Tribunal confirma ilegalidad en la acusación de la FGR contra empresario que pelea herencia con socio de Gertz

De manera unánime, un tribunal federal confirmó la ilegalidad de un proceso penal por supuesto fraude fiscal impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de un empresario que, a su vez, mantiene disputa por una millonaria herencia con un socio del titular de la propia FGR, Alejandro Gertz Manero. ¿La razón? No había delito por perseguir.

Se trata del caso en contra del empresario Ernesto Álvarez Morphy Alarcón, a quien la FGR acusó de no haber pagado poco más de 10 millones de pesos en impuestos. En enero de 2021, un juez del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, aceptó vincular a proceso a dicho empresario, tras considerar que este pudo haber incurrido en ilícito

Sin embargo, una jueza de amparo y ahora tres magistrados de un tribunal federal anularon el proceso tras concluir que, de forma indebida y violando sus derechos constitucionales, ni la FGR ni el juez Artemio Zúñiga tomaron en cuenta que el empresario pagó el saldo faltante en una declaración de impuestos complementaria, antes de que el SAT le hiciera la notificación oficial.

El tribunal determinó que, aunque el delito no se consumó, la FGR  intentó alargar “de forma innecesaria el proceso”, “lastimando los derechos del imputado”.

Animal Político publicó el pasado 18 de mayo que la jueza federal Luz María Ortega Tlapa otorgó un amparo en favor de Álvarez Morphy Alarcón tras revisar el expediente del proceso penal y de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/695/2020.

En su resolución, la jueza consideró que el proceso impulsado por la fiscalía violaba disposiciones de las normas fiscales y estaba sustentado en pruebas “insuficientes, ilógicas y potencialmente ilícitas”.

Ortega Tlapa argumentó que en ningún momento se dio intervención al SAT,  la única autoridad con facultades legales para identificar irregularidades en las declaraciones del empresario. El SAT tampoco intervino porque Álvarez Morphy, de manera espontánea, cubrió el faltante de sus pagos antes de que se le iniciaría algún proceso de comprobación.

La jueza identificó 19 irregularidades distintas en el caso por lo que ordenó desactivar el proceso. Sin embargo, tanto la FGR como Hacienda impugnaron el amparo concedido, con lo que el caso fue turnado para su revisión al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, conformado por los magistrados Alejandro Gómez Sánchez, Ariel Acevedo, y José Alfonso Montalvo.

Tras múltiples retrasos y diferimientos, el pasado 26 de mayo se realizó la sesión del referido tribunal colegiado en donde se abordó la resolución de este tema. De manera unánime, los tres magistrados avalaron el proyecto de resolución del magistrado Gómez Sánchez en el que se propone, por vicios formales, desestimar dicho proceso.

La indagatoria en cuestión se activó luego de que la FGR recibió una supuesta denuncia anónima, en la que se consignaba que dicho empresario y sus familiares estaban implicados en una supuesta trama de defraudación fiscal y hasta posible lavado de dinero.

Tras meses de investigación y con el apoyo de la Procuraduría Fiscal, los fiscales presentaron el caso ante el juez en agosto de 2020 solo por el tema de faltantes en pagos de impuestos.

Juez debió frenar el caso

En la sesión realizada de manera virtual, los magistrados coincidieron en señalar que el juez Artemio Zúñiga debió haber desestimado desde un inicio la posibilidad de abrir un proceso en contra del empresario, pues era claro que con el pago de 11 millones de pesos (que ninguna autoridad puso en duda), se actualizaba lo que la ley denomina como “causa de exclusión del delito”.

El magistrado Ariel Acevedo señaló que si bien es cierto que para vincular a proceso a una persona solo se requieren de indicios mínimos que permitan suponer que cometió un delito, es deber legal del juez hacer una revisión de control para establecer que el hecho que se indaga representa un delito. Una tarea que debe hacerse desde el inicio.

“Hacienda argumentaba que el estándar probatorio de la vinculación no es el mismo que el dictado de una sentencia. Sin embargo, el esfuerzo del juez es determinar desde el inicio si no existe una excluyente del delito y, por lo tanto, evitar juicios prolongados, con el desgaste que ello implica y de manera innecesaria. Es un esfuerzo que se debe hacer para evitar juicios largos y perjuicios a los imputados” indicó el referido magistrado.

Por su parte, el magistrado Alfonso Montalvo subrayó que el hecho de abrir una indagatoria por presuntos delitos fiscales, como lo hizo la FGR, no sustituye de ninguna forma la obligación legal de que sea el SAT quien ejerza las funciones de comprobación y, por tanto, cualquier pago realizado antes de que este organismo reporte una anomalía debe tomarse como válido.

“Las autoridades insistieron en la existencia de una querella. El proyecto señala que la existencia de la querella no basta. Hay que verificar como la autoridad descubrió las supuestas omisiones. No cualquier hallazgo puede considerarse tal. Esto debe venir de las facultades de comprobación de la autoridad que cuenta con las facultades para ello, situación que en este caso no ocurre”, expresó el magistrado Montalvo.

En este contexto, lo que procede ahora es que el juez Artemio Zúñiga reciba por escrito la notificación de la resolución del referido tribunal colegiado para que luego convoque a las partes a una audiencia donde el caso se considere cerrado de manera definitiva.

Caso Álvarez Morphy

El proceso penal que la FGR intentó promover en contra del empresario Álvarez Morphy ocurre mientras éste mantiene una disputa testamentaria con su tío, Gabriel Alarcón Velázquez, por una fortuna valuada en más de diez mil millones de pesos.

Se trata de un pleito legal que lleva dos décadas, pero que ha cobrado relevancia tras la muerte de la madre de Álvarez, lo que convierte a éste en albacea de la parte de la herencia que a ella le correspondía.

De acuerdo con fuentes cercanas al empresario, el hecho de que fuera procesado penalmente ponía en riesgo su capacidad para fungir como albacea, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el testamento.

Este medio dio a conocer que la contraparte en esta disputa, Gabriel Alarcón Velázquez, es socio desde hace varios años del actual fiscal Alejandro Gertz Manero, en una sociedad denominada Aeroservicios y Transportes Galger, SA de CV, constituida en 2011.