La Costumbre del Poder: Verdad impuesta por la dupla que gobierna
* Lo único cierto es que aquí nadie respeta y tampoco nadie sanciona las infracciones a ley como está señalado. Si los medios mienten, si un analista político tergiversa el dato confirmado y cierto para servir a intereses ajenos a la sociedad, debe ser sancionado, pero nadie impone multas, ya no digamos otras sanciones legales. Cuando es la autoridad -en sus tres niveles- la que miente para ocultar sus errores o sus trapacerías o tozudez, no hay quien le ponga un alto
Gregorio Ortega Molina
No están interesados en la reforma constitucional, saben que, para imponerse como gobierno y proyecto de nación, las basta con emitir un decreto, y ya sabemos el nicho de la historia en que se ubican quienes mandan decretando su verdad política y legal.
Sebosa antinomia para ocultar las intenciones que los guían. No tocar la Constitución, pero reinterpretarla a su real saber y entender. El artículo sexto constitucional no requiere interpretaciones, normas secundarias ni regulaciones, es absolutamente claro.
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”…
¿Excluyeron el derecho de las audiencias? No parece que así sea, interpretarlo de otra manera es imponer criterios políticos sobre una norma constitucional más que revisada y probada. ¿Quiénes temen a que este artículo de la Constitución se aplique como modelo normativo en la relación informativa entre gobierno, medios y sociedad?
Lo único cierto es que aquí nadie aplica la ley como está señalado. Si los medios mienten, si un analista político tergiversa el dato confirmado y cierte para servir a intereses ajenos a la sociedad, debe ser sancionado, pero nadie impone multas, ya no digamos otras sanciones legales.
Cuando es la autoridad -en sus tres niveles- la que miente para ocultar sus errores o sus tracerías o tozudez, no hay quien le ponga un alto. El odiado Vicente Fox Quesada creó “el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales); fue un organismo autónomo en México encargado de garantizar el acceso a la información pública y cuidar los datos personales. Esta institución dejó de existir a finales de 2024 tras una reforma constitucional”. ¿A quiénes convino que así sucediera?
A quienes están detrás del proyecto bolivariano para México, con una innovación, estará dirigido por una dupla similar a la nicaragüense.
@OrtegaGregorio
