EL PUEBLO QUE LE DIJO AL MURO: AQUÍ NO PASAS
BITÁCORA INQUIETA
La Nación Tohono O’odham enfrenta al Gobierno de Estados Unidos para defender un territorio ancestral que la frontera dividió, pero que la historia, la cultura y la memoria nunca dejaron de unir
JESÚS OCTAVIO MILÁN GIL
En medio del desierto de Sonora, donde durante siglos el viento ha caminado sin mostrar pasaporte, apareció una advertencia inesperada.
“No Trespassing”.
Prohibido el paso.
Los letreros fueron colocados sobre tierras de la Nación Tohono O’odham, frente a la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. No estaban dirigidos a migrantes, traficantes o viajeros extraviados. Sus destinatarios eran los contratistas enviados para construir una nueva barrera fronteriza.
La escena contiene una ironía difícil de ignorar: quienes pretenden levantar un muro para impedir el paso recibieron la advertencia de que tampoco ellos pueden pasar.
La Nación Tohono O’odham decidió recordarles que el desierto no es un territorio vacío; que antes de las excavadoras existieron caminos; antes del acero, sitios sagrados; antes de los sensores, comunidades; y antes de que México y Estados Unidos dibujaran una línea sobre el mapa, ya había un pueblo viviendo, caminando, orando y enterrando a sus muertos en esas tierras.
Los O’odham no llegaron a la frontera.
La frontera llegó a ellos.
Su territorio ancestral se extendía por buena parte del desierto sonorense, mucho antes de que existieran Arizona y Sonora con sus límites actuales. Durante generaciones recorrieron esa región siguiendo las estaciones, buscando agua, recolectando frutos del sahuaro, comerciando, visitando a sus familias y participando en ceremonias que daban sentido a su relación con la tierra.
No eran habitantes dispersos de un espacio sin dueño. Eran una nación con lengua, memoria, organización comunitaria, conocimientos sobre el desierto y una espiritualidad profundamente vinculada con el territorio.
La colonización española alteró aquel mundo. Después llegaron las misiones, los presidios, los conflictos, las epidemias, la apropiación de tierras y las nuevas formas de autoridad. Más tarde surgieron dos Estados nacionales que comenzaron a establecer fronteras sobre territorios indígenas cuya historia era mucho más antigua que ellos.
El momento decisivo ocurrió con la Compra de La Mesilla, acordada en 1853 y ratificada en 1854. México cedió a Estados Unidos una extensa franja territorial que actualmente forma parte del sur de Arizona y Nuevo México.
La nueva línea internacional atravesó el mundo O’odham.
Familias pertenecientes al mismo pueblo quedaron repentinamente bajo gobiernos diferentes. Algunos amanecieron en México y otros en Estados Unidos, aunque compartieran antepasados, lengua, ceremonias, rutas y sitios sagrados.
Nadie les preguntó por dónde debía pasar la frontera.
Nadie pidió permiso a la memoria.
La historia oficial suele narrar estos acontecimientos mediante tratados, mapas, presidentes y extensiones territoriales. Pero casi nunca explica lo que ocurre cuando una línea diplomática divide un cementerio, separa una familia, interrumpe una peregrinación o convierte un camino ceremonial en un cruce internacional.
Los mapas muestran países.
Los pueblos viven territorios.
A pesar de la división, los O’odham conservaron sus vínculos. Continuaron cruzando para visitar familiares, participar en ceremonias, acudir a fiestas religiosas y mantener viva una identidad que no cabe completamente dentro de ninguna de las dos nacionalidades.
Entre sus prácticas se encuentran las peregrinaciones hacia Magdalena de Kino, la ceremonia de Vígĭtha en Quitovac y las rutas tradicionales hacia el mar de Cortés. También permanece su relación espiritual con Baboquivari, la montaña considerada centro de su universo y morada de I’itoi, el Creador.
El desierto, para ellos, no es un escenario vacío que deba conquistarse.
Es casa, templo, camino, escuela, farmacia, cementerio y memoria.
