Por Milton Merlo

El arresto de Zambada no le da tregua a una transición turbulenta. El malestar con Washington. El futuro secretario acuerda con los generales.

La convulsión de las últimas horas en Sinaloa es un episodio más de la trama que se inició el mes pasado cuando Ismael “Mayo” Zambada, uno de los capos más importantes de la historia criminal, fue arrestado en Texas.

Ese movimiento hizo estallar la relación con Washington, precipitó la reforma judicial, generó malestar en el empresariado, tensión a los mercados y radicalizó el discurso de un Andrés Manuel López Obrador que en mayo entendía que con solo ratificar al secretario de Hacienda bastaba para tener una transición apaciguada.

El presidente desató una retórica contra Estados Unidos de la que no quedó a salvo ni siquiera el embajador Ken Salazar, que hasta hace dos semanas decía que estaba a favor de la reforma judicial.

No solo es una cuestión de soberanía y del supuesto papel que tuvieron las agencias de seguridad del país vecino en la caída de Zambada: el presidente no acepta el vacío de información que le aplicó la administración demócrata y de allí el origen del malestar. López Obrador cree que detrás de la captura subyace un interés de una agencia en especial por perjudicarlo a él y a su círculo primario una vez que abandone el gobierno, en un mes. Así se lo dijo al Departamento de Estado antes de imponerle la “pausa” en las comunicaciones a Salazar.

Atento a un potencial frente que emane desde EU, López Obrador habla de atropellos a la soberanía, interviene fuertemente en el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum (ya ubicó más de 30 funcionarios) y juega a fondo con una reforma judicial que tiene su foco en la Corte Suprema, lo cual enerva a los socios del Tratado de Libre Comercio.

Lejos de los reflectores matutinos, el mandatario sigue muy de cerca la pesquisa de la Fiscalía General sobre todo lo referido al arresto de Zambada y pregunta de modo recurrente sobre un tema que lo obnubila: ¿Quién fue el piloto que llevó el avión del Pacífico a Texas? Es un tema que no se comenta pero que es troncal para entender que papel jugó EU en esa noche de Sinaloa que ahora trastoca la que debía ser una transición modélica.

En este tablero se define el futuro del próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Protagonista ineludible del gobierno que viene, en privado desliza que alista una estrategia para combatir frontalmente el tráfico de fentanilo hacia a EU y con especial foco en la supuesta llegada de precursores químicos desde Asia. Buscará así abordar un drama que López Obrador nunca terminó de aceptar como tal.

El futuro secretario cree que no tiene demasiado sentido desmantelar constantemente los laboratorios y decomisar cargamentos de esa droga letal si no se interviene la cadena de suministro que permite su producción.

Para tal finalidad proyecta tres cambios en la política de seguridad. El primero es controlar el Centro Nacional de Inteligencia, para lo cual ya tiene redactada una reforma administrativa que ubica al espionaje doméstico bajo la órbita de su Secretaría. Es un acuerdo con el general Audomaro Martínez Zapata y en el cual acepta que toda la administración de la Guardia Nacional sea enteramente militar.

El segundo cambio también toca una fibra sensible porque le pide a Alejandro Gertz Manero que toda la estructura de la FGR en los estados dependa de Seguridad.

Finalmente, crea una fuerza altamente equipada y con una cantidad reducida de elementos para realizar operaciones en campo y de alta precisión.

Un cálculo de alta densidad: poner el combate al fentanilo en el centro de la discusión con Washington para normalizar una relación bilateral que vive sus momentos de mayor turbulencia.

Con información de La Política Online

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