Oswaldo Villaseñor 
El miércoles 30 de septiembre de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados se llenó (o más bien se vació en gran parte) para la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. Era el día de rendir cuentas sobre el Paquete Económico 2027 y la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre cifras de inflación al 3.4 %, recuperación del salario mínimo y promesas de mayor recaudación sin reforma fiscal profunda, irrumpió un momento de color local, de esos que solo entienden quienes cargan la tierra de Los Mochis en la sangre o en el corazón.
Mario Zamora Gastélum, diputado federal del PRI, economista nacido en Los Mochis, tomó la palabra. Frente a él no estaba solo el titular de las finanzas públicas del país: estaba “otro mochitense”. Édgar Amador Zamora nació en Monclova, Coahuila, pero creció y se formó en parte de su infancia en Los Mochis; se considera adoptado por la tierra de la caña, del maíz y del valle del Fuerte. Se auto define mochitense de tumba porque llegado el momento quiere sea enterrado junto a las tumbas de sus padres aquí en la ciudad cañera.
Mario no desperdició la oportunidad. Arrancó con la franqueza que se presume en el norte:
—Como buen sinaloense, no es nacido sinaloense, pero adoptado sinaloense. Vamos a hablar como hablamos los sinaloenses, de frente, con franqueza y siempre con mucho respeto.
Y soltó la frase que se quedó pegada en las crónicas locales:
“De cañero a cañero, cúmplale a su patria chica”.
No era un saludo de cortesía. Era un reclamo cargado de urgencia. Mario detalló el drama de Sinaloa: casi 4 mil muertes violentas, más de 4 mil personas privadas de la libertad, más de 27 mil empleos formales perdidos y un golpe económico superior a los 170 mil millones de pesos. Pidió fortalecer policías y fiscalías, recordando que el estado invierte por habitante aproximadamente la mitad de lo que destinan Coahuila o Chihuahua.
“Los mexicanos no queremos solo soldados de paso; queremos policías capacitados, fiscalías que investiguen y un Estado que responda”.
Pasó al campo: denunció el recorte del 48 % en recursos federales para sanidad e inocuidad agroalimentaria (de 241 a 125 millones de pesos) precisamente cuando el gusano barrenador amenaza. Señaló la pérdida de rentabilidad: producir una tonelada de maíz cuesta alrededor de 5 mil 600 pesos y se vende en unos 3 mil 900.
En infraestructura, el contraste fue demoledor: el presupuesto contempla más de 90 mil millones de pesos para trenes, pero para Sinaloa “ni un kilómetro de carretera nueva, ni un kilómetro de vía”. Puso el ejemplo de la carretera Topolobampo-Chihuahua: faltan 76 kilómetros, ya tiene proyecto ejecutivo y derecho de vía liberado.
—Secretario, ¿por qué no está? ¿Cuándo va a estar?
También exigió claridad sobre los recursos extraordinarios anunciados por el gobierno federal para Sinaloa: de cuánto serán, de qué partida saldrán y cuándo llegarán.
Cerró con una sentencia que resume el tono de todo el mensaje:
“Promesas, secretario, cualquiera las hace. Lo que los mexicanos y los sinaloenses queremos ver son realidades. Y la realidad de un gobierno está en su presupuesto.
No estamos pidiendo favores, secretario. Pedimos lo que nos corresponde: paz, trabajo y un campo que pueda volver a sembrar sin miedo”.
Así se encontraron, en el corazón del poder legislativo federal, dos hombres vinculados a la misma ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Uno desde la curul de oposición, el otro desde el banquillo del gabinete. Uno nacido en Los Mochis, el otro adoptado por esta ciudad. El diálogo no fue de hermanos de partido ni de amigos de infancia pública; fue de “cañero a cañero”, con la firmeza de quien sabe que la patria chica no perdona ni olvida fácilmente los pendientes.
En San Lázaro se habló de números nacionales. Ese día, por unos minutos, se habló también de Sinaloa en el lenguaje que solo entienden quienes saben lo que significa ser mochitense.

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