciento actual, a 54 por ciento.
El resto de la energía sería producida por el sector privado a través de contratos bilaterales con la propia CFE.
Además la reforma proponía que la Transición Energética, que es la migración a fuentes de energía limpia, así como la explotación estatal exclusiva del litio, ambas cosas quedarían en manos del Estado.
El punto más controversial fue la terminación de todos los contratos eléctricos entre particulares, así como los permisos legados (del régimen anterior a la reforma de 2013), sin mencionar los permisos de autoabasto, que de acuerdo con CFE, le han generado pérdidas por 222 mil millones de dólares en los últimos nueve años.
La controversia escaló, a las voces del sector privado representado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex, se sumaron corporativos y asociaciones extranjeras, así como legisladores de Estados Unidos, que aludieron incluso al gobierno de Joe Biden para que levantara la voz.
Como respuesta la Casa Blanca siguió de cerca el proceso legislativo de la reforma, con visitas de sus funcionarios: en enero, Jennifer Granholm, secretaria de Energía de EU que se reunió con su homóloga mexicana, Rocío Nahle, y con el presidente.
Semanas después vino por primera vez John Kerry, enviado especial de EU para el Cambio Climático, quien insistió en coordinar un sector energético regional ‘verde’. A estas, se sumarían otras dos visitas de Kerry, y también de Ken Salazar, Embajador de EU en México.
La presencia de EU, que se intensificó mediante misivas por parte de la Cámara de Representantes y del Senado, hacia funcionarios mexicanos, para exigir el cese de la iniciativa, terminó con la exhortación con tintes de amenaza de Katherine Tai, Representante Comercial de EU, a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, días antes de ser votada por la Cámara de Diputados, advirtiendo que la reforma viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que sería sometido a revisión en julio próximo.
Litio, el ‘premio’ de consolación
El pasado 17 de abril, la reforma eléctrica no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados -al menos dos terceras partes de los 500 votos- para cambiar la Constitución.
Esa misma noche, el Presidente envió una iniciativa para modificar la Ley Minera y nacionalizar el litio.
En menos de 24 horas se aprobó por mayoría simple en la Cámara de Diputados, un día después en el Senado, para promulgarse el 19 de abril en el DOF.
El litio, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, tiene un futuro prometedor, pues su demanda aumentará hasta 40 veces hacia 2040, impulsado por el boom de baterías para autos eléctricos.
Sin embargo, el trabajo exploratorio para conocer cuántos recursos tiene México, son muy pocos. De acuerdo con la propia Secretaría de Economía, los depósitos de litio que se han encontrado en el norte del país, son de origen arcilloso, lo que complica su procesamiento. La Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), afirma que al momento no existe un proyecto en el mundo que produzca litio en estas condiciones, sin mencionar que la inversión mínima para una mina “mediana” es de 300 a 780 mdd, precisa un reporte sobre el tema.
Ante esto, López Obrador prevé crear una empresa estatal, con ingenieros mexicanos.
Con información de Milenio
