Ven rezago en la lucha anticorrupción de AMLO
Bruselas.— La reiterada promesa del presidente Andrés López Obrador de hacer prevalecer la integridad durante su mandato no ha ido más allá del discurso, sostiene la firma londinense Control Risk.
La consultora transnacional sostiene que como consecuencia de un discurso que no es más que papel mojado, las empresas en México seguirán enfrentando desafíos relacionados con la corrupción, al tiempo que estarán expuestas a riesgos de integridad y reputación.
La información aparece en un informe interno con fecha del 29 de julio en el que examina los riesgos que conlleva el fallido combate contra la corrupción del presidente López Obrador.
“La retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha aumentado la transparencia: no hay mejoras en la percepción de corrupción y las instituciones anticorrupción son más débiles, lo que implica riesgos persistentes de integridad para las operaciones comerciales”, indica.
El informe sostiene que las encuestas internacionales especializadas en medir las percepciones de corrupción y la capacidad de los países para responder a este fenómeno, revelan que México está rezagado con respecto al promedio en América Latina, “destacando el fracaso de AMLO”.
Entre los estudios citados, está el realizado conjuntamente por Control Risk y el think tank Americas Society/Council o the Americas con fecha del 22 de junio, en el que examina la situación de 15 países de América Latina en materia de combate a la corrupción.
Dicho documento muestra la permanente degradación de México desde 2019, colocándolo en la posición 12, de mejor a peor, sólo detrás de Venezuela, Bolivia y Guatemala. En la edición anterior el país había figurado en el escalafón 11.
Prácticamente el país registró reveses en todas las categorías analizadas, aunque el declive más pronunciado tuvo lugar en democracia y políticas institucionales, particularmente en la variable de evaluación de los procesos de elaboración de leyes y de toma de decisiones.
“Esto refleja los perseverantes esfuerzos del Ejecutivo por interferir en los asuntos judiciales y legislativos. Tal interferencia es el resultado de los constantes intentos del Presidente de centralizar el poder y la toma de decisiones”, puntualiza.
“Las acusaciones de corrupción hechas por AMLO en sus ruedas de prensa diarias contra jueces luego de fallar en contra de sus deseos, son también evidencia de los intentos del Presidente de interferir en el Poder Judicial”.
Pero no sólo López Obrador se esfuerza en acaparar la agenda legislativa y en tratar de influir en las decisiones judiciales y socavar la legitimidad de los poderes que le hacen contrapaso, está erosionando las principales agencias anticorrupción, advierte.
Además, pone de ejemplo el Sistema Nacional Anticorrupción, un organismo creado en 2016 como resultado de la presión de la sociedad civil para erradicar “las mordidas” al interior del gobierno.
Sostiene que en la actualidad no sólo no cuenta con recursos ni personal suficiente, el gobierno amenaza con eliminar su independencia.
El mismo deterioro se ha visto en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Oficina del Fiscal General, dos instancias clave en la lucha contra las corruptelas.
Indica que la sustitución de Santiago Nieto y el nombramiento de Pablo Gómez Alvarez al frente de la UIF, así como la presencia de Alejandro Gertz Manero al frente de la fiscalía, han sido en detrimento de la efectiva administración de la justicia al tratarse de “maniobras políticas”.
El reporte prevé que la tendencia hacia la degradación institucional no cambie en lo que resta de la actual administración.
En cuanto a la contratación pública, igualmente hay retroceso. Alrededor de 80% de los contratos gubernamentales tienen lugar sin proceso de licitación. Señala que el porcentaje se ha mantenido estable durante el mandato de AMLO y es superior a la media de las administraciones anteriores.
Simultáneamente ha crecido la participación de las Fuerzas Armadas en los proyectos de logística e infraestructura pública, actor que “no está sujeto a los mismos estándares de escrutinio y transparencia que las agencias civiles”, destaca.
Con información de El Universal