En Estados Unidos, la reserva principal de la Nación Tohono O’odham fue establecida mediante disposiciones presidenciales de 1916 y 1917. Posteriormente, el Congreso ratificó y amplió sus tierras. Actualmente, la Nación es una nación tribal reconocida por el Gobierno federal, cuenta con aproximadamente 37 mil miembros inscritos y ejerce soberanía sobre una reserva de alrededor de 2.8 millones de acres.
Su frontera sur coincide con cerca de 62 millas —unos 100 kilómetros— de la línea internacional con México. Del lado sonorense permanecen comunidades O’odham que mantienen vínculos familiares, culturales y religiosos con quienes habitan en Arizona.
Es precisamente sobre esas 62 millas donde el Gobierno estadounidense pretende construir un muro primario y otro secundario, acompañados de caminos, patios de operación e infraestructura de vigilancia.
El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que la obra forma parte de sus atribuciones para controlar la frontera, combatir el tráfico de personas y drogas y proteger la seguridad pública.
La Nación Tohono O’odham sostiene otra cosa: que el Ejecutivo no puede ocupar sus tierras, destruir sus recursos ni modificar de hecho los límites de la reserva sin su consentimiento y sin la intervención del Congreso.
Por eso presentó una demanda ante una corte federal en Washington.
Por eso colocó los letreros.
Por eso advirtió que las empresas y personas ajenas a la comunidad no pueden ingresar sin autorización, y que hacerlo podría exponerlas a acciones civiles o penales conforme a la legislación tribal, además de la posible incautación de bienes.
No es un gesto folclórico.
Es un acto de soberanía.
El argumento jurídico de la Nación se apoya, entre otras disposiciones, en la sección 398d del Título 25 del Código de Estados Unidos, según la cual los cambios en los límites de las reservas indígenas creadas por orden ejecutiva, proclamación u otra disposición no pueden realizarse sino mediante una ley del Congreso.
La Nación sostiene que levantar una estructura de acero al norte de la línea internacional, ocupar tierras para caminos y áreas de construcción y excluirlas del uso comunitario equivaldría, en los hechos, a desplazar el límite efectivo de la reserva.
El Gobierno federal rechaza esa interpretación.
El 14 de agosto de 2026, el juez federal Richard J. Leon negó la suspensión preliminar solicitada por la Nación para detener las obras mientras continúa el litigio. Su razonamiento descansó, en buena medida, sobre la llamada Reserva Roosevelt: una franja de aproximadamente 60 pies —unos 18 metros— establecida por una proclamación presidencial de 1907 a lo largo de la frontera internacional y colocada bajo control federal para combatir el contrabando. Como esa disposición antecede a la creación de la reserva Tohono O’odham en 1917, el juez consideró probable, en esta etapa procesal, que el Gobierno pueda construir dentro de esa franja sin modificar jurídicamente los límites de las tierras tribales.
Leon concluyó también que la Nación no había demostrado todavía que el proyecto constituyera una invasión ilegal de sus terrenos y determinó que, por ahora, los intereses federales en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes migratorias y protección pública tenían mayor peso que los daños alegados. Sin embargo, reconoció que el caso plantea cuestiones jurídicas novedosas y manifestó que esperaba que el Gobierno cumpliera sus compromisos de consultar y cooperar con la Nación.
La resolución representa un revés importante, pero no equivale necesariamente a una sentencia definitiva sobre todos los méritos del litigio. Niega una medida cautelar y permite que las obras avancen por ahora; no borra el conflicto histórico ni impide que la Nación valore otras vías procesales para defender sus tierras, lugares sagrados y derechos soberanos.
La controversia jurídica no necesariamente ha concluido y la Nación ha anunciado que estudiará todas las opciones disponibles.
Por eso sería inexacto decir que los O’odham ya detuvieron definitivamente el muro.
Lo que sí hicieron fue algo históricamente significativo: enfrentaron al poder federal, defendieron su jurisdicción y obligaron a un tribunal y a la sociedad estadounidense a mirar un territorio que durante demasiado tiempo se trató como si estuviera deshabitado.
También es necesario desmontar una simplificación.
La Nación Tohono O’odham no se opone a toda forma de seguridad fronteriza. Durante años ha cooperado con agencias federales, permitido instalaciones operativas, barreras para vehículos y equipos de vigilancia, y participado en acciones contra el narcotráfico, el tráfico de personas y los cruces ilegales.
