Sistema Universal de Salud ¿Utópico?

El 17 de abril de 2026, el Gobierno de México publicó el decreto que crea el Servicio Universal de Salud (SUS), con el que busca coordinar al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar mediante una credencial universal ligada a la CURP y un sistema de intercambio de servicios y expedientes clínicos entre instituciones. La promesa es sencilla de enunciar y enorme de cumplir: que cualquier persona, sin importar su afiliación, pueda recibir atención en cualquiera de las tres instituciones. El registro arrancó para personas de 85 años o más, y se irá ampliando por grupos de edad a lo largo del año.

La pregunta que da título a esta columna no nace de un prejuicio, sino de una distinción que conviene tener clara desde el inicio: portabilidad no es lo mismo que integración. Que una persona pueda moverse entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar con una sola credencial es útil, pero no cambia las reglas que determinan quién está protegido y con qué recursos. El sistema mexicano sigue organizado por financiamiento segmentado y derechos diferenciados según el estatus laboral de cada quien, y una reforma de coordinación administrativa, por sí sola, no modifica eso.

Tampoco es la primera vez que existe un rediseño al sistema para quienes no tienen seguridad social. Pasamos de Seguro Popular a INSABI en 2020, de ahí a IMSS-Bienestar, y ahora sumamos el Sistema Universal de Salud como una capa adicional mientras las reformas anteriores todavía no terminan de consolidarse. Esta volatilidad institucional no equivale a fracaso, pero sí desgasta algo importante: la credibilidad de cada nueva promesa, porque el ciudadano ya vivió esta misma narrativa con otros nombres.

Y aquí es donde el presupuesto entra como el dato que más pesa, porque ningún rediseño administrativo compensa una diferencia de esta magnitud. El gasto público en salud para 2026 se estima en apenas 2.5% del producto interno bruto (PIB), con el gasto destinado a personas sin seguridad social cayendo a su nivel más bajo desde 2010. Pero el dato que de verdad pone las cosas en perspectiva es otro: el gasto total en salud de México —sumando lo público y lo privado— es de 5.9% del PIB. El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es 9.3%. No es una diferencia menor: estamos por debajo de economías comparables o incluso más pequeñas que la nuestra, y esa brecha se traduce directamente en menos personal médico, menos camas hospitalarias y menos equipo de diagnóstico disponible por habitante que en la mayoría de nuestros pares internacionales.

A esto se suma un problema estructural de fondo: en febrero de 2026, la tasa de informalidad laboral en México fue de 51.5%. Como el financiamiento de la salud sigue ligado al estatus laboral, más de la mitad de la fuerza de trabajo del país construye su protección médica sobre una base inestable, sin importar cuántas credenciales nuevas se emitan. A esto se suma, de forma más cotidiana, el desabasto de medicamentos que sigue documentando la percepción ciudadana y que golpea sobre todo a quienes menos alternativas privadas tienen.

Un análisis publicado el 9 de junio en The Lancet Global Health, por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y del Imperial College de Londres, confirma con rigor académico esta misma lectura: el Sistema Universal de Salud es una reforma operativa, no estructural, y su atractivo político está precisamente en esa limitación, porque permite señalar universalismo sin necesidad de redistribuir recursos de verdad.

Nada de esto significa que el proyecto esté condenado ni que la intención sea equivocada. Un sistema de salud verdaderamente universal es exactamente lo que México necesita: hoy, según cuánto gane y dónde trabaja una persona, dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden recibir una atención radicalmente distinta. Corregir eso es deseable y necesario.

Pero la diferencia entre una reforma ambiciosa y una utopía no la determina el decreto que la crea, sino el presupuesto y los mecanismos que la sostienen después de la firma. Mientras México siga gastando en salud casi cuatro puntos del PIB por debajo del promedio de la OCDE, y mientras la mitad de su fuerza laboral siga sin una base estable de protección, cualquier credencial nueva —por bien diseñada que esté— seguirá siendo, en el mejor de los casos, un mapa mejor para navegar la misma fragmentación. Y un mapa, por muy bueno que sea, no construye el camino.