‘Va por México’ presenta acción de inconstitucionalidad contra “decretazo”
Los diputados de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para pedir la suspensión del decreto con que se pretende dar a los servidores públicos la posibilidad de difundir propaganda gubernamental, pese a la prohibición de hacerlo en vísperas de la consulta de revocación de mandato.
“No es viable que Morena, en atención a sus propios intereses, busque modificar la Constitución y la interpretación de los ministros; esto no solo respecto a la difusión de propaganda, sino también en cuanto a la aplicación de sanciones, pues fue la Suprema Corte de Justicia la que determinó que el Tribunal Electoral podía sancionar a quien incumpliera la ley y la Constitución en el actual proceso de revocación”, puntualizaron.
#diputados #pri junto a @diputadospan y @GPPRDmx promovimos ante la @SCJN acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental. Vulnera estado de derecho. pic.twitter.com/RKC89gdEzm
— Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) March 30, 2022
Los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, en la Cámara de Diputados sostuvieron que el “decreto interpretativo” aprobado por Morena y sus aliados resulta inconstitucional.
Ello, al buscar imponerse a las interpretaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e incluso al criterio emitido por la Sala Superior en relación a que no es aplicable el decreto al actual proceso de revocación.
El bloque opositor acusó a Morena de intentar regular algo que no está previsto en la Constitución.
“Es por eso que, en respeto a la democracia, a la división de poderes y en aras de garantizar los derechos de la ciudadanía, la coalición ‘Va Por México’ presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para que se suspenda y se declare la inconstitucionalidad del decreto de la publicidad gubernamental de la consulta sobre revocación de mandato”, remarcaron.
Subrayaron, asimismo, la necesidad de que la participación ciudadana sea imparcial y objetiva, pues así lo demanda la Constitución, que, además, faculta de manera exclusiva al INE y a los organismos públicos locales para promover y promocionar la consulta revocatoria.
Con información de Milenio
