Movilidad: cuatro años de omisión
Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal”. – Aristóteles.
La discusión sobre movilidad y seguridad vial en Veracruz dejó de ser un asunto meramente legislativo. Hoy es un problema de vida o muerte. Mientras las motocicletas se multiplican en calles y carreteras y los accidentes graves forman parte de la cotidianidad, el estado continúa arrastrando un rezago en la armonización de su legislación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada desde mayo de 2022.
El dato es revelador: en junio de 2025, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportaba que 23 entidades habían armonizado sus leyes y ubicaba a Veracruz entre seis estados que únicamente contaban con iniciativas en proceso.
No se trata, además, de que al Congreso veracruzano nadie le haya advertido. El Senado exhortó desde noviembre de 2022 a Veracruz y otras entidades a expedir sus leyes de movilidad. En marzo y abril de 2024 volvió a hacerlo, recordando que la armonización deriva del reconocimiento constitucional del derecho a una movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, incluyente y de calidad.
Cuatro años después de expedida la legislación general, Veracruz continúa dependiendo fundamentalmente de su Ley de Tránsito y Seguridad Vial y de disposiciones relacionadas con transporte, cuando la nueva concepción federal es mucho más amplia: no busca simplemente ordenar vehículos ni imponer multas, sino prevenir siniestros y reducir muertes y lesiones graves. La LGMSV coloca primero al peatón —particularmente personas con discapacidad o movilidad limitada—, después a ciclistas, usuarios del transporte público y finalmente a los vehículos motorizados particulares.
Y ahí aparece la contradicción: mientras la ley local espera, los accidentes no.
La propia Cámara de Diputados documentó que entre 2023 y marzo de 2024 Veracruz registró 6 mil 637 siniestros en los que estuvieron involucrados motociclistas. Todavía más preocupante: durante el primer trimestre de 2024 los motociclistas fallecidos pasaron de 33 a 55 respecto del mismo periodo de 2023.
Los datos posteriores confirman que no estamos frente a una percepción. En 2024 Veracruz registró 10 mil 673 accidentes viales, de los cuales 2 mil 343 involucraron motocicletas. Para 2025, información de la Dirección General de Tránsito obtenida vía transparencia reportó 8 mil 565 accidentes relacionados con motocicletas, aunque se trata de una fuente administrativa distinta y, por ello, las cifras no son directamente comparables con la estadística del INEGI.
El fenómeno continúa. El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud contabilizaba más de cuatro mil accidentes de transporte en vehículo de motor entre enero y mayo de 2026. A ello se suma la advertencia de cuerpos de emergencia sobre exceso de velocidad, falta de casco y conducción temeraria.
La región de Xalapa merece atención especial. COEPRA ha identificado como zonas críticas Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines, Américas, Circuito Presidentes, Arco Sur, Miguel Alemán y el corredor Xalapa-Banderilla.
Y recientemente apareció otro ingrediente preocupante: los llamados fotógrafos “biker” apostados en avenidas y carreteras para captar motociclistas. La búsqueda de una fotografía espectacular puede incentivar aceleraciones, inclinaciones pronunciadas, rebases o maniobras destinadas a lucirse ante la cámara. Sin embargo, sería irresponsable afirmar que los fotógrafos causan los accidentes sin una investigación técnica que lo demuestre. Lo que sí existe es un factor de riesgo que autoridades y especialistas deberían estudiar.
Porque precisamente para eso sirve una política moderna de seguridad vial: para analizar velocidades, infraestructura, comportamiento, puntos de concentración de siniestros, uso de casco certificado, alcohol, distractores y nuevos fenómenos sociales.
Veracruz necesita acelerar la armonización, establecer límites de velocidad acordes con la LGMSV, fortalecer el uso obligatorio de cascos certificados, recuperar operativos preventivos, profesionalizar licencias, construir bases de datos confiables y revisar si la movilidad debe seguir administrándose esencialmente bajo una lógica policial.
El Congreso local tiene una deuda legislativa que ya no admite demasiadas mesas ni diagnósticos.
En este rezago existe también una responsabilidad política que debe señalarse. El diputado Juan Tress Zilli, presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso del Estado, no puede permanecer como simple espectador frente a un problema que cobra vidas y que exige respuestas legislativas.
La lentitud para concretar la armonización de Veracruz con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial contrasta con la dimensión de la crisis que diariamente se observa en calles y carreteras. Desde la comisión que preside tendría que impulsarse, con carácter prioritario, la construcción, dictaminación y aprobación del nuevo marco normativo, convocando a especialistas, transportistas, motociclistas, ciclistas, colectivos ciudadanos y autoridades.
Ante los reiterados exhortos federales y la evidencia de los siniestros viales, ya no basta argumentar que el tema permanece “en análisis”.
La omisión no exime de responsabilidad política y la pasividad legislativa también debe ser evaluada por los ciudadanos, particularmente cuando lo que está en juego no es una disputa partidista, sino la protección de la vida y la integridad de quienes utilizan diariamente las vías veracruzanas.
Cada motociclista muerto convierte el retraso en algo más grave que una omisión parlamentaria.
Porque las iniciativas pueden esperar en una comisión; las vidas, no.
Al tiempo.
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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
