Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero subrayó que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas claras, al referirse a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que, si bien su administración mantiene una postura firme contra la impunidad, también defenderá la soberanía nacional ante lo que consideró posibles motivaciones políticas detrás de las acusaciones.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es político”, declaró.

Sheinbaum reiteró que su gobierno actuará con base en la Constitución y las leyes mexicanas, y que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente.

“Si la Fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, deberá actuar bajo nuestra jurisdicción”, puntualizó.

Asimismo, enfatizó que México mantiene una relación de respeto e igualdad con otras naciones, rechazando cualquier tipo de injerencia extranjera en asuntos internos.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México. Nuestra posición es clara: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, sostuvo.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que autoridades estadounidenses formalizaran cargos por presunto narcotráfico contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron la apertura de una acusación que involucra a diez personas, presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado, los señalados habrían colaborado con dicha organización criminal para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de otros delitos relacionados con armas y secuestro.

Entre los acusados figuran funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal, incluyendo a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (“Juanito”).

Según la fiscalía estadounidense, estas redes de narcotráfico no podrían operar sin el apoyo de funcionarios corruptos, por lo que aseguraron que continuarán con las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico de drogas debe terminar”, señaló Clayton en el documento oficial.

El gobierno mexicano reiteró que cualquier acción legal deberá sustentarse en pruebas verificables y procesarse conforme al marco jurídico nacional.

Mientras tanto, la FGR se mantiene como la autoridad competente para analizar la información que pudiera ser enviada por las autoridades estadounidenses y determinar si procede una investigación formal en México.

La postura de la presidencia se resume en tres ejes: respeto a la ley, exigencia de pruebas y defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas.

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