AYOTZINAPA, DOCE AÑOS DESPUÉS

Doce años han pasado desde la noche de Iguala y México todavía no puede responder la pregunta más sencilla y más terrible: ¿dónde están? El tiempo envejeció a los padres, desgastó expedientes y derribó versiones oficiales, pero no convirtió la desaparición de 43 estudiantes en pasado.

Hay noches que terminan cuando amanece y otras que se quedan viviendo dentro de un país.

La del viernes 26 de septiembre de 2014 pertenece a las segundas.

Han pasado doce años. Los estudiantes que aquella noche tenían dieciocho, diecinueve o veinte años serían hoy hombres de treinta. Algunos quizá estarían dando clases en una comunidad serrana; otros habrían formado una familia; alguno habría llegado a director de escuela; otro seguiría tomando un autobús de madrugada para enseñar a niños que todavía escriben con lápiz. Sus padres, en cambio, han envejecido buscándolos. En sus rostros puede medirse un tiempo distinto: no el de los calendarios, sino el de la espera.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa habían llegado a Iguala para conseguir autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. Eran jóvenes de origen humilde, muchos hijos de campesinos, formados para enseñar donde casi nadie quiere hacerlo. Aquella noche fueron perseguidos y atacados en distintos puntos de la ciudad. Participaron policías municipales y actuaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Otras corporaciones supieron, observaron o llegaron a los escenarios. El saldo inmediato fue de seis personas asesinadas, decenas de heridos y 43 normalistas desaparecidos.

Desde entonces, México aprendió a contar hasta 43 de una manera diferente.

No son una cifra. Tienen nombre, rostro, familia, cuadernos, apodos y proyectos. Convertirlos únicamente en número sería otra forma de desaparecerlos. Por eso sus padres llevaron las fotografías a las calles y formularon una pregunta capaz de poner en evidencia a todas las instituciones del Estado:

¿Dónde están?

La primera respuesta oficial quiso cerrar demasiado pronto lo que apenas empezaba a investigarse. La llamada “verdad histórica” sostuvo que los jóvenes habían sido entregados a Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y que sus restos habían sido arrojados al río San Juan. Se presentó como una conclusión casi definitiva. Pero la ciencia, los peritajes independientes y las contradicciones del propio expediente demostraron que aquella narración no podía sostenerse como explicación del destino de los 43.

Después conocimos torturas a detenidos, diligencias irregulares, pruebas manipuladas y líneas de investigación abandonadas. La versión concebida para clausurar el caso terminó convertida en evidencia de otro crimen: el intento de administrar la verdad.

Ayotzinapa dejó entonces de ser solamente la historia de una desaparición masiva. Se volvió también la historia de un encubrimiento, de una investigación fragmentada y de un Estado que, en vez de responder con claridad, fue levantando capas de niebla sobre una noche que ya era oscura.

Doce años después, sólo han sido identificados fragmentos óseos de tres estudiantes: Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. De los otros cuarenta no existe una explicación concluyente sobre su destino. Esa sola realidad debería bastar para impedir cualquier discurso triunfalista.

Han cambiado los gobiernos. Enrique Peña Nieto entregó una investigación desacreditada. Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer el caso, creó una comisión y permitió avances que rompieron parte del relato anterior; su propio gobierno reconoció que se trató de un crimen de Estado. Pero también terminó enfrentado con las familias y con los expertos independientes por la entrega incompleta de archivos militares y por la imposibilidad de llegar a la verdad plena.

Claudia Sheinbaum heredó no sólo un expediente, sino una promesa incumplida por el Estado mexicano. A pocos días del duodécimo aniversario, la investigación volvió a sacudirse con la detención y vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, acusado por la Fiscalía —sin que ello prejuzgue sobre su responsabilidad— de ocultar evidencias relacionadas con videos de vigilancia de aquella noche. Al mismo tiempo, las autoridades exploran la hipótesis de que instalaciones funerarias pudieron haber sido utilizadas para eliminar rastros, una línea que las familias observan con comprensible cautela.

El viernes 25 de septiembre, durante su conferencia matutina en Villahermosa, Tabasco, Sheinbaum informó que el lunes 28 el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán presentarán un informe sobre nuevas líneas de investigación, búsquedas y detenciones. La presidenta dijo que las familias ya conocen los avances y explicó que la exposición se aplazó por la agenda del viernes y por la marcha del sábado. El anuncio abre una expectativa inmediata, pero también impone una medida rigurosa: después de doce años, ninguna novedad deberá juzgarse por su presentación, sino por las pruebas que aporte y por su capacidad real para conducir hasta los estudiantes.