Sus policías conocen mejor que muchos funcionarios federales la complejidad de esa frontera.
La discusión no es, entonces, seguridad o ausencia de seguridad.
La pregunta es otra: ¿puede un gobierno utilizar la seguridad como argumento para imponer cualquier obra, en cualquier territorio y sin consentimiento efectivo de quienes lo han habitado desde tiempos inmemoriales?
Porque un muro no ocupa solamente el espacio exacto donde se levanta.
Para construirlo es necesario abrir caminos, remover vegetación, nivelar terrenos, instalar patios de maniobras, trasladar maquinaria, elaborar concreto y, en algunos tramos, perforar o dinamitar montañas.
En el desierto, donde cada gota sostiene un frágil equilibrio, extraer agua no es una operación menor.
Quitobaquito lo demuestra.
Este oasis, localizado en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, cerca del territorio ancestral O’odham, constituye uno de los pocos cuerpos de agua permanentes de la región. Es un espacio de enorme valor ecológico, histórico y espiritual, además de refugio para especies que dependen de condiciones extraordinariamente delicadas.
Durante anteriores obras fronterizas, organizaciones ambientales, especialistas y representantes indígenas documentaron el bombeo de agua subterránea y advirtieron sobre sus posibles efectos en el equilibrio de los manantiales. No puede afirmarse, sin evidencia actual suficiente, que las nuevas construcciones ya estén secando Quitobaquito. Pero los antecedentes obligan a aplicar el principio más elemental de responsabilidad: cuando el daño puede ser irreversible, la incertidumbre no debe utilizarse como permiso para actuar sin precauciones.
Los riesgos tampoco son únicamente ambientales.
La Nación advierte sobre posibles daños a montañas sagradas, cementerios, petroglifos, plantas ceremoniales y antiguas rutas que unen a las comunidades. El muro podría dificultar todavía más la convivencia de familias separadas por una frontera que ellas no trazaron.
Una estructura puede seguir con precisión las coordenadas de un Estado y, al mismo tiempo, ignorar por completo la geografía de la memoria.
Puede cortar un sendero, pero no su significado.
Puede dividir un paisaje, pero no la historia compartida.
Puede impedir un cruce, pero no convertir a una familia en dos pueblos diferentes.
El caso también interpela a México.
No basta con observar desde este lado y denunciar las decisiones de Washington. El Estado mexicano debe preguntarse qué ha hecho para reconocer y proteger efectivamente a las comunidades O’odham de Sonora, garantizar su identidad, facilitar su documentación, respetar sus territorios y preservar su movilidad cultural.
Defender a los pueblos originarios solamente cuando sus derechos son amenazados en otro país resulta demasiado cómodo.
La deuda histórica también vive de este lado de la frontera.
Durante siglos, los pueblos indígenas fueron descritos como sobrevivientes de un mundo antiguo, casi como piezas inmóviles de museo. Esa mirada les reconoce pasado, pero les niega presente. Admira sus artesanías, sus ceremonias y sus lenguas, pero se incomoda cuando reclaman territorio, jurisdicción y poder de decisión.
La Nación Tohono O’odham no está pidiendo que la historia retroceda.
Está exigiendo que el futuro no se construya borrando su existencia.
¿Quién llegó primero al desierto: los O’odham o la frontera?
¿De qué sirve reconocer la soberanía indígena si esta desaparece cuando se interpone en el camino de un proyecto federal?
¿Puede llamarse seguridad a una obra que protege una línea política, pero amenaza el agua, los sitios sagrados y la continuidad de una cultura?
Los letreros de “Prohibido el paso” quizá no basten para detener las excavadoras. Una resolución judicial ya permitió al Gobierno continuar, al menos por ahora, con sus planes. Pero esas palabras colocadas frente al muro han conseguido algo que el acero no puede contener.
Han obligado al poder a recordar que allí no comienza un territorio vacío.
Debajo de cada poste puede haber un sendero ceremonial.
Debajo del concreto puede existir un vestigio ancestral.
Detrás de la vigilancia hay familias.
Y bajo la arena permanece la memoria de un pueblo que estaba allí antes que la frontera.
Porque la frontera dividió su territorio, pero todavía no ha conseguido dividir su alma.
