LOS 59 MILLONES DE LITROS QUE TODAVÍA NADIE HA PODIDO EXPLICAR

Una pipa detenida en Guanajuato condujo a una terminal con diez tanques y cerca de 59 millones de litros de combustible. Las autoridades hablaron de un golpe histórico contra el huachicol, pero la investigación todavía debe responder la pregunta esencial: ¿de quién era cada litro y cómo llegó hasta allí?

Todo comenzó con una pipa.

Era julio de 2026. La investigación que comenzó entonces se prolongaría durante varias semanas. En San Luis de la Paz, Guanajuato, un vehículo con capacidad aproximada de 33 mil litros de diésel fue detenido cuando descargaba combustible en una gasolinera. El conductor no pudo acreditar con claridad la procedencia del producto. Lo que parecía una irregularidad más en las carreteras mexicanas abrió una puerta mucho mayor.

La investigación pasó de una estación de servicio a otros inmuebles. Siguió documentos, rutas y propietarios hasta llegar a una terminal de almacenamiento en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. Allí no había una pipa, sino diez enormes tanques. En su interior, según las cifras difundidas, había cerca de 59 millones de litros de combustible.

La cantidad produjo vértigo. Aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 18.2 millones de diésel y 7.2 millones de gasolina premium. En conjunto, cerca de 374 mil barriles.

La noticia corrió con una palabra que en México ya lleva consigo delito, corrupción y miedo: huachicol.

Se habló de un decomiso histórico, del mayor golpe contra el robo de combustibles y de una instalación vinculada con operaciones ilegales. Las imágenes de los tanques hicieron el resto. Ante semejante volumen, parecía innecesario esperar explicaciones. La condena pública llegó antes que los dictámenes.

Pero unos días después aparecieron preguntas capaces de alterar la historia inicial.

La terminal no estaba escondida entre sembradíos ni conectada mediante mangueras improvisadas a un ducto perforado. Era una instalación visible, con infraestructura ferroviaria. La empresa encargada de la terminal, Grupo SIMSA, sostuvo que operaba legalmente, contaba con los permisos correspondientes y que el combustible no necesariamente le pertenecía, pues almacenaba producto para otras compañías.

La Fiscalía General de la República respondió que aún no se había acreditado plenamente la legalidad, la propiedad y la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo. El combustible quedó inmovilizado mientras continuaban las investigaciones.

Aquí aparece una diferencia que puede parecer pequeña, pero que en un Estado de derecho resulta enorme: asegurar no es lo mismo que decomisar.

El aseguramiento es una medida provisional. Permite preservar un bien mientras la autoridad investiga su origen y determina si está relacionado con algún delito. El decomiso, en cambio, supone una resolución que priva definitivamente de ese bien porque se ha demostrado su procedencia o utilización ilícita.

Hasta ahora, por tanto, no puede afirmarse que los cerca de 59 millones de litros sean huachicol. Tampoco puede asegurarse lo contrario. Eso es precisamente lo que la FGR tiene que esclarecer.

La responsabilidad principal recae ahora en la fiscal general, Ernestina Godoy. Fue ella quien ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajera la investigación, después de que las empresas relacionadas no acreditaran —según la FGR— de manera completa y fehaciente el origen, manejo y destino de todo el combustible. Claudia Sheinbaum también intervino: primero pidió acelerar las detenciones de quienes estuvieran detrás de una posible red ilegal; después, ante las contradicciones del caso, reclamó a la Fiscalía una explicación clara sobre las razones del aseguramiento. La presidenta formuló las preguntas correctas: de dónde venía el combustible, quién era su propietario y hacia dónde se distribuía. Ahora corresponde a la fiscal responderlas con expedientes y pruebas, no con otro anuncio espectacular.

La prudencia no significa indulgencia. Que una terminal cuente con permisos municipales o que una empresa exhiba contratos no convierte automáticamente en legal cada litro almacenado. Los documentos deben coincidir con la realidad física, fiscal, aduanera y comercial. Pero la sospecha, por grande que sea el tanque que la contiene, tampoco sustituye a la prueba.

¿De quién era el combustible?

¿Dónde fue producido o comprado? ¿Ingresó legalmente al país? ¿Se pagaron los impuestos correspondientes? ¿Qué empresas eran propietarias de cada lote? ¿Las facturas coinciden con los inventarios? ¿Existen pedimentos aduanales? ¿A qué estaciones de servicio o clientes iba a enviarse? ¿Por qué se presentó públicamente como huachicol antes de terminar los peritajes? ¿Y cómo puede asegurarse una cantidad de esa magnitud sin que, en el lugar, se produzcan detenciones inmediatas?

No son preguntas destinadas a exculpar a nadie. Son las preguntas que separan una investigación de un espectáculo.

En este caso, la palabra decisiva es trazabilidad. Suena técnica, pero significa algo sencillo: cada litro debe tener una historia que pueda reconstruirse. Alguien lo produjo o importó; alguien lo vendió; alguien lo pagó; alguien cubrió —o dejó de cubrir— los impuestos; alguien lo transportó, almacenó y finalmente lo distribuyó.

