Presidenta, ¿con México o con el narco?
La economía viene mal y por lo visto nos vamos a pelear con nuestro principal socio y vecino porque el gobierno va a defender a una pandilla de asesinos y narcos.
Nuestra presidenta tiene que decidir si está con México o con un cártel del narco.
Luego de oírla ayer se percibe de inmediato la tentación de usar la soberanía como guardaespaldas de un grupo de criminales.
Ante la solicitud de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos del gobernador de Sinaloa y una decena de funcionarios, la respuesta inicial de la presidenta fue de rechazo a la petición tal y como la envió el Departamento de Justicia.
Puede variar, pero su reacción inmediata fue negativa. Peor aún: en caso de encontrarse “pruebas contundentes e irrefutables se procederá conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción”, dijo.
Con fiscal carnal, jueces carnales y ministros carnales, los morenistas acusados pueden estar tranquilos porque dentro de “nuestra jurisdicción” tienen las espaldas cubiertas.
La defensa esbozada por la presidenta Sheinbaum es contradictoria con el espíritu y la letra de los acuerdos bilaterales en materia de extradición.
Sin juicio previo, el gobierno ha mandado a 96 ciudadanos mexicanos a Estados Unidos para ser juzgados y condenados allá por los mismos delitos que pesan sobre Rocha Moya y su grupo.
¿Por qué el trato diferenciado? Porque ahora los sujetos de la solicitud de extradición pertenecen al partido gobernante.
Con o sin protección de la Presidencia de la República, Morena es un partido moralmente derrotado.
Rocha Moya ha gobernado Sinaloa como un dictador. Un dictador narco. ¿Eso van a defender?
Concentró todo el poder en Sinaloa a través de la intimidación, el secuestro y el crimen.
No se equivoca el Departamento de Justicia al señalar que la elección de 2021 en esa entidad fue intervenida por Los Chapitos, mediante el secuestro de rivales políticos a cambio de protección, impunidad y libertad operativa.
Así tomó Morena la mayoría calificada en el Congreso del estado.
El presidente del Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez, renunció al cargo y asumió como secretario general de Gobierno, desde donde operó el desafuero del alcalde de Culiacán (del PT) para poner a uno de los suyos.
Inzunza copó con familiares y gente de su confianza el Tribunal de Justicia y la fiscalía del estado, donde se fabricó el montaje para simular que al exrector Héctor Melesio Cuén, rival político de Rocha Moya, lo habrían atado en un robo común.
A Cuén lo asesinaron en la emboscada que le tejieron Los Chapitos a Ismael El Mayo Zambada, con el señuelo de una reunión con el gobernador Rocha para zanjar diferencias.
Inzunza ahora es senador de Morena y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de estar comprado por Los Chapitos, lo mismo que el alcalde de Culiacán.
¿A esos personajes defenderá la presidenta? ¿O defenderá a México?
