VIOLAN SUSPENSIÓN FEDERAL Y DETIENEN AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LICENCIA DE AHOME
Acusan abuso de autoridad de instancias estatales en presunto desacato a una resolución de amparo vigente
Los Mochis, Sinaloa a 30 de mayo de 2025.- El presidente municipal con licencia de Ahome, Sinaloa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, fue detenido por agentes estatales en una aparente violación a la suspensión provisional concedida por un juez federal. La detención ocurrió este 30 de mayo en Sinaloa, a pesar de existir una orden judicial que prohibía privarlo de la libertad.
Según los informes, la detención se realizó con base en una orden del juez de control y enjuiciamiento penal, Carlos Alberto Herrera, y con la participación de la Fiscalía General del Estado, ambas autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo número 368/2025. “La orden judicial es clara: ninguna autoridad estatal puede ejecutar una orden de aprehensión mientras subsista la suspensión federal”, explicó un asesor legal cercano a la defensa de Vargas Landeros.
La suspensión se concedió como medida para proteger los derechos del funcionario mientras enfrentaba una cirugía programada, ante el temor de una persecución política. El propio Vargas Landeros promovió el amparo indirecto como precaución frente a la posibilidad de ser detenido arbitrariamente. Este recurso legal fue otorgado el 28 de mayo por el Juez Quinto de Distrito en Sinaloa.
El caso pone en evidencia un conflicto entre jurisdicciones estatales y federales en materia de impartición de justicia. El amparo, una figura del derecho federal mexicano, tiene efectos obligatorios inmediatos, por lo que su violación constituye una falta grave. El desacato puede implicar la comisión de delitos federales por parte de las autoridades involucradas.
La Fiscalía de Sinaloa y el juez de control Carlos Alberto Herrera ahora enfrentan señalamientos por presunta comisión de actos ilegales al ordenar y ejecutar la detención. La resolución judicial del amparo tenía como finalidad impedir cualquier acción que vulnerara los derechos del presidente con licencia mientras se resolvía el fondo del asunto. En México, el desacato a una suspensión de amparo puede sancionarse con penas de carácter administrativo y penal.
Este hecho reaviva la discusión nacional sobre el uso del sistema penal como instrumento de presión política. Diversas voces del ámbito jurídico han solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República para investigar y sancionar cualquier acto contrario al estado de derecho.