Esa cadena debería quedar registrada en facturas, contratos, permisos, pedimentos, inventarios, bitácoras de transporte y movimientos bancarios. Cuando los eslabones coinciden, el combustible puede seguirse desde su origen hasta la bomba que lo vende. Cuando alguno desaparece, el producto continúa existiendo físicamente, pero su historia se vuelve opaca.

Como químico aprendí que una sustancia no se identifica por el tamaño del recipiente ni por la etiqueta adherida a él. Hay que tomar muestras, analizarlas, comparar resultados y descartar posibilidades. La primera impresión puede orientar una investigación, pero jamás reemplazarla.

Algo semejante ocurre aquí. Cincuenta y nueve millones de litros no se convierten en huachicol solamente porque una autoridad los llame así. Se convierten en evidencia de un delito cuando las pruebas demuestran que fueron robados, introducidos ilegalmente, ocultados al fisco o comercializados mediante documentos falsos.

Durante años, el huachicol fue representado por la imagen del ducto perforado: una toma clandestina, bidones, camionetas y poblaciones enteras expuestas al incendio. Esa forma de robo no ha desaparecido. Pero a su lado creció otra operación menos rudimentaria y posiblemente más lucrativa: el huachicol fiscal.

Este no siempre necesita horadar una tubería. Puede cruzar una aduana declarado como otra sustancia, reducir artificialmente el pago de impuestos, utilizar empresas intermediarias o borrar el rastro del verdadero propietario. No deja necesariamente una fuga sobre la tierra. Su derrame ocurre en la contabilidad pública.

Por eso el caso de La Fragua es importante, aun si al final se acredita la legalidad de una parte considerable del combustible. La investigación permitirá saber si México posee realmente los mecanismos para seguir productos que se mueven en volúmenes industriales, pasan por trenes, terminales y pipas, y terminan abasteciendo miles de vehículos.

También debe examinarse la manera en que el poder comunica sus operativos.

En la lucha contra el crimen, las autoridades necesitan informar resultados. Pero existe una tentación: convertir cada cateo en victoria definitiva, cada sospecha en culpabilidad y cada aseguramiento en decomiso. El anuncio espectacular ocupa los titulares; la aclaración posterior suele caminar mucho más despacio.

Hay, además, una contradicción reveladora en las fechas. De acuerdo con información publicada por Reforma y retomada por El País, el operativo habría ocurrido el 4 de septiembre; la terminal habría reanudado actividades el día 10, y el anuncio público del supuesto decomiso histórico se produjo hasta el 17. Si esa cronología se confirma, durante trece días existió una distancia difícil de explicar entre lo sucedido en la planta y la manera en que el poder decidió contarlo. No es un detalle menor: una investigación en curso terminó presentada ante el país como una victoria consumada.

Cuando un gobierno presenta una investigación inconclusa como caso resuelto, puede dañar reputaciones, debilitar futuros procesos judiciales y alimentar la desconfianza. Si más adelante los tribunales determinan que las pruebas eran insuficientes, la ciudadanía no siempre distingue entre una absolución jurídica y un fracaso de comunicación. Termina creyendo que alguien compró impunidad o que las autoridades inventaron el delito.

La responsabilidad también alcanza a las empresas. Quien participa en una actividad tan sensible como el almacenamiento y la distribución de combustibles no puede responder únicamente que los productos pertenecen a terceros. Debe saber quiénes son esos terceros, qué entregaron, en qué cantidad, con qué documentos y cuál era el destino. Guardar combustible ajeno no elimina la obligación de llevar registros capaces de resistir una inspección.

La FGR tiene frente a sí una tarea inmensa. Deberá revisar no una sola factura, sino probablemente miles de movimientos; confrontar inventarios físicos y fiscales; identificar propietarios; seguir transferencias bancarias; verificar importaciones, impuestos y rutas de transporte. Además, tendrá que explicar qué volumen del combustible tuvo su procedencia plenamente acreditada y cuál permaneció sin justificar. Una cifra global no bastará.

Si existió delito, deberá decir quién lo cometió, mediante qué operación y con qué complicidades. Si el combustible era legal, tendrá que reconocerlo con la misma publicidad empleada para anunciar el aseguramiento. Y si una parte tenía origen lícito y otra no, habrá que abandonar el titular fácil y explicar la complejidad.

Ni la empresa merece una absolución anticipada ni las autoridades un cheque en blanco.

El periodismo tampoco debe elegir entre repetir el boletín oficial o convertirse en defensor de los investigados. Su trabajo consiste en mantener abiertas las preguntas hasta que aparezcan las pruebas. En un país acostumbrado a los expedientes que comienzan con estruendo y terminan en silencio, preguntar también es una forma de vigilancia.

Todo comenzó con una pipa de aproximadamente 33 mil litros. Siguiendo su ruta, las autoridades llegaron hasta diez tanques que guardaban una cantidad casi mil ochocientas veces mayor. Sin embargo, el verdadero hallazgo no fue solamente el combustible. Fue la fragilidad del sistema encargado de conocer su origen, cobrar sus impuestos y vigilar su destino.

En México no basta con encontrar 59 millones de litros.

Hay que encontrar también las facturas, los impuestos, los propietarios y la verdad. Porque cuando una cantidad semejante aparece sin una historia completamente acreditada, lo que está en duda no es únicamente la procedencia del combustible.

Es la capacidad del Estado para saber qué circula dentro de su propio territorio.