Versión de Murillo Karam “protegió” a militares de Iguala y policías de Huitzuco
Un oficial del Batallón 27 de Infantería contestó el teléfono esa noche. A 2.5 kilómetros de distancia, en el Hospital Cristina, ocurría algo, le dijeron. Minutos antes, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se habían refugiado ahí ante los ataques armados de policías municipales de Iguala que para ese momento ya operaban en conjunto con los Guerreros Unidos. Era viernes 26 de septiembre de 2014. El estudiante Edgar Vargas arribó herido al nosocomio. Una bala municipal alcanzó su mandíbula. Iba acompañado de otras dos decenas de normalistas, quienes solicitaron ayuda al personal médico. No recibieron atención, pero decidieron quedarse, pues en las calles y baldíos sus compañeros de clase eran perseguidos por criminales con uniforme y sin uniforme.
Contrario a ayudarlos, tras la llamada de emergencia, miembros de Batallón 27 intimidaron a los muchachos en el Hospital Cristina. “Eso les pasa por andarse metiendo en problemas”, les dijo un elemento castrense a los jóvenes. Luego les pidió datos personales con una amenaza: “Si no dan sus nombres reales, nunca los van a encontrar”. Entre los normalistas, quienes intentaban frenar el sangrado de Vargas, comenzó a circular un lúgubre escenario sobre lo que venía. “Nos van a hacer lo mismo que en Tlatlaya”, se decían. En junio de ese 2014, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron al menos a 15 jóvenes en el municipio mexiquense. La noticia de esa masacre estaba fresca. A pesar de los testimonios, la línea de investigación contra los militares que recorrieron la ciudad de Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre fue ignorada por la Procuraduría General de la República, en ese momento encabezada por Jesús Murillo Karam. Al mismo tiempo que elementos castrenses decidían no intervenir en lo que pasaba en la ciudad guerrerense, policías municipales obligaron al autobús 1531, el cual llevaba en su interior entre 15 y 20 estudiantes, a detenerse en el Puente del Chipote en Iguala, cuando intentaba dirigirse hacia Chilpancingo. Los normalistas –entre quienes estaba Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron identificados por la Universidad de Innsbruck– descendieron del autobús luego de que los municipales les rociaran gas lacrimógeno. Sometidos y esposados junto a la carretera, presenciaron la llegada de tres patrullas provenientes de Huitzuco, municipio vecino de Iguala. Mientras los criminales uniformados de Iguala esperaban de sus cómplices de Huitzuco, dos policías federales se acercaron a ver qué ocurría. “¿Qué pasa con los chavos?” –preguntó un federal. “Allá atrás chingaron a un compañero, se los van a llevar a Huitzuco. Allá el patrón decide qué va a hacer con ellos”, contestó el municipal. Lo anterior fue narrado por un testigo protegido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el mismo testimonio, tras la breve conversación, los federales regresaron a su patrulla y se marcharon. Más tarde, las tres camionetas municipales de Huitzuco y una de Iguala se llevaron a los estudiantes. La línea de investigación sobre la participación de funcionarios de Huitzuco también fue ignorada por la PGR de Karam.
De acuerdo con las autoridades que operaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la desaparición forzada fue perpetrada por municipales de Iguala, Cocula e integrantes de Guerreros Unidos. Se cansaron de negar la participación de militares u otras corporaciones de seguridad. Negaron el crimen de Estado. Su versión, la llamada “verdad histórica”, fue desechada por la Comisión para la Verdad y la Justicia, encabezada por Alejandro Encinas, quien esta semana reconoció que la Sedena pudo salvar a los jóvenes de Ayotzinapa, de quienes no existe indicio de que hoy, casi ocho años después, se encuentren con vida. Desde el primer momento, padres y madres de los 43 normalistas, además de los sobrevivientes de la llamada “Noche de Iguala”, denunciaron la participación activa de elementos castrenses, a quienes se les solicitó abrir las puertas de los batallones en el sexenio de Peña Nieto para demostrar que no tenían nada que ocultar. Sin embargo, por parte de los militares del Batallón 27 de Infantería, las familias de los desaparecidos solo recibieron gas lacrimógeno y negativas. “Ustedes también tienen hijos. Ahorita nos tocó a nosotros, pero a ustedes también les puede pasar el día de mañana. Sepan bien lo que hacen porque su presidente (Enrique Peña Nieto) está cosechando problemas. Nosotros no vamos a dejar de buscar a nuestros hijos hasta encontrarlos con vida. Y si algo les llegara a pasar, hacemos responsable al Batallón 27”, les reclamó de frente en 2015 María de Jesús Tlatempa Bello, mamá de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 desaparecidos. Los militares se ocultaron detrás de sus cascos y escudos. El viernes 19 de agosto de 2022, horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre la captura de Jesús Murillo Karam, se reveló que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones, ambos ubicados en Iguala de la Independencia. Entre las órdenes de aprehensión también destacaron 26 contra policías de Huitzuco, “el lugar de la espinas”; seis contra municipales de Iguala; una contra un oficial de Cocula; 11 contra policías estatales de Guerrero y 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión fueron por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, informó la FGR.
Con información de Milenio
