Un pícaro en el Comité de Participación Ciudadana
El proceso para nombrar secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa debe repetirse por la defectuosa evaluación de los aspirantes, pues el actual presidente, Fernando Ruiz Rangel, lo vició asignando calificaciones arbitrarias.
El procedimiento contempla que los miembros del CPC emitan un puntaje para cada postulante, midiendo los diferentes factores de idoneidad. La mayoría evaluó de manera responsable a los solicitantes, pero este señor, con toda sevicia, puso calificaciones espurias que dejaron fuera a los más idóneos y posibilitó que llegaran a la terna personas sin perfil: Rosa del Carmen Lizárraga, Carlos Avendaño García y Jesús Manuel Martínez Pérez.
¿Cuántas truculencias de estas no habrá cometido este tunante durante el tiempo que ha estado en ese cargo? Lo preocupante es quizá que haya gozado de la complicidad del Consejo estatal anticorrupción, compuesto por miembros del gabinete y de los tres poderes. Como pensar otra cosa si no ha recibido extrañamientos por su conducta.
Frente a esa maniobra, el Consejo debe ordenar la reposición de la convocatoria y sancionar la irresponsable actitud de Ruiz Rangel que ameritaría su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Los tres seleccionados no pueden ser sometidos a votación para escoger al secretario técnico, pues su postulación está bajo sospecha. ¿Hubo línea del Tercer Piso en este enjuague? De no enmendarse, tendría razón el Gobernador de que esos organismos son un gasto oneroso sin resultados, pero eso puede resolverse con comisionados honestos y competentes.
En junio de 2023, cuando estuvo trabado el nombramiento de tres nuevas integrantes del CPC, el Gobernador corrigió la plana. Ojalá lo haga otra vez.
Frente a la UAS. Cambio de estrategia
El intento del doctor Rocha Moya para rescatar a la UAS está entrampado. Ni los cambios legislativos ni la judicialización apuntan a romper el control que tiene el PAS sobre la Casa Rosalina.
La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa de febrero de 2023 se encuentra en litigio y la reforma a la Ley Orgánica se atascó en el Congreso.
La Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso al rector Madueña, al ex rector Guerra Lieray a los miembros de sus comités de adquisiciones. Esto refleja voluntad política para erradicar la corrupción, pero no es suficiente.
Aunque los indiciados resultaran culpables, el férreo dominio del PAS sobre la UAS seguirá creciendo por las omisiones gubernamentales.
La educación superior en México y Sinaloa se encuentra rezagada de los nuevos paradigmas que se imponen en todo el mundo, desde su infraestructura física obsoleta hasta un modelo educativo caduco que no ha logrado incorporar las competencias para la sociedad de información, la inteligencia artificial, el metaverso, la recombinación de saberes.
El problema de la corrupción es solo un prerrequisito a resolver. Lo preocupante es que hay una orfandad de liderazgos innovadores dentro y fuera de la UAS. En este asunto la SEPyC está de adorno.
Aun con sus buenas intenciones el Mandatario ha cometido el error de apostarle todo a la judicialización, sin diseñar una salida integral. Si no corrige, tendremos una derrota histórica frente a un grupo que le viene haciendo un daño descomunal a Sinaloa.
Con información de El Debate