Una detención tardía puede ser importante, pero no dice todavía dónde están los estudiantes. Tampoco una nueva hipótesis se vuelve cierta por anunciarse ni un expediente esclarece los hechos sólo por acumular millones de páginas. Cada pista debe comprobarse. México ya pagó demasiado por las conclusiones fabricadas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ayudó a desmontar la versión del basurero, reconstruyó movimientos, revisó comunicaciones y señaló información que las instituciones castrenses no entregaron de manera completa. Su salida de México, en 2023, dejó una conclusión dolorosa: no era la falta de capacidad técnica lo que impedía avanzar, sino la falta de colaboración plena de autoridades que poseían información relevante.

Ése es uno de los nudos que continúan apretando la garganta del país. El Ejército tenía presencia en Iguala, seguía actividades criminales en la zona y conocía los movimientos de los normalistas. Según las investigaciones del GIEI, uno de los desaparecidos, Julio César López Patolzin, era soldado en activo y cumplía funciones de información dentro de la normal. La exigencia de abrir todos los archivos no es una acusación genérica contra las Fuerzas Armadas; es una obligación elemental en una investigación que no puede admitir zonas prohibidas.

La verdad no debe detenerse frente a un uniforme, un partido, un cargo o una razón de Estado.

Ayotzinapa importa porque concentra muchas de las fracturas de México: la pobreza que empuja a los jóvenes hacia las normales rurales; el desprecio histórico por esas escuelas; la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales; la corrupción policial; la opacidad militar; la tortura como método de investigación; la debilidad de las fiscalías y la costumbre política de confundir una versión oficial con la verdad.

Pero importa, sobre todo, porque anticipó el país de las búsquedas.

Después de Iguala, miles de familias siguieron saliendo con varillas, palas, fotografías y botellas de agua a buscar a sus desaparecidos. México rebasó hace años los cien mil registros de personas desaparecidas y no localizadas. Ayotzinapa no fue el comienzo de esa tragedia ni es su único rostro, pero logró que el mundo mirara lo que el país llevaba demasiado tiempo evitando: aquí hay familias obligadas a hacer el trabajo que corresponde al Estado.

Yo pienso en los padres de los 43 y me pregunto cuántas veces se puede escuchar una promesa sin que la esperanza se convierta en cansancio. Han entrado a palacios, fiscalías, cuarteles y oficinas. Han hablado con presidentes y secretarios. Han recorrido montañas, basureros y barrancas. Han enterrado a algunos de sus compañeros de lucha sin haber enterrado a sus hijos. Su perseverancia es admirable, pero no deberíamos romantizarla: nadie tendría que volverse héroe para conseguir que el Estado busque a un hijo.

Doce años son casi toda la educación básica de una persona. En ese tiempo, un niño aprende a leer, termina la primaria, atraviesa la secundaria y llega a las puertas de la universidad. México, en cambio, no ha conseguido aprobar la lección más elemental de la justicia: preservar las pruebas, investigar sin tortura, proteger a los testigos, seguir todas las responsabilidades y decir la verdad aunque comprometa a los poderosos.

Cada 26 de septiembre aparecen de nuevo las fotografías. Se encienden 43 luces. Se escribe el número en las plazas. Se repite: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. La ceremonia es necesaria, pero insuficiente. La memoria no puede convertirse en un acto anual que tranquilice la conciencia y deje intacta la impunidad los otros 364 días.

Recordar exige abrir los archivos que falten, perseguir a quienes destruyeron u ocultaron pruebas, esclarecer la intervención de cada corporación y buscar a los estudiantes mientras exista una pista. Exige, además, cuidar el lenguaje: no dar por probado lo que apenas es una hipótesis ni llamar “avance” a cualquier movimiento del expediente. Las familias no necesitan otra narrativa tranquilizadora. Necesitan hechos comprobables.

Ayotzinapa tampoco pertenece a un solo gobierno. Ocurrió bajo uno, fue investigado por otro y continúa sin resolverse bajo un tercero. La responsabilidad política cambia de nombre, pero la obligación del Estado permanece. Ningún presidente puede declararse ajeno a una verdad que todavía no ha sido entregada.

Han pasado doce años y la pregunta sigue en pie.

Quizá ésa sea la acusación más contundente. No que México carezca de policías, fiscales, soldados, tecnología o archivos, sino que con todo ese poder acumulado todavía no ha sido capaz —o no ha tenido la voluntad suficiente— de decirles a 43 familias qué ocurrió con sus hijos.

La noche de Iguala no ha terminado porque para los padres todavía no ha amanecido.

Mientras uno solo de aquellos muchachos continúe sin ser localizado, Ayotzinapa no será una página cerrada de la historia.

Será la herida que el poder no ha podido ocultar, la deuda que ningún gobierno ha conseguido saldar y una pregunta que, doce años después, continúa caminando por México:

            ¿Dónde están?